Los socios del PSOE exigen adelantar las elecciones ante los casos judiciales que acorralan al presidente del Gobierno, descartando apoyar una moción de censura.
Pedro Sánchez.
La estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa su momento más crítico.
Los últimos acontecimientos judiciales, marcados por el registro de la Unidad Central Operativa (UCO) en la sede de Ferraz por el 'caso Leire', la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, y otros siete casos vinculados al presidente, han provocado una fractura profunda entre el Ejecutivo y sus aliados parlamentarios.
Aunque los socios de investidura descartan de manera unánime apoyar una moción de censura, una corriente mayoritaria exige ya un adelanto electoral inmediato, advirtiendo de que la gobernabilidad de España se encuentra en una situación "insostenible".
Para comprender el origen de la desconfianza de los socios de investidura y la parálisis de la legislatura, es necesario desgranar el mapa de causas penales que sitúan al entorno del presidente del Gobierno, a la cúpula del PSOE y a la propia estructura del Estado en el foco de los tribunales:
'Caso Fiscal General' (Sentenciado): El primer hito de gravedad institucional de la democracia se cerró con la inhabilitación y condena de Álvaro García Ortiz. El Tribunal Supremo dictaminó una pena de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, al confirmarse que difundió datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, instrumentalizando la Fiscalía General del Estado en una operación política.
'Caso Hermanísimo' (En juicio): David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, afronta desde hoy el banquillo de los acusados junto a su asesor Luis Carrero y el exdirigente socialista Miguel Ángel Gallardo. Se investigan presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias por su contratación a dedo en la Diputación de Badajoz en 2017. La causa conecta con la actualidad porque el 'Caso Cloacas' revela maniobras para verter denuncias falsas contra la jueza instructora de este proceso, Beatriz Biedma.
'Caso Begoña' (Audiencia preliminar): La instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre los negocios privados de la esposa del presidente, Begoña Gómez, concluyó el pasado abril. Con una audiencia preliminar fijada para el 9 de junio, la causa investiga el presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Barrabés mediante cartas de recomendación dirigidas a Red.es. Están encausados la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el propio Barrabés. El auto de la Audiencia Nacional vincula la primera 'Carta a la Ciudadanía' de Sánchez con el origen de las maniobras de la fontanería socialista.
'Caso Plus Ultra' (En instrucción): Bajo la lupa de la UDEF se encuentra el rescate público de 53 millones de euros concedido por la SEPI a la aerolínea en 2021. La causa, que investiga organización criminal, blanqueo y falsedad, señala como presunto líder de la trama al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuesto tráfico de influencias, junto a su presunto testaferro 'Julito' Martínez y el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola. Zapatero declarará como investigado los días 17 y 18 de junio.
'Caso Mascarillas' (Visto para sentencia e instrucción): El núcleo central de las adjudicaciones irregulares de material sanitario en pandemia (el 'caso Koldo' o 'caso Ábalos') ya ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo para el exministro aforado José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Paralelamente, la Audiencia Nacional mantiene abierta una instrucción que salpica los contratos de la empresa Soluciones de Gestión con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias, comprometiendo a los expresidentes regionales Francina Armengol y Ángel Víctor Torres.
'Caso Financiación del PSOE' (En instrucción): Pieza separada de carácter secreto en la Audiencia Nacional derivada de las ramificaciones del 'caso Koldo'. La investigación, que cerca a José Luis Ábalos y al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, rastrea presuntos movimientos de dinero en efectivo dentro de la sede central de Ferraz que apuntan a una posible financiación ilegal del partido.
'Caso Transportes' (En instrucción): Otra rama derivada de la trama de las mascarillas centrada de forma específica en el amaño de contratos de obra pública del Ministerio de Transportes. La Audiencia Nacional mantiene imputados por el presunto cobro de mordidas a empresarios del sector y a la cúpula del ministerio de la etapa de Ábalos, incluyendo a Santos Cerdán, Koldo García, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras Javier Herrero.
'Caso Hidrocarburos' (En instrucción): Macrocausa en la Audiencia Nacional que indaga un fraude masivo del IVA en el sector de los carburantes orquestado por Claudio Rivas (propietario de Villafuel) y Víctor de Aldama. El nexo con el Ejecutivo radica en los intentos de la trama de comprar la influencia del exministro Ábalos para conseguir licencias de venta al por mayor, extendiéndose los rastreos a posibles contraprestaciones en los ministerios de Industria y Transición Ecológica.
'Caso Cloacas' (En instrucción): También denominado 'caso Fontanera' o 'caso Leire', motivó el reciente registro de la UCO en Ferraz. La Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid investigan una presunta trama criminal urdida desde el PSOE para torpedear y desacreditar las pesquisas de la Guardia Civil y Anticorrupción. El juez procede contra la exedil Leire Díez (colocada en Enusa y Correos), el exsecretario Santos Cerdán, la gerente Ana María Fuentes Pacheco, Gaspar Zarrías y el empresario Javier Pérez Dolset, manteniendo bajo sospecha a miembros del núcleo duro de Sánchez como Juan Manuel Serrano.
El malestar en el bloque que sustenta al Ejecutivo es generalizado, aunque las estrategias para afrontar la crisis difieren. Formaciones clave para la gobernabilidad como el PNV, Junts, Coalición Canaria y ERC coinciden en que la solución pasa por devolver la voz a la ciudadanía. Sin embargo, todos ellos cierran la puerta a una moción de censura instrumental promovida por el Partido Popular.
Desde Junts, su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y el diputado Josep Maria Cruset han confirmado que el PP no les ha sondeado para una censura y afirman que el PSOE actúa con "pánico" ante unos comicios. No obstante, descartan también una cuestión de confianza por considerar que el único mecanismo válido actual es la disolución de las Cortes.
Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha establecido una clara línea roja: una financiación ilegal del PSOE retiraría definitivamente su apoyo y exigiría elecciones para que la "gente decida".
En términos similares se ha pronunciado la líder de Podemos, Ione Belarra, quien califica el escenario de "absolutamente insostenible", pero rechaza de plano una moción de la derecha al asegurar que "la solución a la corrupción del PSOE no puede ser la corrupción del PP".
Una de las posiciones más contundentes ha sido la del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, quien ha afirmado de forma categórica desde Bilbao que "la legislatura ha llegado a su fin". Para los nacionalistas vascos, el "interés general" demanda de manera inequívoca la convocatoria de elecciones generales para este año 2026.
"No sirve que se diga que la Constitución dice que cuatro años es lo que dura una legislatura. El interés general demanda la convocatoria electoral este año. El presidente debería preguntarse si al negarse a ello no está actuando desde un interés partidista y particular", ha enfatizado Esteban.
El dirigente jeltzale sostiene que el Parlamento se encuentra en un "bloqueo absoluto", sin presupuestos ni viabilidad de sacar adelante proyectos de ley, todo ello agravado por una atmósfera dominada por los escándalos judiciales. Esteban ha pedido a Sánchez que sea responsable y que no actúe como "el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada", vaticinando además que en las próximas semanas "van a pasar más cosas".
En el propio seno del Gobierno de coalición el clima es de extrema tensión. Alberto Ibáñez, diputado de Compromís adscrito a Sumar, ha reconocido abiertamente que la confianza de los socios en el PSOE se encuentra "bajo mínimos" tras conocerse los detalles del auto del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ibáñez ha calificado de "muy sucias" las presuntas maniobras urdidas desde el aparato socialista para intentar frenar las investigaciones judiciales.
Aunque desde Compromís apuestan por la cautela y descartan de momento retirar el sostén parlamentario al no haber "otra cosa encima de la mesa", tanto Ibáñez como la diputada Àgueda Micó y la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, han exigido de forma unánime que Pedro Sánchez comparezca con urgencia en el Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones "contundentes".
La marejada política no solo golpea desde el exterior, sino que fractura al propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región, Emiliano García-Page, ha respondido con dureza a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez desde el Vaticano, donde el jefe del Ejecutivo ironizó con que un adelanto electoral solo beneficiaría al PSOE ampliando su mayoría gracias a las encuestas del CIS.
"El país está para cualquier cosa menos para bromas, conatos de ironía o intentos de humor", ha replicado García-Page en una entrevista en la Cadena COPE. El líder manchego ha tildado de "bomba de racimo" todo el material acumulado por la Guardia Civil y la Policía en los juzgados, y ha advertido de que "la estrategia del búnker siempre ha sido nefasta en la historia".
García-Page ha asegurado que existe una "grandísima mayoría que piensa en el PSOE cosas muy parecidas" a las suyas pero de forma discreta, y ha calificado de "notablemente injusto" que la dirección federal utilice a los alcaldes, presidentes autonómicos y cargos territoriales como un "muro de contención" ante los escándalos de la Moncloa de cara a futuras citas electorales.
A diferencia de otras causas judiciales que han afectado al entorno del Gobierno, en esta ocasión los socios parlamentarios marcan distancias con los argumentos de persecución judicial o lawfare que suele esgrimir el Ejecutivo.
Míriam Nogueras (Junts) ha recordado que, si bien su formación se considera víctima de maniobras judiciales en el pasado, en este caso los presuntos delitos vinculados al 'caso Leire' —que implica la imputación del exsecretario de Organización Santos Cerdán y de la gerente Ana María Fuentes— cuentan con "indicios claros" y "temas que existen". "No hay ningún invento en las pruebas que están saliendo", ha aseverado la portavoz independentista.
Desde las filas de Compromís, Àgueda Micó también ha descartado que el proceso responda a una campaña judicial, insistiendo en que el PSOE tiene la obligación de ser proactivo y detallar con total transparencia el alcance real de las investigaciones que salpican tanto a Ferraz como a la última campaña del PSC de Salvador Illa en las elecciones catalanas de 2024.