Tres relatores de ONU alertan sobre “las leyes de la concordia” en España
En línea con un pedido de Pedro Sánchez, tres relatores de la ONU llaman revisar las leyes que impulsan el PP y Vox en algunas comunidades de España.
Tres relatores de la ONU ha instado al Gobierno a adoptar "todas las medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".
En un escrito, difundido por la agencia EFE, recuerda que todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.
Lo expone en una comunicación conjunta del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Fabian Salvioli), el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (su presidenta Aua Baldé) y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Morris Tidball-Binz).
Los relatores insisten en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU.
Este informe está alineado con la iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.
El Ejecutivo anunció en abril su intención de recurrir a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y al Consejo de Europa estas iniciativas.
El Gobierno de Sánchez pedirá ahora a las tres comunidades autónomas la revisión urgente de estas iniciativas.
Considera que el hecho de que tres relatores y un grupo de trabajo firmen una comunicación conjunta pone de manifiesto "la gravedad de las infracciones constatadas".
”¿Quiénes son estos señores?”
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó el informe diciendo que especula sobre leyes que aun no ha sido aprobadas.
Y, desde Vox, fueron más contundentes: “¿Quiénes son estos señores’”, se preguntaron.
La comunicación incide en que las leyes podrían transgredir la obligación de España, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos.
Para los tres relatores de la ONU pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas, al ordenar la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia.
Además, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho régimen, señala.
El escrito concluye instando información de parte de los poderes y entidades públicos pertinentes sobre cómo las leyes de 'concordia' de Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son compatibles con las obligaciones del Estado español en materia de derechos humanos y de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos, así como del derecho a la verdad.
EFE
