Esta medida busca proteger a los arrendadores que alquilan sus viviendas a colectivos vulnerables, como jóvenes o familias en situación de riesgo.
El Gobierno de España anunció que aprobará, el martes próximo, un nuevo real decreto con el objetivo de ofrecer compensaciones a los propietarios afectados por los impagos de alquiler.
Esta medida busca proteger a los arrendadores que alquilan sus viviendas a colectivos vulnerables, como jóvenes o familias en situación de riesgo.
La ayuda se enmarca dentro de las políticas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y tiene como objetivo estabilizar el mercado del alquiler, aliviando a los propietarios que sufren las consecuencias de la falta de pago por parte de sus inquilinos.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, confirmó la noticia. “Se trata de dar garantías y sobre todo evitar esos discursos que alimentan el miedo”, declaró la ministra en declaraciones a medios tomadas por Europa Press.
La medida consiste en garantías públicas para los propietarios que alquilan viviendas a jóvenes o familias vulnerables y que se ven afectados por el impago de las rentas.
En estos casos, el Gobierno intervendría para cubrir parte de la deuda generada por el impago, lo que ayudaría a los propietarios a mantener sus viviendas en alquiler sin sufrir pérdidas económicas.
Este mecanismo de compensación actuaría como un colchón de protección para los arrendadores y permitiría, en teoría, un acceso más amplio a viviendas de alquiler, especialmente en zonas donde la demanda es elevada y los precios son altos.
El plan también está orientado a aquellas viviendas situadas en mercados tensionados, donde la oferta de alquiler es baja y la demanda, alta. Este tipo de áreas son especialmente sensibles a los impagos debido a la presión sobre los precios del alquiler.
El real decreto que se aprobará esta semana establece que el Gobierno se hará cargo de los impagos en situaciones específicas. El objetivo es garantizar el ingreso del propietario ante un incumplimiento por parte del inquilino. En estos casos, la compensación cubriría el alquiler impago durante un período determinado y el propietario no tendría que asumir la deuda directamente.
Sin embargo, esta medida no implicaría que el Gobierno perdone la deuda del inquilino. En lugar de ello, la administración pública reclamará el monto adeudado al inquilino, una vez que se haya producido la compensación a los propietarios. De este modo, se busca que los arrendadores no pierdan dinero y que los inquilinos continúen siendo responsables de los pagos atrasados.
El nuevo sistema de ayudas beneficiará principalmente a propietarios particulares que alquilan viviendas a jóvenes menores de 35 años o a familias vulnerables, que son los colectivos más afectados por los impagos debido a su situación económica. Asimismo, la medida está diseñada para beneficiar a aquellos arrendadores que operan en mercados de alquiler tensados, donde la competencia por viviendas es alta y la disponibilidad es baja.
Por tanto, las ayudas están orientadas a garantizar la oferta de viviendas de alquiler asequibles, al tiempo que proporcionan una red de seguridad a los arrendadores, incentivando así la oferta en el mercado sin generar un riesgo financiero adicional.
El principal objetivo de la medida es reducir la incertidumbre que sienten muchos propietarios, especialmente aquellos que alquilan a colectivos vulnerables. Al garantizar los ingresos de los arrendadores frente a los impagos, se espera que los propietarios se sientan más seguros al alquilar sus viviendas, lo que podría aumentar la oferta de alquileres asequibles en zonas con alta demanda.
Esta medida también busca evitar que los arrendadores recurran a subidas de alquiler excesivas o a retirar viviendas del mercado, lo que podría aumentar aún más las dificultades para los inquilinos.
FUENTE: Europa Press