La aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como la "ley de nietos", ha desatado un contencioso de calado administrativo e institucional. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) ha puesto en marcha una exhaustiva batería de iniciativas legales destinadas a frenar la tramitación masiva de expedientes de nacionalización española, alegando motivos de estricta legalidad, preservación de las funciones soberanas del Registro Civil y la supuesta persecución de fines electoralistas.
Revisión de la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
El eje central de la ofensiva legal emprendida por la ARVH se dirige contra la instrucción emitida en noviembre de 2024 por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. La entidad ha solicitado formalmente la revisión de oficio de este dictamen administrativo al considerar que extendió de manera indebida los supuestos contemplados originalmente en la norma.
Según denuncia la asociación, el marco legal aprobado por el Legislativo circunscribía el derecho a la opción de la nacionalidad española a los descendientes de aquellos ciudadanos exiliados que se vieron obligados a abandonar España por motivos políticos entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Sin embargo, a juicio del colectivo, la instrucción dictada por la Dirección General sobrepasó dicho perímetro legal para dar entrada a los descendientes de emigrantes por causas meramente económicas. Ante lo que califican como un proceso de nacionalización masiva con impacto en el censo electoral y el derecho al voto, la ARVH demanda que la resolución quede formalmente desactivada por las vías administrativas y, en su caso, jurisdiccionales.
Impugnación del contrato de 1,13 millones con el Grupo PALCO en el Consulado de La Habana
Dentro de la batería de medidas presentadas, la asociación formalizó el pasado 28 de julio de 2026 un extenso escrito elevado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Mesa de Contratación y otras autoridades competentes. En dicho escrito se insta a la revisión íntegra y a la declaración de nulidad de pleno derecho del expediente de contratación número 2024SWs00114.
Este expediente corresponde al contrato adjudicado por un importe de 1,13 millones de euros a la empresa estatal cubana Grupo PALCO. Su finalidad formal es el suministro de personal para el Consulado General de España en La Habana, destinado a reforzar la tramitación de expedientes de nacionalidad en un momento de elevada carga de trabajo. La ARVH impugna de forma categórica que se subcontrate la gestión de expedientes a una mercantil estatal extranjera, advirtiendo de que el reconocimiento de la nacionalidad es una actuación de máxima trascendencia que debe quedar reservada de forma exclusiva a los órganos competentes del Registro Civil y a funcionarios españoles.
Petición de transparencia y garantías en la gestión de expedientes de soberanía
A través de su escrito ante Exteriores, la entidad ha exigido la máxima transparencia en torno a la contratación del Grupo PALCO en Cuba. Concretamente, reclama la incorporación inmediata y completa de la totalidad de las actuaciones del procedimiento, incluyendo memorias justificativas, informes jurídicos, económicos y de seguridad, protocolos de control y la documentación preceptiva en materia de protección de datos.
Asimismo, la ARVH ha solicitado una memoria económica pormenorizada donde se especifiquen las categorías profesionales, costes salariales, número exacto de trabajadores y gastos de organización del personal suministrado. La asociación enfatiza la necesidad de determinar con precisión las tareas asignadas a dicho personal, su grado de acceso a los expedientes y a los sistemas informáticos consulares, así como delimitar estrictamente cuáles son las actuaciones reservadas en exclusiva a los funcionarios de carrera españoles.
"Cuando un contrato público afecta a un ámbito de tanta trascendencia institucional como el funcionamiento de un Consulado y la gestión de expedientes de nacionalidad, creemos que la mejor garantía para todos es una revisión completa y transparente del expediente", ha señalado Antonio Javier Campal Crespo, presidente de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Piden suspensión cautelar de encomiendas con Ineco y colaboraciones consulares
La acción de la ARVH no se limita a la impugnación del contrato en la capital cubana. En un escrito dirigido directamente a embajadores y cónsules, la entidad ha solicitado que se suspenda de forma cautelar cualquier contrato, encomienda de gestión o acuerdo de colaboración con la empresa pública Ineco para la tramitación de expedientes de nacionalidad. La asociación sostiene que tales encomiendas deben paralizarse, al menos, mientras el Ministerio de Justicia no resuelva la revisión de la citada instrucción de noviembre de 2024.
En el caso específico del Consulado General de España en La Habana, la petición de paralización se extiende de manera cautelar a las colaboraciones prestadas por la firma estatal cubana, reafirmando que no cabe delegar en empresas o entes externos labores sensibles ligadas al estatus jurídico de los solicitantes.
Colas de argentinos, frente al Consulado español en Buenos Aires, en febrero del 2023, para pedir la nacionalidad. (EFE).
Saturación consular en Buenos Aires y La Habana
Las iniciativas de la ARVH se producen en un escenario marcado por la extrema saturación operativa que registran las dependencias consulares españolas en América Latina, siendo Argentina y Cuba los dos principales focos de demanda mundial de la 'ley de nietos':
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Argentina (40% de las solicitudes mundiales): En los cinco consulados españoles en el país (Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza y Rosario) se han registrado cerca de 1.000.000 de solicitudes.
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Consulado General en Buenos Aires: Acumula por sí solo 645.000 solicitudes, según datos confirmados por el cónsul general, José María Ridao.
Estado de tramitación: De ese total en la capital argentina, se han atendido personalmente unas 220.000 citas con documentación completa, quedando pendientes aproximadamente 425.000 citas o trámites por completar.
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Cuba (única sede consular en el país):
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Consulado General en La Habana: Ha acumulado alrededor de 350.000 solicitudes de nacionalidad, convirtiéndose en la segunda oficina consular con mayor volumen del mundo, solo por detrás de Buenos Aires.
Ante estas cifras de volumen inédito en la red exterior del Estado, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha anunciado que continuará actuando a través de las vías administrativas e institucionales correspondientes y que, conforme obtenga nueva documentación oficial, acudirá a la vía jurisdiccional.