Un tribunal chino ha condenado este jueves a cadena perpetua al fundador del gigante inmobiliario Evergrande, Xu Jiayin, tras hallarlo culpable de una serie de delitos de extrema gravedad que incluyen "fraude financiero a gran escala" y sobornos. La resolución judicial impone asimismo una sanción económica multimillonaria al grupo corporativo, superando los 2.000 millones de dólares de multa. Con esta sentencia se cierra formalmente la vía penal de la mayor saga financiera del país, sellando el colapso del que fuera el gran símbolo de la vertiginosa urbanización china y principal rostro de la persistente crisis que atraviesa el sector inmobiliario de la segunda economía mundial.

Sentencia judicial a Xu Jiayin: los cargos de fraude financiero y corrupción

El fallo emitido por el tribunal de Shenzhen, en el sur de China, ha resultado especialmente severo con Xu Jiayin (también conocido como Hui Ka Yan), magnate de 67 años que llegó a figurar entre las personas más ricas del gigante asiático y que integró el máximo órgano asesor político del Partido Comunista Chino. La resolución condena a Xu a pena de prisión perpetua, decreta la revocación total e indefinida de sus derechos políticos de por vida y ordena la confiscación íntegra de todos sus bienes personales.

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Esta sentencia definitiva llega después de que el pasado mes de abril el fundador del grupo se declarase culpable de los cargos de fraude y soborno durante una audiencia pública. De acuerdo con el dictamen de la corte, entre 2016 y 2021, Evergrande y Xu "violaron las leyes nacionales al cometer fraude financiero continuo y a gran escala para inflar sus activos y ocultar pasivos". Asimismo, el tribunal determinó que los imputados "obtuvieron el control de instituciones financieras" mediante el pago de sobornos sistemáticos.

El procedimiento judicial ha alcanzado a la cúpula directiva y operativa de la corporación. Otros cinco altos ejecutivos del grupo inmobiliario han recibido penas que oscilan entre los 6 y los 18 años de cárcel, mientras que el tribunal impuso condenas de entre un año y diez meses de prisión a otros 56 acusados vinculados a la trama.

De la cima al colapso: la quiebra y liquidación de Evergrande

El ascenso y caída de Evergrande refleja las luces y sombras del desarrollo económico chino de las últimas décadas. La compañía emergió y se consolidó como el principal promotor inmobiliario del país, impulsada por un proceso sostenido de rápida urbanización y por el aumento paulatino del nivel de vida de la población.

En el año 2009, la firma dio el salto bursátil al cotizar en la Bolsa de Hong Kong. Bajo el liderazgo de Xu, Evergrande alcanzó una valoración máxima de mercado superior a los 50.000 millones de dólares. Sin embargo, el modelo de negocio basado en un endeudamiento agresivo colapsó en 2020, fecha en la que las autoridades chinas introdujeron nuevas normas regulatorias destinadas a frenar el apalancamiento excesivo en el sector de la construcción.

Incapaz de seguir endeudándose y golpeada por un flujo de caja decreciente debido al desplome de las ventas, la empresa sufrió para culminar sus proyectos residenciales mientras sus títulos en bolsa se hundían. Como reflejo definitivo de su colapso, Evergrande se declaró en quiebra en 2021. Tres años más tarde, en enero de este año, un tribunal de Hong Kong ordenó la liquidación judicial del grupo, mientras que en agosto las acciones de la compañía fueron excluidas definitivamente de la cotización bursátil.

El impacto en la economía china y la desaceleración del PIB

Pese a que el capítulo penal queda zanjado con la condena a Xu Jiayin, las repercusiones macroeconómicas del desplome inmobiliario continúan presionando de forma severa a los dirigentes de Pekín. El mercado de la vivienda constituyó durante décadas uno de los motores primordiales del PIB chino, por lo que su prolongada parálisis afecta de lleno al conjunto de la economía nacional.

"Evergrande contribuyó a que el problema fuera más estructural (...) y puso de manifiesto la debilidad del sistema", señala Alicia García Herrero, economista jefe de Natixis para Asia-Pacífico.

El colapso financiero de Evergrande y la posterior espiral de deudas que salpicó a otras firmas de envergadura como Country Garden, Vanke y Kaisa han minado profundamente la confianza de los consumidores. Ante la incertidumbre de que las viviendas adquiridas nunca lleguen a construirse, la demanda compradora se ha paralizado. Esta desconfianza estructural coincide con un momento en que numerosos analistas e instituciones recomiendan virar el modelo económico chino hacia el consumo interno, reduciendo la dependencia histórica respecto a las inversiones en infraestructura y bienes raíces.

La contracción de la demanda responde a múltiples factores interconectados. Según analiza García Herrero, existen "muchísimas razones" detrás de esta apatía, destacando fundamentalmente el estancamiento del poder adquisitivo de las familias y el incipiente declive demográfico del país. Los datos oficiales más recientes confirman la tendencia: la caída en los precios de las viviendas nuevas experimentó una aceleración durante el mes de julio.

Postura de Pekín: política de no rescate y metas de crecimiento

Ante la gravedad del escenario, el gobierno central busca contener los fallos estructurales del sector mientras intenta minimizar su impacto en la narrativa económica interna. No obstante, la firmeza del fallo judicial lanza un mensaje inequívoco sobre el rumbo fijado por la dirección política.

La condena a Evergrande es "una señal decisiva de que el gobierno central no ha cambiado el rumbo de su política y de que no rescatará al sector inmobiliario", sostiene Dan Wang, directora para China de Eurasia Group. La analista añade que la contundencia de la sentencia envía un aviso urgente y tajante al resto del tejido empresarial corporativo para que cobran conciencia del nivel de endeudamiento que asumen en sus operaciones.

Paralelamente, Pekín afronta el reto de reimpulsar una economía sometida a una persistente desaceleración. Para el presente ejercicio fiscal, China fijó un objetivo de crecimiento del PIB de entre el 4,5% y el 5%, la meta más moderada en varias décadas. Sin embargo, los indicadores macroeconómicos más recientes reflejan dificultades para alcanzarla: el ritmo de crecimiento en el segundo trimestre descendió por debajo de dicho rango, las ventas minoristas registraron caídas en julio y la inversión en el sector inmobiliario acumuló un recorte de una quinta parte hasta el séptimo mes del año.

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