El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha sentado este lunes en el banquillo del Tribunal Supremo, acusado de un presunto delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de información confidencial que afectaba a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de la primera vez en la historia democrática que un jefe del Ministerio Público es juzgado mientras permanece en el cargo.
Durante su declaración, García Ortiz ha negado tajantemente ser responsable de los hechos que se le imputan. A la pregunta del magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, sobre si se consideraba autor de los delitos, el fiscal general respondió con un rotundo “No”.
Las acusaciones reclaman hasta seis años de prisión, doce de inhabilitación y una indemnización superior a 400.000 euros. La defensa de García Ortiz, representada por abogados del Estado, sostiene que la publicación de la nota de prensa de la Fiscalía, al día siguiente de la presunta filtración, se ajustó a los principios de transparencia institucional.
El juicio, que ha generado una enorme expectación mediática —con más de 200 periodistas acreditados de 59 medios—, se prolongará previsiblemente hasta el 13 de noviembre.
En la primera jornada han comenzado a declarar los testigos clave. Entre ellos, Julián Salto, fiscal encargado de investigar a González Amador, quien remitió a García Ortiz los correos electrónicos en el centro de la controversia; Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid; y Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, quien ya declaró en instrucción que preguntó directamente al fiscal general si él había sido el autor de la filtración, a lo que este habría respondido: “Eso no importa ahora”.
La causa también incluye las declaraciones de los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía de Madrid, llamados a esclarecer cómo se gestó la nota de prensa emitida el 14 de marzo de 2024, origen del caso.
García Ortiz llegó al Supremo a las 9:40 horas en su coche oficial, recibido por aplausos de varios fiscales que acudieron a mostrarle su apoyo. Optó por no hacer declaraciones ante los medios antes de entrar al edificio.
Álvaro García Ortiz
Fiscal general del Estado. Acusado de filtrar un correo confidencial a la prensa para defender la imagen del Ministerio Público. Se enfrenta a hasta seis años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Alberto González Amador
Empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es el denunciante y principal afectado por la supuesta filtración. Pide indemnización por daños morales y penas de cárcel para el fiscal general.
Carlos Neira
Abogado defensor de González Amador. Envío el correo del 2 de febrero de 2024 ofreciendo un pacto con la Fiscalía. Declaró que lo hizo sin autorización expresa de su cliente.
Julián Salto
Fiscal de delitos económicos de Madrid. Recibió y respondió al correo de Neira. Enviado por sus superiores, reenvió la cadena de correos que terminó en manos del fiscal general.
Pilar Rodríguez
Jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid. Inicialmente imputada, fue exonerada por actuar bajo obligación jerárquica. Autorizó la nota de prensa que desmintió la versión de El Mundo.
Diego Villafañe
Teniente fiscal de la Secretaría Técnica. Recopiló información del caso por orden directa de García Ortiz. Exonerado al no hallarse indicios de participación en la filtración.
Miguel Ángel Rodríguez
Jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Recibió el correo del 12 de marzo que indicaba que no había “obstáculo” para pactar. Admitió haber compartido esa información con periodistas.
Consuelo Castro y José Ignacio Ocio
Abogados del Estado que ejercen la defensa de García Ortiz. Castro fue jefa de la Abogacía del Estado y tuvo un rol clave en el juicio del procés.
María Ángeles Sánchez Conde y Javier Montero
Fiscales que respaldan la defensa del fiscal general. Sánchez Conde es la número dos de la Fiscalía; Montero llevó el caso cuando pasó por el TSJM.
Gabriel Ramos
Abogado de González Amador. Representa la acusación particular, que exige prisión, inhabilitación, multa e indemnización contra García Ortiz.
Integradas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Manos Limpias, y la alianza Foro Libertad y Alternativa-Vox-Hazte Oír. Todas solicitan penas de prisión y sanciones económicas.