El Gobierno de España con Pedro Sánchez al frente sopesa la medida excepcional de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas ante el anuncio de Junts, Partido Popular y Vox de votar en contra de los dos decretos leyes en materia de vivienda.
Las normativas, aprobadas el pasado martes por el Consejo de Ministros, afrontan la votación de convalidación este viernes 2 de octubre en el Congreso de los Diputados sin los apoyos necesarios.
A pesar de que el Ejecutivo había logrado el martes garantías suficientes de que Junts respaldaría el decreto principal —que contempla la protección frente a desahucios e incluye incentivos fiscales negociados para propietarios e inquilinos—, la formación independentista decidió por unanimidad en sus órganos directivos votar en contra. La condición expuesta por la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para presentar alternativas pasa por que el Gobierno retire los decretos. Sin embargo, la coalición ha descartado esta opción bajo el criterio de que "España no puede esperar más" y ha ratificado que dejará que PP, Vox y Junts "se retratasen" en la votación.
Desde las filas del Partido Socialista, fuentes internas y miembros del Gobierno señalan que la celebración de comicios generales es casi segura si la Cámara Baja tumba las medidas.
De forma explícita, fuentes socialistas confirman que la opción del adelanto alcanza una probabilidad del "99%". Asimismo, desde el socio de coalición, Sumar, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que la formación está "preparada" para un escenario electoral que plantea como "un referéndum sobre la vivienda".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha calificado de "incomprensible" la postura de Junts, matizando que agotarán las negociaciones "hasta el último minuto".
Yolanda Díaz sitúa la vivienda como prioridad absoluta y apela a la discreción sobre el adelanto electoral
En medio de las especulaciones sobre la disolución de las Cortes, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado pronunciarse abiertamente sobre la posibilidad de convocar comicios anticipados en declaraciones a la Cadena SER. Díaz ha recalcado que la decisión sobre un adelanto "le corresponde al presidente del Gobierno" y ha subrayado que mantendrá una "discreción absoluta" sobre las conversaciones privadas mantenidas con Pedro Sánchez.
Al ser cuestionada de forma directa sobre la oportunidad de la cita electoral, la vicepresidenta ha fijado la postura de su espacio político señalando que la prioridad inmediata de España debe ser "arreglar el problema fundamental que tiene nuestro país, que es la vivienda".
Respecto a la posición contraria de Partido Popular, Vox y Junts en la Cámara Baja, Díaz ha advertido de las consecuencias sociales que tendrá la caída de los textos legales, asegurando que las formaciones que rechazan la medida "no están golpeando al Gobierno", sino a cinco millones de personas que no pueden afrontar el pago del alquiler.
La titular de Trabajo ha calificado la situación de "gravísima" y ha recordado que el fracaso parlamentario de los decretos expondrá a la ciudadanía a incrementos del precio del alquiler de entre un 20% y un 50%, además de dejar sin protección a 75.000 personas con lanzamientos paralizados que corren el riesgo de ser desahuciadas. Por último, la ministra ha insistido en que "las tres derechas van a golpear a los jóvenes, a las mujeres, a las personas que menos tienen", llamando a los grupos parlamentarios a retratarse públicamente ante el principal problema social que afronta la nación.
Calendario y plazos legales ante un posible adelanto electoral
De confirmarse el escenario barajado por el equipo del presidente Pedro Sánchez, la fecha con mayor probabilidad para las elecciones generales es el próximo domingo 29 de noviembre de 2026. En caso de no producirse un anuncio inmediato tras la sesión parlamentaria, otra alternativa en análisis situaría los comicios en la semana posterior, el domingo 6 de diciembre, coincidiendo con el día de la Constitución.
El marco legal que rige el procedimiento electoral está determinado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En concreto, su artículo 42 establece que los decretos de convocatoria deben señalar la fecha de las elecciones para el día quincuagésimo cuarto (54) posterior a su entrada en vigor, la cual se efectúa de forma inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Para fijar la jornada electoral en el 29 de noviembre, el cronograma oficial de plazos de la LOREG se estructuraría de la siguiente manera:
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Viernes 2 de octubre: Posible anuncio público de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones generales. Si el anuncio no se realiza este viernes, la firma y expedición del decreto tendría lugar como fecha límite el lunes 5 de octubre.
Martes 6 de octubre: Publicación oficial del decreto de disolución y convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrada en vigor. A partir de este día se inicia el cómputo de los 54 días fijados por ley.
Miércoles 7 de octubre: Constitución formal de las juntas electorales provinciales y de zona conforme a la normativa vigente.
Del 21 al 26 de octubre: Plazo de presentación de candidaturas electorales.
Viernes 13 de noviembre: Inicio oficial de la campaña electoral a las 00:00 horas, con una duración legal de 15 días.
Sábado 28 de noviembre: Jornada de reflexión.
Domingo 29 de noviembre: Celebración de las elecciones generales.