Sánchez se apega al calendario pese a la solicitud de demorar el cierre. La planta extremeña de Almaraz, con Iberdrola como primer accionista, debe iniciar su apagado. Por qué convendría mantener los reactores nucleares.
Pedro Sánchez está enfrentado en esta pelea directamente con Ignacio Galván, el CEO de Iberdrola, como principal accionista de Almaraz, si bien Naturgy y Endesa también tienen participaciones.
Se niega a estirar la vida de una central nuclear en Extremadura -la primera que debe cerrar según el cronograma estipulado- pero garantiza a sus socios separatistas catalanes que sus tres plantas seguirán encendidas.
La cuenta regresiva para el comienzo del desmantelamiento de Almaraz el 1 de noviembre ya comenzó. Son dos reactores, Almaraz I y II, que se apagarán definitivamente en 2027 y 2028.
Iberdrola, la principal accionista, junto con Naturgy y Endesa, busca extender ese cronograma. Hasta ahora, sin ningún eco.
Y mantiene, además, una pulseada tensa con el presidente que hasta ahora también se niega a concederle un respiro en materia impositiva. El sector argumenta que la carga de impuestos hace prácticamente inviable el negocio (ver aparte).
Aún así, las empresas decidieron avanzar y aceleran una solicitud formal para la prórroga del cierre.
La lógica es que las cosas podrían darse vuelta si el Partido Popular llega al poder, abierto a reconsiderar el futuro de la energía nuclear en España.
Mientras la tensión por Almaraz se acrecentaba, Sánchez acordó que Cataluña prolongue el funcionamiento de sus centrales más allá del calendario pautado en 2019.
Las tres plantas catalanas —Ascó I, Ascó II y Vandellòs II—, en las que Endesa es la jugadora de más peso, generan alrededor del 60% de la electricidad de la región y son claves para su economía.
Si bien Sánchez se resiste a aligerar la carga de impuestos de las plantas nucleares, las que salieron a ofrecer su apoyo a las eléctricas que manejan Almaraz fueron las autonomías.
Tanto la Generalitat Valenciana como la Junta de Extremadura se han comprometido a eliminar y reducir a la mitad la ecotasa regional (un impuesto que se cobra por cuestiones ambientales) si se aprueba la prórroga.
La reacción a nivel local es comprensible.
La planta provee hasta 5.000 empleos directos e indirectos en una región amenazada por la despoblación y con una de las economías más castigadas a nivel nacional.
Las dos comunidades hoy están gobernadas por el Partido Popular, pero fueron demandas de Vox, aliado necesario para aprobar sus Presupuestos.
El cierre de Almaraz puede debilitar aún más al PSOE de Extremadura, que perdió el Gobierno regional en 2023. Pero hasta ahora ése no parece haber sido un factor que entre en la ecuación que maneja el sanchismo.
Cataluña garantiza la estabilidad parlamentaria hasta el final de la legislatura.
Mientras, las eléctricas advierten que, en verdad, no se está cuidando al ciudadano como pregona Sánchez al no bajar impuestos.
El consumidor saldrá perdiendo. Terminará pagando más porque lo que no aporta la energía nuclear, lo hará el gas.
La carga fiscal para las plantas nucleares se disparó 70% en los últimos cinco años y entre 2025 y 2035 supondrá más de un 40% de sus costes totales, según PwC. A su vez, es la más elevada del sector en Europa, de acuerdo a un informe de Ernest & Young (2025).
Existen dos impuestos que las eléctricas consideran discriminatorios y que reclaman que el Gobierno elimine o rebaje.
- La tasa a Enresa: las eléctricas deben contribuir al financiamiento del cierre gradual de sus propias centrales nucleares, además de la gestión de los desechos que generan.
Enresa es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, también responsable de llevar adelante el desmantelamiento progresivo de las centrales nucleares.
De llegar a conseguir la prórroga, no obstante, al menos evitarían un aumento de esta carga, ya que el tributo aumenta al disminuir los megavatios producidos.
- El impuesto sobre el combustible gastado: es una tasa que se instauró en 2013 para contener el déficit de tarifa (cuando el precio de la electricidad que pagan los consumidores no alcanza a cubrir el costo total de proveerla) Las eléctricas proyectan que esto podría corregirse por completo en 2028, por lo que el impuesto podría retirarse si Almaraz continúa a partir de 2027.
La energía nuclear no es lo que era.
No sólo cambió el contexto geopolítico y, por ende, su potencial aporte al combo energético español sino su connotación y percepción a nivel global.
El calendario pactado en España se remonta a 2019. Es pre-ucraniano.
La invasión rusa sacudió a los mercados de gas en todo el mundo y el efecto perdura tres años después.
Reducir el uso de energía nuclear supone activar más ciclos combinados que operan con gas.
Esto acarrea un doble efecto no deseado: por un lado, un mayor costo ya que el gas es más caro y por el otro, más contaminación, dado que es una tecnología fósil que emite carbono.
Además, la mayor dependencia del gas por el desplazamiento de la energía nuclear llega en un momento que no era posible anticipar en 2019. O sí, pero nadie pensó a tan largo plazo sobre las inversiones que requeriría el sistema eléctrico español.
El apagón de fines de abril de este año ya obligó a privilegiar el gas en detrimento de las distintas tecnologías renovables que explotaron en los últimos años en el país.
La red eléctrica no puede soportar la sobrecarga de los picos de producción de las energías verdes, que hacen colapsar el sistema.
Mientras el sector trabaja para resolver el problema con soluciones de almacenamiento, las plantas nucleares se encargan de recordar que son capaces de ofrecer lo que las renovables aún no pueden.
Las centrales garantizan el suministro eléctrico las 24 horas todos los días del año y representan una fuente estable, no dependiente de factores meteorológicos externos.
Estos son los principales accionistas de los siete reactores que se apagarán entre 2027 y 2035 según el calendario de cierres fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) aprobado por el Ejecutivo en 2021.
- Almaraz I (2027) Extremadura / Iberdrola,52,7%, Endesa,36%, Naturgy, 11%
- Almaraz II (2028) Extremadura / Iberdrola,52,7%, Endesa,36%, Naturgy, 11%
- Cofrentes (2030) Valencia / Iberdrola, 100%
- Ascó I (2030) Cataluña / Endesa, 100%
- Ascó II (2032) Cataluña / Endesa, 85%, Iberdrola, 15%
- Vandellòs II (2035) Cataluña / Endesa, 72%, Iberdrola, 28%
- Trillo (2035) Guadalajara / Iberdrola, 49%, Naturgy, 34,5%, Edp, 15,5%, Endesa, 1%
España también cuenta con una fábrica de combustible nuclear (Salamanca) y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad (Córdoba).
Otro punto en la lista de argumento de las nucleares es que apurarse a apagarlas es contrario a la necesidad de reforzar la autonomía energética. España hoy compra gas y otros hidrocarburos a países como Rusia (en retroceso) y Estados Unidos, entre otros.
También es cierto que es esperable que la demanda se dispare con fuerza en el mercado español.
Muchos dicen que los proyectos están pero no se activan porque saben que la red no está en condiciones de manejar la cantidad de energía que necesitan.
Es el caso, en especial, de los centros de datos, que miran a España con interés, en la medida en que se afianza como hub tecnológico. Cerrar el parque nuclear con ese horizonte puede ser miope, señalan.
Por último, el estigma de la energía nuclear se fue desvaneciendo en el último tiempo. Ligada en el imaginario colectivo a espantosos accidentes y negligentes fallas de seguridad, aún persiste una enorme resistencia.
Pero la tecnología nuclear logró, por ejemplo, que la Comisión Europea la declarara una energía limpia y libre de emisiones en 2022, lo que ayudó a mejorar sus credenciales sociales.
Mientras tanto, en Europa la mayoría de los países está apostando de nuevo por la energía nuclear y en muchos casos dando marcha atrás o retrasando planes de cierre.
La excepción es Alemania que apagó sus últimas plantas en 2023.
Francia, en el otro extremo, el mayor productor de energía nuclear de la Unión Europea (UE), piensa construir al menos seis reactores esta década.
En 2023, 22 países, entre ellos 12 de la UE, firmaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP) un compromiso para triplicar su capacidad nuclear de cara al año 2050.
Eso sí, el sanchismo está sentando precedente. No hay registro de cierre selectivo por regiones.