Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) y a su equipo por supuestamente armar una "red de influencias" que impulsó cambios legislativos para favorecer a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente.
El titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Según el auto, la investigación, que comenzó en 2018, reveló que hasta en dos ocasiones empresas gasistas contrataron a Equipo Económico para que hiciese uso de su "red de influencias" con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones, como por ejemplo para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El juez apunta a la existencia de una organización "en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico".
"Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización", remarcó el texto judicial.
Cobrar por reformas legislativas 'a demanda'
El juez considera que Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 y ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas, hizo supuestamente "uso de las potestades" que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".
"El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público", apunta el juez.
El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos "a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".
El pago de "importantes desembolsos"
En la causa, que el juez había mantenido en secreto hasta ahora, permanecen investigados varios altos cargos del ministerio encabezado por Montoro, como el entonces secretario de Estado de Hacienda Miguel Ferré, la subsecretaria de estado de presupuestos Pilar Platero, el subsecretario de Hacienda Felipe Martínez, y el director general de Tributos Diego Martín-Abril, entre otros.
También están investigadas las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) -Air Liquide, Abello, Messer, Praxair (Nipon Gases), Sociedad Española de Carburos Metálicos-, que, según el juez, "habrían aceptado abonar" a Equipo Económico "el precio solicitado por la organización investigada" para obtener las reformas en los impuestos.
El juez detalla que AFGIM y las empresas que lo conforman acudieron sin éxito a varias consultarías para conseguir una legislación favorable, ya que se encontraron con la negativa de la administración a introducir las reformas que pretendían.
Ante ello, acudieron a Equipo Económico, que "sin causa aparente", logró que las reformas legislativas se desarrollaran "atendiendo a las peticiones de AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos".
El juez detalló que desde 2013 algunas empresas del sector gasista intentaron sin éxito conseguir una modificación legislativa para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, optando por vías como una enmienda presentada por el grupo parlamentario del PP o dirigiendo una carta al secretario de Estado de Hacienda.
"La vía más directa"
Tras no obtener las reformas pretendidas, la AFGIM decidió cambiar de estrategia y decidió contratar a EE, como se acredita en uno de los e-mails intervenidos en la causa: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este EE que tiene contacto directo con el Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".
"Todo cambia tras la intervención de EE, que en un escaso periodo de tiempo y mediante precio, logra para las empresas gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían", subrayó el juez.
Con estas reformas, se modificó el criterio que hasta entonces había mantenido el secretario de Estado de Hacienda para justificar la negativa a las pretensiones de las gasísticas, según el texto judicial revelado este miércoles.
FUENTE: EFE
