La tensión política e institucional escala en la capital tras las protestas iniciadas el pasado sábado a raíz de la manifestación contra el desahucio de Maricarmen. La Comunidad de Madrid ha lanzado un ultimátum a la Delegación del Gobierno para que ordene el desmantelamiento inmediato de la acampada por el derecho a la vivienda situada en pleno centro madrileño. Si el próximo jueves el espacio público no ha sido liberado, el Ejecutivo autonomico llevará el caso a los tribunales, sin descartar la vía penal contra el propio delegado del Gobierno.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, ha reprochado duramente la inacción del Ministerio del Interior y de la Delegación, asegurando que "la impunidad, la ilegalidad y el desorden no pueden seguir campando a sus anchas en la Puerta del Sol".
Un retén permanente en Sol frente a las políticas de especulación
En la Puerta del Sol permanecen de forma permanente y rotatoria unas 600 personas, quienes combinan la permanencia en el campamento con sus obligaciones laborales o universitarias. La protesta busca presionar a las administraciones para exigir la implantación de medidas efectivas contra la especulación inmobiliaria y defender que la vivienda deje de ser tratada como un bien de mercado.
Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido la disolución "de inmediato" del campamento, argumentando que no resulta legítimo que esta acción altere la convivencia de la ciudadanía. Tras anunciar un acuerdo con la empresa Urbagestión para que Maricarmen continúe en su vivienda —remarcando que el Ayuntamiento "siempre está en la solución"—, el regidor ha propuesto con tono irónico a los manifestantes que trasladen su protesta al Palacio de la Moncloa.
Decretos del Gobierno central para frenar los desahucios y renovar alquileres
La presión social ejercida desde Sol ha coincidido con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de dos decretos urgentes promovidos por PSOE y Sumar. El paquete legislativo contempla la renovación automática de los contratos de arrendamiento, la prohibición de los desahucios y la restricción de operaciones de compra a fondos buitre.
Pese a que las medidas recogen parte de las demandas del movimiento por la vivienda, los portavoces de la acampada mantienen la protesta activa. Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha valorado el avance como "una victoria del poder popular", aunque ha supeditado cualquier retirada a la revisión detallada de la norma: "Estamos a la espera del texto concreto, es en la letra pequeña donde siempre nos han colado beneficiar a los rentistas", ha puntualizado.
El Ejecutivo madrileño denuncia que las medidas "equivalen a expropiar"
Las decisiones del Ejecutivo central han encontrado una frontal oposición en las filas de la Comunidad de Madrid. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García, ha recordado que el presidente Pedro Sánchez carece de mayoría parlamentaria holgada y ha criticado la falta de iniciativas en materia habitacional durante los últimos años.
A estas críticas se ha sumado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha calificado el mensaje del Gobierno hacia los arrendadores de desincentivador, asegurando que estas restricciones "equivalen a expropiar" la vivienda a los propietarios. Según Albert, "los fondos buitre no son el problema", sino la acuciante falta de oferta en el mercado inmobiliario. Desde la consejería autonómica se defiende que la solución pasa por ofrecer mayores facilidades a los pequeños ahorradores, incentivar la construcción de nuevos inmuebles y ampliar de forma efectiva el parque de pisos en alquiler.