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La Audiencia de Girona ha condenado con contundencia a los tres mossos d'esquadra de la comisaría de Santa Coloma de Farners, Girona, que fueron juzgados por robar marihuana del depósito de las dependencias policiales para revenderla a organizaciones criminales con las que estaban compinchados.

Las penas por el caso de corrupción más grave de la historia de la policía catalana superan los diez años para el que el tribunal sitúa como líder del grupo, el cabo Salva Muntané, condenado a diez años, nueve meses y un día de prisión.

En cuanto a los otros dos policías, Joan Francesc Pozo, ha sido condenado a diez años y un día; y Òscar Hernández a nueve años, nueve meses y 16 días.

El traficante Albert Borrell que colaboraba con ellos ha sido condenado a dos años, mientras que su mujer ha quedado absuelta

Delitos contra la salud pública

La sentencia condena a los tres mossos por los delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, hurto continuado y falsedad en documento oficial.

Prácticamente todos los delitos por los que acusaba el fiscal Enrique Barata, que aún sin ser el delegado de salud pública en Girona, solicitó a sus superiores encargase del caso durante una instrucción especialmente compleja.

La sentencia será recurrida

Durante el juicio, los tres se declararon inocentes y de hecho, la sentencia, que no es firme, será recurrida por sus respectivos letrados. Su defensa se basó en dar versiones alternativas, que el tribunal no se ha creído, para explicar las principales pruebas incriminatorias que había en su contra y que no eran pocas.

Material gráfico, grabaciones telefónicas, revelaciones recogidas en los micrófonos que se colocaron en el vehículo policial y los seguimientos que realizó la la Divisió d’Afers Interns (DAI) de los Mossos d'Esquadra.

Aunque han sido condenados por unos hechos del 2020, el delator que denunció el caso de corrupción en la policía y por el cual se inició la investigación aseguró que el cabo ya le propuso este “trapicheo” en el 2006.

FUENTE: El Observador

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Girona marihuana sentencia salud pública

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