Los Veintisiete han dado este lunes su respaldo a la propuesta de prohibir las importaciones de gas procedente de Rusia a partir del 1 de enero de 2026, una medida que forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea por reducir su dependencia energética del país euroasiático en el contexto de las tensiones geopolíticas actuales.
La propuesta, impulsada por la Comisión Europea y apoyada por todos los Estados miembro salvo Hungría y Eslovaquia, contempla una prohibición progresiva y legalmente vinculante tanto del gas ruso por gasoducto como del gas natural licuado (GNL). El veto será total a partir del 1 de enero de 2028.
En el marco del reglamento, los operadores energéticos podrán alegar motivos de "fuerza mayor" para rescindir contratos con empresas rusas, facilitando así la desvinculación de los compromisos vigentes.
Aunque se establece una fecha clave en 2026, el texto recoge excepciones temporales. Los contratos a corto plazo podrán mantenerse hasta el 17 de junio de 2026, y los de largo plazo hasta el 1 de enero de 2027, siempre que hayan sido firmados antes de junio de este año y no hayan sido modificados posteriormente.
Durante el periodo transitorio, las importaciones de gas ruso estarán sujetas a estrictos requisitos de autorización previa. La información para estas autorizaciones deberá presentarse al menos un mes antes de la entrada del gas al territorio comunitario. En el caso de cargamentos mixtos de GNL, solo se permitirá la entrada de la proporción no rusa del gas, siempre que se justifique documentalmente.
Además, se exigirán planes nacionales de diversificación energética a los Estados miembro, salvo a aquellos que puedan demostrar que ya no reciben gas ruso, ni directa ni indirectamente.
Menos requisitos para importar gas no ruso
Los Veintisiete también han acordado simplificar los procedimientos para la importación de gas no ruso y reforzar el intercambio de información entre autoridades nacionales, la Agencia de la UE para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) y la Comisión Europea.
Este mandato permitirá ahora a la presidencia danesa del Consejo iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo para cerrar el texto final del reglamento. El documento prevé, además, una revisión de su aplicación a los dos años de su entrada en vigor, incluyendo la evaluación de las medidas adoptadas y posibles ajustes en caso de perturbaciones graves en la seguridad del suministro.
FUENTE: El Observador
