Sanae Takaichi endurece la política inmigratoria de Japón: reduce las visas para expulsar a los residentes ilegales del país
Sanae Takaichi ordenó a los funcionarios de extranjería a presentarle propuestas para endurecer las inspecciones de los status de residencia y equipararlos con los de otros grandes paises.
La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ordenó este martes a su gabinete elaborar un plan de revisión de las regulaciones de extranjería con el objetivo de alcanzar “cero residentes ilegales” y reforzar los controles migratorios, en un giro hacia políticas más estrictas en materia de inmigración.
Durante la primera reunión ministerial sobre extranjería bajo su mandato, Takaichi instó a las agencias gubernamentales a presentar, antes de enero, propuestas que incluyan un endurecimiento de las inspecciones de los estatus de residencia y una revisión de los requisitos y costes de los visados, para equipararlos con los de otras grandes potencias.
El Gobierno japonés subrayó que estas medidas buscan “construir una sociedad segura, protegida y ordenada”, según el portavoz Minoru Kihara, quien añadió que las nuevas disposiciones deberán “trazar una línea clara contra la xenofobia”, aunque el enfoque apunta a un mayor control sobre la población extranjera.
El documento oficial reconoce la importancia del turismo y de la mano de obra extranjera en sectores afectados por el envejecimiento poblacional, pero advierte sobre el aumento de “actividades ilegales y violaciones de normas” que, según el Ejecutivo, generan “malestar e inseguridad” entre los ciudadanos japoneses.
Medidas contra el "sobreturismo"
Además del ámbito migratorio, Takaichi ordenó evaluar nuevos impuestos al turismo internacional y medidas para redistribuir el flujo de visitantes, con el fin de reducir los efectos del “sobreturismo” que vive el país, tras superar los 30 millones de turistas extranjeros en los primeros nueve meses del año.
Con estas directrices, la primera ministra busca redefinir la relación de Japón con la inmigración y el turismo, reforzando el control estatal en medio del creciente debate interno sobre la integración de extranjeros en una sociedad cada vez más envejecida.
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