Hacienda replica al bufete británico que le acusó de 'robar' a los beneficiarios de la Ley Beckham.
La firma anglosajona Ámsterdam & Partners acusa a la Agencia Tributaria de abusar de los contribuyentes acogidos a la 'Ley Beckham' mientras sondea presentar una demanda colectiva.
El bufete anglosajón Amsterdam & Partners, responsable de varias campañas internacionales de publicidad tachando a la Agencia Tributaria española de "carterista fiscal", desembarcó ayer -por un día- en Madrid acusando a Hacienda de "perseguir a los acogidos a la Ley Beckham" y sondeando a potenciales afectados sobre la posibilidad de impulsar acciones legales como una demanda colectiva.
En una inédita batalla contra el Fisco español, que tiene visos legales pero que de momento es mediática, el despacho denunció "violaciones sistémicas del Estado de Derecho por parte de la autoridad fiscal", que la agencia Tributaria niega tajantemente.
"Nunca imaginé la necesidad de venir aquí, a España, para hablar conjuntamente de Derechos Humanos e impuestos", aseveró el fundador del bufete, Robert Amsterdam, que, con maneras de alegato final, clamó ante la prensa que "este caso ya no trata simplemente de la Ley Beckham, trata de dignidad humana y de que la impunidad de Hacienda debe terminar".
El despacho ha fichado a Christopher Wales, que fue asesor fiscal de los primeros ministros británicos Tony Blair y Gordon Brown, para elaborar un informe sobre las malas prácticas de la Agencia Tributaria que fue publicado ayer bajo el título Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham.
El documento sostiene que al aplicar el ventajoso régimen fiscal para trabajadores impatriados, la Agencia Tributaria tiende una "trampa fiscal", cometiendo "abusos grotescos" como inspecciones de última hora cuando los beneficiarios abandonan España; acusaciones "sin fundamento" o "reclamaciones falsas de deudas inexistentes", alimentados por el sistema de incentivos a los inspectores fiscales y el "miedo", dice, de los bufetes legales nacionales a actuar contra Hacienda.
La Agencia Tributaria desmiente estas acusaciones y recuerda que de los 37.000 beneficiarios en la última década tan solo ha inspeccionado al 0,5%, unos 185 casos de los que el 70% se han resuelto por acuerdo y solo el 30% han acabado en recursos.
JUANDE PORTILLO
FUENTE: EXPANSIÓN - RIPE