Las consecuencias del devastador doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio continúan agravándose. Según el último balance oficial ofrecido este miércoles por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el número de ciudadanos españoles fallecidos a causa del desastre se ha elevado a 36, tras confirmarse un nuevo deceso en las últimas horas. Asimismo, las autoridades diplomáticas sitúan en 138 el número de desaparecidos —dos menos que en el reporte previo— y concentran toda la atención en 11 ciudadanos españoles que han sido localizados con vida bajo las estructuras colapsadas, donde los equipos de rescate centran actualmente sus máximos esfuerzos.
Desde el Ejecutivo español se ha recordado que todas las líneas de emergencia consular permanecen abiertas y operativas de forma ininterrumpida. Estas vías de contacto se pueden consultar en los canales oficiales y redes sociales tanto del Ministerio como de la Embajada de España en Caracas, solicitando encarecidamente a los residentes y transeúntes españoles en el país caribeño que hagan uso de ellas ante cualquier necesidad.
Efectos del terremoto en Venezuela y balance global de víctimas
A nivel global, la magnitud de la tragedia adquiere dimensiones históricas. El balance total de víctimas mortales en territorio venezolano ha ascendido a un mínimo de 3.685 personas, después de registrarse 150 nuevos fallecimientos en la última jornada. Por su parte, la cifra de heridos se estabiliza en 16.740 personas, mientras que los ciudadanos rescatados con vida suman un total de 6.462, un indicador que se mantiene inalterado desde el pasado jueves.
La situación de habitabilidad es crítica en la zona norte del país. De acuerdo con los datos recopilados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, un total de 17.907 personas se han quedado sin vivienda (53 más respecto al lunes), provocado por la afectación de 856 edificios y el colapso total de otras 190 estructuras. Para dar cobijo a la población damnificada, las autoridades han habilitado un total de 87 campamentos transitorios donde actualmente permanecen alojadas 14.634 personas. El drama social se acentúa con el reporte del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), que advierte que unas 36.700 mujeres afectadas se encuentran embarazadas, de las cuales cerca de 4.000 darán a luz durante el próximo mes en el marco de esta grave emergencia humanitaria.
En cuanto a otras comunidades extranjeras afectadas, el Gobierno de Portugal ha confirmado que la cifra de ciudadanos portugueses fallecidos asciende a 100 —de los cuales 18 eran menores de edad— mientras que 59 permanecen en paradero desconocido. Por su parte, el Ejecutivo de Perú informó que localizó a salvo en su vivienda de La Guaira a cinco integrantes de una familia peruana que inicialmente se consideraba desaparecida.
Ante la falta de actualización de los datos oficiales de desaparecidos por parte del Ejecutivo venezolano —que se mantiene estancado en 157 personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio—, la iniciativa ciudadana 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' ha registrado ya más de 30.000 reportes de personas cuyo paradero actual no ha podido ser confirmado.
Ayuda humanitaria y despliegue de rescate
Para mitigar los efectos de las 1.076 réplicas que se han sucedido desde el sismo principal —incluyendo una decena de movimientos sísmicos registrados por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) en las últimas 24 horas con magnitudes comprendidas entre 2,6 y 4—, se mantiene un despliegue masivo de seguridad. Un contingente de 29.567 efectivos del Ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado trabaja conjuntamente con 28.362 voluntarios registrados, entre los que destaca un grupo especial de 200 mineros enfocados en la recuperación de cuerpos y búsqueda bajo los escombros.
Inmersos en la cooperación internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formulado una petición formal de asistencia a "países sísmicos" de la región y del mundo, tales como Japón, Perú y Chile, con el objetivo de atraer especialistas que evalúen qué estructuras e infraestructuras requieren ajustes técnicos de ingeniería. En paralelo, una delegación de Israel se ha reunido con Rodríguez para coordinar de forma conjunta las fases de un plan de remoción de desechos en el estado costero de La Guaira (norte), la región más devastada. El volumen de escombros en dicha entidad se estima en 1.025.000 toneladas, de las cuales unas 900.000 corresponden a bloques de concreto y acero de estructuras colapsadas, y el resto a bienes y enseres de familias damnificadas.
La llegada de insumos médicos y logísticos continúa activa a nivel global: un avión procedente de la Cancillería de China aterrizó con un primer lote de 80 toneladas de asistencia, mientras que el Gobierno francés envió 44 toneladas. Haití, por su parte, anunció la partida de una misión médica integrada por 31 profesionales de la salud y especialistas. Incluso Ecuador, país con el que Venezuela mantiene rotas las relaciones diplomáticas desde el año 2024, tiene desplegados a sus funcionarios prestando asistencia humanitaria sobre el terreno. Por su parte, la ONU, a través del portavoz Stéphane Dujarric, ratificó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para el país incrementó su presupuesto total a 300 millones de dólares (frente a los 115 millones asignados antes del siniestro). El Gobierno de Estados Unidos calificó su propia provisión de ayuda como "confiable y rápida", anticipando el paso de sus operativos de la fase de búsqueda y rescate a la de recuperación.
Piden levantar sanciones de Estados Unidos
El desastre natural ha reavivado con fuerza el debate político y financiero internacional. Un bloque de 113 economistas y académicos ha suscrito una carta dirigida directamente al Gobierno de los Estados Unidos solicitando el levantamiento inmediato de las sanciones económicas que pesan sobre la nación sudamericana. Los firmantes también extendieron su reclamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de facilitar el acceso prioritario de Venezuela a los mecanismos de financiamiento internacional habilitados para emergencias.
La petición sectorial exige la retirada de las restricciones que pesan sobre el Banco Central de Venezuela, la empresa petrolera estatal PDVSA y diversas instituciones públicas. El colectivo técnico argumenta que las sanciones vigentes "no solo son contraproducentes, sino que impiden que los recursos necesarios lleguen a quienes más los necesitan", bloqueando la ejecución efectiva de los fondos internacionales destinados a la respuesta humanitaria de urgencia y la posterior reconstrucción de las zonas afectadas.
Cambios políticos y denuncias en las cárceles
En el marco de la gestión de la crisis, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) ha tomado un rol activo con la llegada al país de su secretario general adjunto, Tom Fletcher, para desarrollar una agenda de trabajo de cuatro días. Fletcher ya se ha reunido con Delcy Rodríguez y mantendrá encuentros con equipos de primera línea, rescatistas y damnificados, además de intervenir este miércoles desde Caracas en una sesión informativa virtual de nivel ministerial ante los Estados miembros de la ONU para desgranar los próximos pasos de la asistencia.
No obstante, la catástrofe convive con tensiones internas. Familiares de presos políticos realizaron una vigilia frente a las dependencias de la Embajada de Estados Unidos en Caracas en memoria de las víctimas de los sismos, oportunidad en la que denunciaron formalmente el "abandono" institucional que sufren los detenidos en la zona norte del país. Según relataron, existe una severa desmejora en las raciones alimenticias y una falta absoluta de mantenimiento y reparación en las estructuras de los recintos carcelarios dañados por los terremotos, sobre los cuales el Ejecutivo venezolano aún no ha emitido ningún balance oficial.
Finalmente, en plena emergencia, la presidenta encargada ha ejecutado una profunda reestructuración en puestos estratégicos de empresas del Estado y ministerios. Rodríguez nombró a José David Cabello —hermano del líder chavista Diosdado Cabello— como nuevo presidente de la corporación estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), desplazándolo de la superintendencia del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) tras 18 años de gestión, lugar que ahora ocupará Román Maniglia. Estos cambios se suman a la designación realizada el pasado domingo del ingeniero Francisco Garcés como nuevo ministro de Transporte en sustitución de Jacqueline Faría, a quien la mandataria ha ordenado conducir en exclusiva los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura civil damnificadas.
