Este 28 de abril se cumple el primer aniversario del histórico apagón que paralizó la península Ibérica en 2025. Doce meses después, el escenario es dual: mientras la justicia y los reguladores intentan repartir culpas en una batalla legal millonaria, el sistema técnico se ha transformado bajo una "operación reforzada" para garantizar que un fallo de tensión multifactorial no vuelva a dejar a millones de ciudadanos a oscuras.
Sin un culpable claro: expedientes muy graves y vacío de responsabilidad
A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica y la Red Europea de Gestores (Entso-E) calificaron el evento como un problema "multifactorial", la CNMC ha pasado a la ofensiva. Justo antes del aniversario, ha iniciado 55 expedientes sancionadores: uno "muy grave" para Red Eléctrica de España (REE) y expedientes "graves" para las principales energéticas, incluyendo a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol, entre otras.
La CNMC ha sido tajante al constatar que el 28 de abril de 2025 se disponía de las herramientas normativas suficientes para haber evitado el apagón. Sin embargo, el cruce de acusaciones en las comisiones de investigación del Senado y el Congreso sugiere que la responsabilidad final se dirimirá en los tribunales, donde se decidirá quién asume la factura de los daños.
Cómo evitar que se repita: el nuevo blindaje del sistema
Para que la falta de responsables no se traduzca en una nueva vulnerabilidad, el sector ha impulsado cambios drásticos en la estabilidad del sistema:
-
Control dinámico de las renovables: Gracias a la revisión del procedimiento de operación 7.4, las plantas eólicas y fotovoltaicas ya pueden ayudar a controlar la tensión de la red. Aunque su despliegue es aún limitado (un centenar de instalaciones), es un paso clave para que el sistema del siglo XXI deje de operarse con herramientas del siglo XX.
El gas como seguro de vida: Red Eléctrica mantiene activada la "operación reforzada". Esto implica un uso mayor de los ciclos combinados de gas para aportar firmeza. Esta medida ha demostrado ser "insustituible", aunque ha disparado el coste de los servicios de ajuste hasta los 27,6 euros/MWh en marzo, encareciendo la factura mayorista.
Resiliencia y normativa: El Gobierno aprobó en noviembre un Real Decreto para fomentar el almacenamiento y la electrificación, buscando que la regulación "vaya por delante" de los fallos tecnológicos propios de la electrónica de potencia de las renovables.
El debate sobre la energía firme
El aniversario también ha consolidado el debate sobre el futuro de las centrales nucleares. Tras demostrar su estabilidad durante la crisis de 2025, voces como las de Foro Nuclear reclaman prolongar su vida útil, citando la reciente solicitud de prórroga para la central de Almaraz como una pieza necesaria para mantener la seguridad del suministro.
En definitiva, España afronta este primer aniversario con más dudas judiciales que certezas sobre la autoría del apagón, pero con un sistema eléctrico que, a costa de un mayor precio, hoy es más supervisado y resiliente que hace un año.
