El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja de manera urgente en la puesta en marcha de un plan integral de choque, coordinado con la ciudad autónoma de Ceuta, con el objetivo de gestionar la situación tras la entrada masiva de personas migrantes a finales de julio. Dentro de esta estrategia integral, el Ejecutivo aborda como medida central el traslado a la Península de aproximadamente 500 niñas inmigrantes no acompañadas.
La articulación operativa de este plan se lleva a cabo sobre el terreno a través del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, quien se encuentra desplazado en Ceuta desde el pasado domingo trabajando en las labores de coordinación e interlocución institucional.
España va en contra de la postura de la UE
La articulación de este plan de traslado e intervención asistencial por parte del Ejecutivo español discurre de manera paralela a la postura oficial fijada por la Comisión Europea respecto a la gestión del episodio fronterizo vivido en Ceuta.
La posición del Gobierno contrasta con las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea sobre Asuntos Internos, Markus Lammer, quien afirmó el pasado martes que el "derecho de la Unión Europea contempla" las devoluciones de las personas que accedieron de forma irregular, amparándose en la Directiva de Retorno.
En este contexto, Bruselas ha respaldado que España proceda a la devolución de todos los inmigrantes que entraron ilegalmente en Ceuta, incluyendo a los menores de edad. "Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", recalcó el portavoz comunitario.
Plan integral de choque y medidas de acogida en Ceuta
Según han precisado fuentes del departamento que dirige la ministra Sira Rego, el plan global abarca diversas vías legales y administrativas. Entre ellas se contempla la articulación de un real decreto-ley para la acogida vinculante y solidaria por parte de la totalidad de las comunidades autónomas, así como el impulso del acogimiento familiar.
No obstante, con el fin de agilizar los procedimientos y dar una respuesta inmediata a la urgencia asistencial en la ciudad autónoma, el Ministerio está habilitando fórmulas complementarias de acogida rápida.
Mecanismos legales e intermediación de organizaciones de protección a la infancia
Entre las vías prioritarias contempladas en el plan de choque, Juventud e Infancia trabaja en un mecanismo que permitirá a organizaciones especializadas en la protección de la infancia asumir el desarrollo, la acogida y el cuidado de los perfiles identificados como más vulnerables —entre los que se sitúan las niñas— en recursos e instalaciones adaptadas dentro del territorio peninsular.
La clave jurídica de este procedimiento radica en que permitirá hacer efectiva la atención y la asistencia especializada en la Península sin necesidad de realizar la transferencia formal de la tutela a las comunidades autónomas receptoras.
Fuentes del Ministerio confirman que en este momento se trabaja en esta vía con carácter de urgencia para un número inicial estimado en 500 menores, si bien se precisa que dicha cifra puede experimentar variaciones a lo largo del proceso.
El PP criticó al Gobierno y expuso que "el interés del menor es estar con su familia".
El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha cuestionado el plan con el que trabaja el Ministerio de Infancia y Juventud y ha defendido que "el interés superior del menor es estar con su familia".
En una entrevista en 'Antena 3', Bravo ha defendido que el mejor lugar en el que pueden estar los menores es "en su entorno" y con su familia, y se ha respaldado en el aval de la Comisión Europea para el retorno de los menores que cruzaron la frontera ceutí.
También ha querido recordar las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en las que, a su juicio, habrían asegurado que los menores regresarían a su lugar de origen.
Por ello, Bravo ha cuestionado que el Gobierno esté velando por el interés superior del menor, como ha aseverado este miércoles la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, ya que "hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan".
"Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?", ha sustanciado el vicesecretario del PP.
Protestas policiales por las condiciones de trabajo y el colapso operativo
A la presión asistencial por la crisis migratoria se suma la vertiente sindical de los efectivos desplazados. Representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP) han denunciado una situación "límite" derivada del agotamiento y de las condiciones de alojamiento de al menos medio centenar de agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).
Según la denuncia sindical, parte de los funcionarios policiales están alojados en instalaciones militares antiguas que presentan deterioro, falta de ventilación adecuada, averías en las duchas y elevadas temperaturas. Las organizaciones han señalado que varios agentes han dormido en colchones en el suelo en habitaciones compartidas por hasta siete personas, disponiendo de un solo baño por planta para una treintena de efectivos.
Una de las habitaciones que comparten los agentes de Policía en Ceuta. | The Objective
Mientras que los sindicatos expresan su agradecimiento a la disposición del estamento militar, dirigen sus críticas al Ministerio del Interior, al que exigen una planificación adecuada de los alojamientos, la actualización de las dietas diarias por desplazamiento —congeladas en 77 euros desde hace dos décadas— y el abono de retribuciones extraordinarias por los excesos horarios.
Asimismo, desde la UFP han alertado de un "colapso operativo" en la Jefatura Superior de Ceuta, señalando que la plantilla afronta jornadas de entre 14 y 16 horas seguidas, la supresión de descansos y la denegación de permisos para sostener la presencia en la frontera, todo ello agravado por una "falta de interlocución" con el comisario jefe tras solicitar formalmente reuniones de trabajo.
