El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aceptado el pedido Junts de debatir una proposición no de ley que solicita que se someta a una cuestión de confianza.
Este acuerdo ha permitido al Ejecutivo avanzar en la aprobación del decreto 'ómnibus', que incluye medidas como ayudas a los afectados por la DANA, la revalorización de las pensiones, ayudas al transporte y la moratoria de desahucios para personas vulnerables. La proposición no de ley presentada por Junts no es vinculante.
Junts ha anunciado este martes un acuerdo con el PSOE para aprobar el "decreto social" que quedó encallado la semana pasada, a cambio de que el Congreso tramite la proposición no de ley que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza.
Sin embargo, esa tramitación no implica que finalmente Sánchez se someta a ese debate en el Congreso, cuya convocatoria corresponde únicamente al jefe del Ejecutivo.
Para que la confianza sea otorgada, se requiere una mayoría simple en la votación. Si no se obtiene dicha confianza, el presidente debe presentar su dimisión, y se inicia un proceso para la designación de un nuevo jefe del Ejecutivo.
Es importante destacar que la proposición "no de ley" presentada por Junts no es vinculante y que la prerrogativa de plantear una cuestión de confianza corresponde exclusivamente al presidente del Gobierno. Por lo tanto, el debate de esta proposición podría nio tener consecuencias directas sobre la continuidad del Ejecutivo.
PREVISTA EN LA CONSTITUCIÓN
La cuestión de confianza es un mecanismo recogido en el artículo 112 de la Constitución Española, que permite al presidente del Gobierno presentar ante el Congreso de los Diputados una solicitud para confirmar su respaldo.
LOS ANTECEDENTES
Históricamente, la cuestión de confianza se ha planteado en dos ocasiones desde la aprobación de la Constitución de 1978:
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Adolfo Suárez (1980): Buscó respaldo para un programa de austeridad económica y el desarrollo del Estado de las autonomías. Obtuvo la confianza del Congreso con 168 votos a favor, 164 en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias.
Felipe González (1990): Solicitó una "especial política de diálogo" para impulsar una economía competitiva en el marco de la UE, fortalecer la política exterior y avanzar en el desarrollo autonómico. Logró el apoyo de la Cámara con 176 votos favorables, 130 en contra, 37 abstenciones y tres ausencias.
