La Unidad Central Operativa de la Policía española busca rastros de financiación ilegal al PSOE en las oficinas de su sede en la calle Ferraz. Opositores, pero también oficialistas, debaten la posibilidad de un adelanto electoral.
Los investigadores de la Guardia Civil española registrando la sede del PSOE en Madrid, por los rastros de la presunta financiación ilegal del partido de gobierno.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española acudieron este miércoles a la sede central de la calle Ferraz, del gobernante Partido Socialista (PSOE) en Madrid para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido, han informado fuentes próximas a la investigación.
Se trata de una pieza secreta en la que el magistrado de la Audiencia Nacional española Ismael Moreno investiga los pagos en efectivo en el PSOE de 2017 a 2024 por la liquidación de gastos de sus dirigentes, empleados o cualquier persona relacionada con el partido, apuntaron las fuentes jurídicas.
Algunos de esos pagos como los percibidos por el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y su polémico asesor Koldo García, ambos en prisión provisional por un presunto caso de corrupción, podrían haber sido constitutivos de un delito de blanqueo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora recorriendo las oficinas de la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al llamado caso Leire que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, según han informado las fuentes cercanas a la investigación.
Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes. Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.
La situación política del presidente de España, Pedro Sánchez, se complica cada día por las investigaciones judiciales sobre hechos de corrupción que complican al Gobierno, sobre todo a partir de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien deberá declarar ante la Justicia entre el 16 y el 17 de junio próximos.
Rodríguez Zapatero está imputado por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, en relación a su actuación como lobista en casos como del rescate a la empresa Plus Ultra por 53 millones de euros.
Al expresidente se lo investiga por presuntas mordidas cercanas a los dos millones de euros.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles tras conocerse que la UCO está en la sede del PSOE en una investigación por financiación ilegal que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata".
A su llegada al Congreso, donde se desarrolla un feroz debate de los miércoles entre diputados del Gobierno y de la oposición, Núñez Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que "apesta".
"¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?", ha preguntado el líder del Partido Popular, en relación a los pedido de elecciones que atraviesan la política, desde el expresidente socialista, Felipe González, a algunos integrantes de la coalición oficialista.
En esa línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles de que si se demuestra que hubiera financiación ilegal del PSOE sería una "línea roja" para su formación y pedirían elecciones generales para que la "gente decida".
Rufián se ha pronunciado así, en declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, nada más conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra en la sede central del PSOE para recabar pruebas sobre presunta financiación ilegal del partido.
Rufián ha apuntado, no obstante, que estas investigaciones son largas y que se está en un momento en el que "no se sabe lo que es cierto".
Mientras tanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este miércoles al Vaticano para una audiencia con el Papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España y en plena polémica por los hechos de corrupción que arrinconan al gobierno socialista.
Sánchez llegó al patio de San Dámaso del Palacio Apostólico y fue recibido por el arzobispo bosnio Peter Rajic, nuevo prefecto de la Casa Pontificia y por los 'gentilhombres', que le acompañaron a la tercera logia donde se encuentra la biblioteca, lugar donde se celebran las reuniones con los jefes de Estado y Gobierno.
El Papa León XIV le recibirá en la Sala del Tronetto y después entrarán a la Biblioteca para la reunión privada.
Tras la reunión y después del tradicional momento del intercambio de regalos, el presidente del Gobierno mantendrá una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.
Sánchez y el Papa ya mantuvieron al inicio del actual pontificado una conversación telefónica en la que hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo, según informó el Vaticano.
Será la primera vez que mantengan una reunión, en la que hablarán de la visita que realizará León XIV a España del 6 al 12 de junio para protagonizar una serie de actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Al registro en las oficinas del PSOE en calle Ferraz de Madrid se suma a la imputación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha acordado imputar ha dado ese paso porque indaga, entre otras cosas, en si hubo pagos desde el PSOE a la presunta trama que buscaba información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad.
El requerimiento de documentación lo ha ordenado el juez de la AN por una pieza separada que instruye y que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, así como al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.
Pedraz ha ordenado que los agentes se personen igualmente en los domicilios de Cerdán y de Zarrías. Las diligencias también afectan al empresario Javier Pérez Dolset, al que también declara investigado.
Gaspar Zarrías, que fue vicepresidente andaluz, declaró en el marco de otra investigación en los Juzgados de Plaza de Castilla sobre la exmilitante socialista, que instruye Arturo Zamarriego, que contrató a Leire Díez para que investigase una supuesta implicación del comisario jubilado José Manuel Villarejo en la investigación de la trama de los ERE, por la que Zarrías fue juzgado. Según precisó, llegó a pagarle 4.000 euros mensuales durante cuatro meses por ello.
La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en un total de cinco operaciones bajo sospecha.
Los tres habrían formado parte de un grupo llamado 'Hirurok' dirigido a orientar "diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública", según consta en un auto del magistrado Antonio Piña, quien estaba de guardia el día que pasaron a disposición judicial.
Entre 2021 y 2023, Díez, Fernández y Alonso habrían actuado de manera coordinada con el objetivo "de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones" a través de "contratación y facturación mendaz", según la investigación.
En conjunto, habrían conseguido decisiones favorables a sus intereses desde distintas administraciones "y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas" y entidades vinculadas a la SEPI en un total de cinco operaciones que están siendo investigadas.
La UCO intervino material informático y dispositivos electrónicos durante un registro efectuado en el domicilio de Leire Díez. Posteriormente, el magistrado solicitó a la Guardia Civil que realizara un expurgo del mismo para preservar todo aquello que no tenía nada que ver con la causa.
