19 de septiembre de 2026 14:55 hs

Los arrestos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos alcanzaron un nivel récord en los últimos tres meses, sin embargo, este incremento no se tradujo en un aumento proporcional de las deportaciones. Aunque la administración de Donald Trump presiona para cumplir sus metas de deportación masiva, una serie de limitaciones legales y logísticas continúa frenando ese objetivo.

Impulsadas por una mayor cooperación de las fuerzas del orden locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el uso extendido de tecnología de rastreo y un intercambio de datos más eficiente entre agencias federales, las detenciones de inmigrantes aumentaron a casi 51.000 en agosto.

Con este resultado, la cifra marcó un récord por tercer mes consecutivo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), superando las 50.208 detenciones de julio y las 43.900 registradas en junio.

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En contraste, el volumen de deportaciones se mantuvo prácticamente estable, con un promedio cercano a las 1.200 diarias. Se trata de un nivel similar al registrado en mayo, período en el que la cantidad de personas bajo custodia era sensiblemente menor, con unas 19.000 detenciones menos en el cómputo mensual, según estadísticas del Deportation Data Project.

Existen dos factores que parecen explicar este fenómeno. Por un lado, el perfil de los detenidos, ya que un porcentaje significativo contaba con solicitudes de asilo u otros recursos legales pendientes, lo que impide su expulsión inmediata a menos que firmen una salida voluntaria renunciando a sus derechos. Por otro lado, el proceso enfrenta severos cuellos de botella logísticos debido a la falta de vuelos de repatriación disponibles y a las restricciones impuestas por los países receptores.

Los perfiles de los detenidos

Una de las cuestiones claves tiene que ver con los perfiles de los detenidos. Los datos recopilados por el Deportation Data Project mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información mostraron que entre los detenidos se encuentra un número creciente de personas sin antecedentes penales y sin órdenes de deportación.

Desde septiembre de 2025, la cantidad de personas detenidas sin cargos penales superó a la de quienes tenían condenas o procesos pendientes. La administración Trump sigue afirmando que se centra en los delincuentes más peligrosos, pero en julio de este año, solo el 27% de los arrestados contaba con una condena previa, la otra parte de los detenidos correspondía a infracciones civiles vinculadas con el estatus migratorio. Esa cifra era de casi el 60% en diciembre de 2024, el mes anterior a que Trump asumiera el cargo por segunda vez.

Entre las personas más fáciles de encontrar se encuentran quienes compartieron su información personal con el gobierno estadounidense con la esperanza de obtener un estatus legal. Esto incluye a inmigrantes patrocinados por familiares que son ciudadanos estadounidenses para obtener la residencia permanente, solicitantes de asilo y más de un millón de personas a quienes se les revocó su estatus legal temporal durante el segundo mandato de Trump.

Gran parte de estos inmigrantes mantiene procesos judiciales activos para permanecer en EEUU, lo que dificulta y dilata su deportación.

La presión por conseguir más arrestos

Si bien las redadas desplegadas a nivel nacional durante el verano no alcanzaron la visibilidad mediática de las operaciones anteriores en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, su alcance fue sensiblemente más extendido. Según funcionarios citados por Reuters, los agentes de inmigración están bajo una presión creciente por parte de la Casa Blanca para alcanzar la meta de 3.000 arrestos por día.

"Por la presente, se ordena a los agentes del ICE... que hagan todo lo que esté a su alcance para lograr el importantísimo objetivo de llevar a cabo el mayor programa de deportación masiva de la historia", declaró Trump en una publicación en su red social Truth Social en junio.

En los aeropuertos, el ICE detuvo a personas que habían permanecido en el país más tiempo del permitido por sus visas, incluso si posteriormente solicitaron asilo o se casaron con un ciudadano estadounidense y tenían una vía para obtener la residencia legal.

Según la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), más de 1.200 personas fueron arrestadas por ICE tras recibir información de la TSA hasta principios de junio.

El DHS sostuvo que más de tres millones de personas indocumentadas abandonaron EEUU desde el regreso de la administración del republicano y señaló el uso de incentivos para la autodeportación.

No hay suficientes aviones

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Incluso cuando las personas cumplen con los requisitos legales para ser deportadas, la logística resulta compleja: exige articular acuerdos con los países receptores y gestionar traslados a través de una extensa red de centros de detención.

La disponibilidad real de aviones representa históricamente uno de los principales cuellos de botella del sistema. Si bien la administración Trump firmó un acuerdo el año pasado para adquirir seis Boeing 737 destinados a vuelos de repatriación, las unidades continúan bajo inspección de la FAA y aún no han entrado en operaciones, según reveló una fuente vinculada al asunto a Reuters.

A esto se suma que los aviones de la flota actual despegan con frecuencia sin completar su capacidad. Exfuncionarios atribuyen esta ineficiencia a fallas logísticas, trabas legales o límites fijados por los gobiernos receptores sobre la cantidad de deportados que aceptan recibir.

De acuerdo con la organización Human Rights First, vuelos recientes de repatriación hacia la ciudad haitiana de Cabo Haitiano transportaron apenas 57 personas por trayecto.

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