La aprobación del proyecto de Ley Antitabaco por parte del Consejo de Ministros ha encendido las alarmas en los sectores del turismo, la hostelería y el transporte en España. La normativa, que contempla ampliar los espacios libres de humo a las terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas públicas e incluso vehículos de trabajo, inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y el Senado rodeada de un intenso debate sobre su impacto económico y su aplicabilidad.
Un impacto de 30.000 cierres y 300.000 empleos en el sector hostelero
Las principales patronales del sector han expresado su profunda preocupación por las consecuencias operativas y financieras que acarrearía la prohibición de fumar en los espacios al aire libre de la hostelería. Desde SOS Hostelería estiman que la medida podría provocar el cierre de más de 30.000 bares y la destrucción de unos 300.000 puestos de trabajo.
Según datos de la propia asociación, las terrazas representan entre el 30% y el 50% de la facturación de los negocios, y la mitad de los establecimientos hosteleros del país dispone de una. En este sentido, se argumenta que estos espacios permiten ampliar la plantilla de servicio entre un 30% y un 40%, sobre todo en un país donde las condiciones climatológicas permiten hacer uso de ellos durante los 12 meses del año.
Desde Hostelería de España, su presidente, José Luis Álvarez Almeida, ha ratificado el compromiso del sector con la salud pública y la reducción del consumo de tabaco, pero aboga por la educación y la sensibilización frente a la prohibición: "La palabra prohibición solo trae confrontación. Las terrazas son espacios al aire libre, ventilados y que garantizan la convivencia entre fumadores y no fumadores. No es una medida para reducir el consumo, sino para desplazarlo".
Por su parte, Manuel Espinar, presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y gerente del Grupo Hispania Hostelería, califica la propuesta de "sin sentido" y advierte sobre la imposibilidad de que los empresarios actúen como agentes de control: "No hay conflicto en las terrazas y nosotros no podemos actuar como policías porque no tenemos competencias". Asimismo, señala que la restricción provocará que los fumadores se desplacen a espacios públicos o patios interiores. Para frenar el texto actual, el sector valenciano ya ha anunciado reuniones con las distintas fuerzas parlamentarias para defender el valor estratégico del turismo.
La pérdida de competitividad de España frente al entorno europeo
El sector hotelero también se ha sumado a las críticas respecto al proyecto legislativo. La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) coincide con los hosteleros en que la norma dañará la competitividad turística de España en comparación con otros destinos del continente.
Aunque desde la AEHM respaldan los objetivos de salud pública e instan a avanzar en políticas de prevención del tabaquismo, solicitan que se evalúe detenidamente el impacto económico y operativo de la ley. La asociación advierte de que España corre el riesgo de convertirse en una "excepción dentro de Europa", situándose en posición de desventaja frente a competidores directos.
Actualmente, solo Suecia mantiene una prohibición similar en terrazas dentro de la Unión Europea, mientras que Francia reformó su legislación antitabaco excluyendo explícitamente a las terrazas de restauración, un dato relevante en el marco de la competencia que España mantiene con el país vecino como uno de los destinos más visitados del mundo.
Los hoteleros madrileños exigen un marco regulatorio estable que despeje la incertidumbre jurídica en torno a la entrada en vigor de la norma, las obligaciones de los establecimientos, los criterios de aplicación y las competencias de inspección por parte de las administraciones.
Rechazo en el transporte por carretera y críticas a la falta de consulta
La controversia del Proyecto de Ley Antitabaco no se limita a la hostelería. La extensión de la prohibición a los vehículos de trabajo (como camiones, furgonetas de reparto o coches de empresa), salvo en los casos de uso estrictamente personal, ha generado un firme rechazo en el sector del transporte de mercancías.
La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) ha calificado la medida de "desproporcionada y poco eficaz" para los fines de salud pública pretendidos, denunciando además que el Comité Nacional del Transporte por Carretera no fue consultado durante el proceso de elaboración de la iniciativa.
Desde la CETM recuerdan que la gran mayoría de los conductores de vehículos pesados realizan sus trayectos en solitario, por lo que el hábito de fumar no afecta a terceras personas. La patronal del transporte señala que la restricción podría impactar de forma negativa en la salud mental de los profesionales, supone una "discriminación frente a los conductores particulares" y atiende, a su juicio, a un posible afán recaudatorio.
El sector exige un diálogo "imprescindible" durante la tramitación parlamentaria
Ante el escenario de incertidumbre que abre el texto aprobado por el Consejo de Ministros, las diferentes organizaciones empresariales consideran "imprescindible" abrir una vía de diálogo con las administraciones durante su tramitación en el Congreso y el Senado.
Tanto las asociaciones hosteleras como las hoteleras y de transporte instan a las Cortes Generales a escuchar la experiencia de las empresas representativas del sector. El objetivo manifestado por las patronales es consensuar una regulación equilibrada que concilie de forma efectiva la protección de la salud pública con la preservación del tejido productivo y la competitividad del turismo en España.
