La Fundacion Hind Rajab, registrada en Bélgica, es una organización supuestamente dedicada a denunciar crímenes de guerra. Pero, detrás de su fachada, su objetivo es perseguir a soldados del Ejército de Israel.
La Fundación Hind Rajab (HRF), registrada en Bélgica en septiembre de 2024, se presenta como una organización dedicada a la justicia internacional y la denuncia de crímenes de guerra.
Sin embargo, un análisis detallado de sus actividades revela una curiosa parcialidad, ya que su único objetivo parece ser hasta ahora el de perseguir judicialmente a soldados israelíes, mientras ignora deliberadamente los ataques terroristas perpetrados contra civiles israelíes por grupos terroristas como Hamás y Hezbolá.
Según informes del Ministerio de Asuntos de la Diáspora y la Guerra contra el Antisemitismo de Israel, la Fundación Hind Rajab ha presentado en los últimos tiempos denuncias en ocho países contra 28 soldados israelíes, además de enviar informes a la Corte Penal Internacional (CPI) con acusaciones contra más de 1.000 miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
Sin embargo, la organización no menciona en ningún momento los crímenes de guerra cometidos por grupos terroristas palestinos, como el asesinato, la tortura y el secuestro de civiles israelíes.
No hay ninguna mención, por ejemplo, al ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que sus integrantes (acompañados por civiles reclutados en Gaza) asesinaron a unas 1.250 personas en barrios israelíes, muchos de ellos niños y ancianos, violaron a cientos de mujeres y secuestraron a unas 250 personas israelíes y de otras nacionalidades, de las que un centenar permanece todavía en cautiverio en medio de la liberación de rehenes por el acuerdo de alto el fuego en Gaza instaurado hace tres semanas.
La Fundación HRF está liderada por Dyab Abou Jahjah y Karim Hassoun, dos activistas de origen libanés con antecedentes de declaraciones abiertamente hostiles hacia Israel.
Sus discursos y sus publicaciones en las redes sociales reflejan un sesgo político evidente, que pone en duda la supuesta misión de justicia de la organización.
Si bien los conflictos en Medio Oriente han dejado miles de víctimas en ambos bandos, la Fundación Hind Rajab ha enfocado sus esfuerzos exclusivamente en acusar a militares israelíes, sin investigar o condenar los crímenes cometidos por los integrantes de grupos terroristas propalestinos a lo largo de los últimos años.
Más aún, la HRF ha publicado nombres y datos personales de soldados israelíes en informes destinados a tribunales internacionales, lo que podría poner en riesgo la vida de estas personas y sus familias, exponiéndolos a represalias o ataques.
Un claro ejemplo de esta parcialidad es el caso de Saar Hirshoren, integrante del Batallón de Ingeniería de Combate 749 de Israel.
En sus redes sociales, Hirshoren había posteado videos celebrando la destrucción de edificios en Gaza. Su batallón ha sido denunciado por la Fundación Hind Rajab ante la Corte Penal Internacional (CPI), presentando material de redes sociales como prueba de su presunta p articipación en acciones militares.
Según información de la HRF, “Hirshoren fue visto recientemente en la Patagonia”, lo que motivó una denuncia presentada en Argentina por supuestos crímenes contra la humanidad y genocidio.
La denuncia ya fue presentada ante la Justicia argentina e intervienen en el caso el fiscal Carlos Rívolo y el juez federal Daniel Rafecas.
Además del caso Hirshorem, la HRF sumó denuncias contra Yuval Vagdani, soldado del batallón 432 del Ejército de Israel.
Según reportes de la fundación sospechada, Vagdani se encontraba supuestamente en Brasil de vacaciones en el Morro de San Pablo, ubicado en una isla cercana a la ciudad de Salvador de Bahía en el nordeste brasileño, cuando fue advertido de una inminente orden de detención que poco tiempo después fue presentada en Brasil.
La orden, emitida por la jueza federal Raquel Soares Charelli, en Brasilia, el pasado 30 de diciembre, sería la primera actuación legal contra un soldado israelí por delitos supuestamente cometidos en Gaza.
La Fundación Hinds Rabaj también denuncia a un tercer soldado, que se encontraría en Argentina.
Difundieron un video de sus propias redes en el que se lo muestra contando billetes en el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. La HRF afirma que el soldado se habría trasladado a Mendoza, donde también habría otros soldados israelíes vacacionando que, supuestamente, habrían posteado información en redes digitales.
Lo que no dice el informe es que es una costumbre arraigada desde hace décadas que soldados israelíes pasen sus días de licencia de vacaciones países de Sudamérica, en especial en el sur de Argentina, adonde se los suele ver en las ciudades patagónicas.
La Fundación Hind Rajab, con sede en Bélgica (uno de los países de Europa con mayores conflictos con participación de activistas islamistas), solicitó la “detención inmediata del militar israelí en Argentina y Chile”.
Además, el organismo presentó supuestas pruebas ante la Corte Penal Internacional sobre la “demolición deliberada de barrios, lugares culturales e instalaciones esenciales en Gaza”, lo que violaría, según el criterio de la HRF, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.
Sin embargo, mientras la HRF persigue judicialmente a soldados israelíes, ignora por completo los ataques terroristas de Hamás, las ejecuciones de civiles, los ataques con cohetes, las violaciones y las tomas de rehenes, lo que pone en duda su legitimidad como organización de derechos humanos y la posiciona como un actor de activismo político con una agenda antiisraelí muy clara.
La Corte Penal Internacional y otros organismos judiciales internacionales como la URNWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio) han sido objeto de críticas por su tratamiento desigual de las denuncias, y la labor reciente de la HRF no hace más que profundizar la percepción de un sesgo sistemático contra Israel.
En el caso de la URNWA, su actuación quedó en el ojo de la tormenta ya que doce de sus miembros participaron del ataque terrorista contra Israel el 23 de octubre de 2023 en la frontera con Gaza.
Tal fue el escándalo internacional que la organización se vio obligado a expulsar a esos activistas del terrorismo de sus filas y aún así son muchos los países y empresas que dejaron de aportar fondos para sus actividades sospechadas.
Si la HRF realmente estuviera comprometida con la justicia, investigaría de manera imparcial todas las violaciones al derecho internacional humanitario, incluidas las atrocidades cometidas por grupos terroristas.
Sin embargo, su accionar hasta ahora demuestra una agenda política más que una verdadera lucha por los derechos humanos.