"Desde el Gobierno no tenemos ninguna prisa". Ese es el mensaje que llega claro desde La Moncloa.
Mientras el presidente de España, Pedro Sánchez, pasa sus criticadas vacaciones en Marruecos, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones, insiste en la estrategia del PSOE de bajar la presión de las negociaciones para la investidura y la conformación de la Mesa del Congreso.
Al menos en público. Pero al mismo tiempo manda un mensaje a los partidos con "posiciones maximalistas", un guiño a los catalanes ERC y Juntos, que han elevado el tono de las exigencias para negociar con Pedro Sánchez en sus reclamaciones relacionadas con el referéndum de autodeterminación o la amnistía para los implicados en el proceso catalán.
"No se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos", ha zanjado Bolaños, sin aludir directamente a los partidos independentistas.
El mensaje está dirigido a ERC y a Juntos porque el resto de socios de la hipotética investidura de Sánchez se han mostrado más posibilistas, como ha ocurrido con los vascos pro ETA de EH Bildu o el Partido Nacionalista Vasco.
Los catalanes de Esquerra comenzaron con un perfil más bajo, pero, ante el conflicto iniciado por los de Carles Puigdemont, se ha subido al tren y han abandonado el pragmatismo.
Bolaños es el negociador designado por el líder socialista desde el día posterior a las elecciones generales del 23 de julio, en un mano a mano con María Jesús Montero. Y su consigna pasa por mantener la "discreción" para que las conversaciones lleguen a buen puerto.
La cuenta atrás es cada vez más corta, ya que la conformación de la Mesa será el 17 de agosto, cuando se inaugura la legislatura con la apertura de las Cortes.
"Nos jugamos mucho como país", ha insistido Bolaños en esa maniobra que busca dejar el peso de un posible fracaso de las negociaciones en los partidos minoritarios.
Lo que ocurra ese día será una radiografía certera del estado de las negociaciones, ya que el PSOE apuesta por ser benevolente con ERC y Juntos para allanarse el camino de la investidura.
Entre las ofertas encima de la mesa está el apoyo para que ambos partidos tengan grupo propio en el Congreso, lo que les daría más margen de maniobra en el día a día parlamentario. Y más recursos económicos.
"Cualquier acuerdo debe ser un punto de equilibrio donde todos nos sintamos cómodos", ha dichoBolaños en una visita a las obras del AVE que unirá Murcia con Almería en 2026.
Los límites son "la ley y la constitución", ha remarcado Bolaños para dejar claros los límites que tiene hoy por hoy el PSOE.
Los socialistas han lanzado el globo sonda de la reforma de la financiación autonómica, lo que ha provocado el rechazo del Partido Popular a pesar de que los barones que reciben menos recursos del Estado por el actual modelo son ya todos populares: el andaluz Juanma Moreno, el murciano Fernando López Miras y el valenciano Carlos Mazón.
El ministro de la Presidencia en funciones no ha abundado mucho en cómo pretende usar el PSOE la financiación como elemento de la negociación y se ha centrado en recordar que "todas las comunidades han recibido más recursos" en los últimos cinco años que en los cinco años previos, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.
Esto es cierto, pero hay que tener en cuenta que en estos años ha habido varios fondos extraordinarios como respuesta al covid. En el Ministerio de Hacienda, insisten precisamente en esta idea y contraponen la gestión que hizo el actual Ejecutivo de la crisis económica derivada de la pandemia y la que hizo el anterior en la gran recesión.
"Estas son las cuentas y lo demás son cuentos", ha dicho Bolaños, que ha eludido pronunciarse sobre si este modelo de financiación se pactará de forma "bilateral" con los partidos catalanes.
Hay que recordar que el actual sistema salió precisamente de un acuerdo del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero con ERC en tiempos del gobierno tripartito en Cataluña. Y que estos acuerdos entre los distintos gobiernos centrales y los nacionalistas catalanes son casi la norma desde los tiempos de Felipe González.
Para reformar el sistema de reparto de fondos entre las regiones hay que aprobar una ley y también pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), pero es cierto que el Gobierno que salga del 23-J (salvo repetición electoral) siempre tendrá mayoría para aplicar lo que decida.
La propuesta del Partido Socialista Catalán de la quita de deuda a Cataluña, una comunidad con un elevado porcentaje de deuda al Estado, suena bien para sus vecinos.
La Comunidad Valenciana también debe gran parte de su pasivo a la Administración central después de acogerse durante años al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), creado por el Gobierno de Mariano Rajoy al calor de la crisis financiera de la pasada década.
Pero los populares insisten en su desconfianza del Gobierno y reiteran que no puede haber diferencias entre comunidades. El responsable económico de Génova, Juan Bravo, ha insistido en esta idea en los últimos días.