Como son los mecanismos de estas dos autocracias globales para explotar las fragilidades institucionales, el antinorteamericanismo y los espacios académicos. Y el objetivo de corroer los consensos de la democracia liberal que amenaza, sobre todo, a regiones como América Latina.
Vladimir Putin y Xi Jinping, líderes autocráticos de Rusia y China.
Por Constanza Mazzina (*)
Durante las últimas décadas, el debate geopolítico global se cimentó sobre la premisa de que las democracias occidentales, a través de la apertura económica y el compromiso diplomático, lograrían influir en la liberalización de los regímenes autoritarios.
Sin embargo, el panorama actual demuestra lo contrario.
El mundo ha entrado en un nuevo periodo de «impunidad autocrática», un ecosistema global permisivo donde potencias como China y Rusia ya no se limitan a defender sus fronteras, sino que desafían los límites internacionales para moldear el orden global a la medida de sus intereses.
Un exhaustivo informe publicado por el National Endowment for Democracy (NED), titulado «Testing the Limits: China and Russia’s Authoritarian Influence at Scale in a New Period of Impunity», lanza una alerta crítica: el peligro actual ya no reside únicamente en crisis democráticas aisladas o regionales, sino en la erosión simultánea de los diques políticos, tecnológicos y normativos que antes contenían el poder de los autócratas.
Aprovechando un contexto de pasividad y permisividad internacional, Pekín y Moscú operan a gran escala, utilizando las libertades de las sociedades abiertas para debilitarlas desde sus cimientos.
De acuerdo con la investigación del NED, los regímenes autoritarios enfrentan hoy menos costos políticos y económicos por sus violaciones a las normas internacionales. Esta falta de rendición de cuentas ha cimentado el camino para una expansión sin precedentes de la «represión transnacional».
Lo que antes eran operaciones encubiertas y excepcionales, hoy son prácticas normalizadas: la persecución de disidentes en suelo extranjero, el espionaje masivo a ciudadanos fuera de sus fronteras y el silenciamiento de críticas en universidades u organismos internacionales.
El informe destaca que los vacíos legales en los sistemas democráticos han pasado de ser vulnerabilidades teóricas a convertirse en amenazas directas.
Los autócratas han aprendido a utilizar las propias leyes de las democracias en su beneficio (una estrategia conocida como lawfare o guerra jurídica), recurriendo a bufetes de abogados occidentales para acallar a periodistas de investigación, empleando asistencia paramilitar y cooptando instituciones de seguridad locales para blindar sus redes de influencia.
El estudio del NED analiza por separado las metodologías de ambas potencias, mostrando cómo sus estrategias de Sharp Power —diseñadas para perforar e infiltrar el entorno informativo y político de otros países— se adaptan a sus fortalezas particulares.
En el caso de Rusia, la estrategia evoluciona mediante herramientas ciberofensivas avanzadas, financiamiento opaco de partidos disruptivos y una creciente vinculación con el crimen organizado transnacional.
Por su parte, la República Popular China despliega una estrategia de penetración profunda y de largo plazo respaldada por su enorme músculo financiero y tecnológico.
En lugar de buscar la desestabilización inmediata, Pekín apuesta por la subordinación estructural a través de la cooptación de élites, la exportación de tecnología de vigilancia y una constante captura normativa en organismos multilaterales para reemplazar los derechos humanos universales por nociones de soberanía absoluta.
Como señala Lynette H. Ong en su ensayo publicado en el Journal of Democracy en julio de 2026, How the CCP Outsources Surveillance, la eficacia del control social y de la censura en línea en China no surge únicamente de la capacidad burocrática del partido-estado, sino de su habilidad para cooptar las fuerzas del mercado.
Lo que en sus orígenes se conoció informalmente como el "ejército de los cincuenta centavos" ha madurado hasta convertirse en una industria lucrativa que mueve cientos de millones de dólares anuales. El régimen externaliza la vigilancia digital a empresas privadas, filiales comerciales de medios estatales e incluso universidades para detectar palabras sensibles, inundar las plataformas con propaganda y reprimir el disenso con una precisión técnica de la que el Estado carece por sí solo.
Esta alianza entre el capital privado y el autoritarismo permite modular el descontento de forma preventiva, sofocando "incidentes masivos en línea" antes de que escalen a las calles y dejando en evidencia que, mientras la colaboración resulte rentable para las empresas, la sociedad civil hallará enormes dificultades para encontrar contrapesos frente a esta represión digital mejorada por el mercado.
La libertad global está retrocediendo a pasos agigantados tal como muestran los índices de prestigio como VDem o Freedom House.
La realidad de América Latina es hoy indisociable de este fenómeno geopolítico. Con la reelección sin abstenciones del presidente Xi Jinping, Beijing proyecta una estabilidad interna implacable que contrasta con la fragmentación democrática occidental. Junto a su conocido poder blando, el llamado Soft Power, opera con fuerza creciente el denominado Sharp Power.
El impacto de esta estrategia se ve nítidamente reflejado en las métricas globales: según el China Index de Doublethink Lab, Argentina escaló al puesto 15 sobre 101 países evaluados, evidenciando una influencia multidimensional que penetra en la política interna, exterior y tecnológica.
Es precisamente en el ámbito intelectual donde este poder despliega sus estrategias más sofisticadas.
Si bien la presencia material de Rusia en la academia regional es acotada —lejos de la red de Institutos Confucio que financia el PC Chino—, la afinidad ideológica iliberal de numerosos académicos con las narrativas euroasiáticas es alarmante.
Esta penetración silenciosa tiene un correlato empírico incontrastable: el China Index registra que el nivel de influencia de Beijing en el ámbito académico argentino alcanza un preocupante 50%.
Dato Clave: a través de alianzas con centros de investigación, intercambios patrocinados y programas lingüísticos, se construyen andamios ideológicos destinados a adormecer la mirada crítica hacia los regímenes autoritarios, atestiguando una «ambigüedad calculada» ante hechos como la invasión a Ucrania o la censura al ejercicio de libertades en Hong Kong y Shanghai.
Hemos atestiguado una peligrosa condescendencia cultural que justifica el autoritarismo bajo el argumento de que responden a «otra tradición».
De este modo, la academia se ha convertido paradójicamente en un agente de normalización autocrática.
Nuestros recurrentes déficits institucionales no son una creación directa de Beijing o Moscú; sin embargo, estas potencias instrumentalizan con maestría las afinidades ideológicas preexistentes.
El arraigado antinorteamericanismo latinoamericano, de profunda matriz intelectual, es el vector perfecto sobre el que se estructuran estas complicidades.
Siguiendo lógicas populistas, los sectores autoritarios articulan demandas y descontentos sociales ofreciendo una falsa premisa: que el republicanismo y el libre mercado son la raíz de todos los males.
La contraola autoritaria, que evoca los retrocesos vividos desde las «democracias delegativas» hasta el auge neopopulista, exige una respuesta urgente. Las democracias retroceden e incluso se degradan en las naciones que históricamente fueron sus baluartes.
La buena noticia es que quienes defendemos la libertad individual y las instituciones republicanas somos más de los que creemos, aunque actualmente nos encontremos fragmentados y dispersos.
La profunda crisis que atraviesan los consensos iliberales abre una ventana histórica para la audacia intelectual.
Es momento de abandonar el repliegue, denunciar la injerencia externa en nuestras universidades y reconstruir, sin temores y en libertad, un proyecto democrático sólido para nuestra región.
(*) La Doctora Constanza Mazzina es Directora de la Licenciatura en Ciencias Políticas de UCEMA
