La administración de Delcy Rodríguez busca reestructurar la enorme deuda que contrajo el chavismo y devolverle a Venezuela el acceso al mercado financiero internacional, un paso clave para consolidar la incipiente recuperación económica. Sin embargo, mientras se estrecha el calendario político, analistas advierten que un acuerdo apresurado, parcial y sin el respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría costos elevados y no ofrecería un alivio sustancial al país.
Durante los 14 años de gobierno de Hugo Chávez, el país se endeudó a un ritmo frenético pese al colosal boom petrolero de su gestión y sin que esos recursos se tradujeran en mejoras de infraestructura o mayor producción de petróleo. Su sucesor, Nicolás Maduro, fue incapaz de enderezar el rumbo y en 2017 suspendió los pagos, dando inicio a casi una década de incumplimiento con acreedores de todo tipo - bonos, préstamos bilaterales y empresas expropiadas- por una suma total que se estima en torno a los 200.000 millones de dólares.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro
AP
La cifra sobre la que hay más certeza es la deuda en bonos del gobierno, la petrolera estatal Pdvsa y la Electricidad de Caracas, que suma 115.000 millones de dólares, de los cuales 83.000 millones corresponden a atrasos en el pago de capital e intereses, de acuerdo con la consultora Síntesis Financiera.
Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada tras la operación militar de Estados Unidos que derrocó a Maduro, encabeza un gobierno bajo la tutela de Washington y contrató al banco de inversión estadounidense Centerview Partners como asesor financiero para conducir una renegociación que aligere el peso de la deuda sobre la economía y destrabe el acceso al crédito lo antes posible.
Cuando los países no están en capacidad de pagar sus compromisos, inician un proceso de negociación con los acreedores, cuya meta es una rebaja en el monto adeudado, plazos más largos, nuevo financiamiento, un período de gracia sin amortizaciones y tasas de interés más favorables. Técnicos consideran que el caso venezolano superará en magnitud y complejidad al impago de Grecia en 2012, convirtiéndose en la mayor reestructuración jamás realizada.
Un paso esencial es que el gobierno, con la asesoría de Centerview Partners, presente el análisis de sostenibilidad de la deuda, que calcula un umbral de alivio para garantizar que la nueva estructura sea viable a largo plazo y permita la recuperación del país. En este tipo de procesos, los gobiernos suelen pedirle al FMI que elabore dicho estudio a fin de que actúe como un árbitro técnico y otorgue financiamiento para estabilizar la economía, pero la administración de Delcy Rodríguez no ha solicitado la ayuda del Fondo.
Calendario electoral
La política limita el tiempo del gobierno interino para lograr su meta de reestructurar la deuda. El Departamento de Estado trazó una hoja de ruta que contempla nombrar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a finales de este año y un Consejo Nacional Electoral a comienzos del próximo, el cual convocaría a elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2027.
Un reporte de Barclays advierte que, una vez fijado el cronograma electoral, la administración interina asumirá las características de un "gobierno saliente con poder limitado", reduciendo su margen de maniobra y su interés político para sellar un acuerdo de largo alcance que heredará el próximo presidente.
La deuda de Pdvsa se disparó sin que aumentara la producción de petróleo
EFE
El riesgo es que el gobierno de Rodríguez intente cerrar la reestructuración antes de que el reloj político se imponga. En ese caso, Barclays advierte que apurar el proceso "podría requerir mayores concesiones a los acreedores de las que serían necesarias en otras circunstancias".
El banco británico sostiene que priorizar la rapidez sobre la sostenibilidad minaría la credibilidad del acuerdo: los mercados exigirían tasas más altas por los nuevos bonos y crecería el riesgo de que Venezuela tenga que afrontar una segunda reestructuración.
Ir a lo fácil
Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, explica que Venezuela necesita una reestructuración completa que incluya una auditoría profunda de todos los litigios y reclamos pendientes para determinar con precisión el monto total de la deuda, algo que requiere tiempo.
Desde su punto de vista, esto puede inclinar al gobierno interino a avanzar con rapidez negociando "la deuda fácil", es decir, los bonos y otras acreencias ya reconocidas, y postergar los reclamos más complejos. El problema de esa estrategia es que impide ver la foto completa de los compromisos financieros del país y su capacidad de pago.
"Tranquilamente, y no seríamos el primer país que cae en eso, haces una primera reestructuración y después esa reestructuración no es sostenible y tienes que hacer una segunda", señala Grisanti, quien alerta que un acuerdo mal diseñado "no le conviene a nadie; puede ser un perder-perder".
Involucrar al FMI
En ese contexto, acudir al FMI resulta clave para ordenar el proceso. Grisanti indica que, al negociar al margen del organismo multilateral, el gobierno interino puede enfocarse solo en los tenedores de bonos de los mercados financieros, principalmente estadounidenses, y dejar por fuera a acreedores bilaterales como China o el Club de París.
Un programa con el FMI, en cambio, exigiría incorporar toda la deuda y otorgaría al organismo un rol fundamental: "Es un poco ese árbitro que te va a poner el juego en la mitad" entre un país que busca pagar lo menos posible y unos acreedores que intentan cobrar el máximo, dice Grisanti.
Para Jesús Palacios, vicepresidente de la consultora Summa, acudir al FMI también garantiza un programa que no mire únicamente la sostenibilidad financiera frente a los acreedores, sino también las necesidades del país.
Según el economista, un acuerdo con el Fondo "considera no solamente la necesidad de hacer sostenible la deuda por los compromisos financieros que tenga que asumir Venezuela en la reestructuración, es decir, estimando el espacio fiscal luego de los gastos, sino porque va a considerar muy bien todas las inversiones que hay que hacer en las demandas sociales: salarios, pensiones, salud, educación, mientras se reestructura el Estado y se aborda una reforma fiscal mucho más integral".
La complejidad de un acuerdo de este calibre hace prever que las negociaciones tomarán tiempo. El propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, admitió la semana pasada que el proceso podría trascender al gobierno de transición. Reestructurar la deuda "es el trabajo actual de las autoridades interinas, pero bien podría extenderse a una autoridad electa", dijo Rubio.
"Es un enorme problema que enfrenta Venezuela, el cual creo que todos los sectores de la sociedad deberían apoyar para resolver, porque se cierne como una nube que impide la inversión", añadió.
En 1998, el año previo a que el chavismo llegara al poder, la deuda era bastante baja: solo equivalía al 31% del PIB y cada venezolano, si la deuda pudiese distribuirse en partes iguales entre la población, debía 1.211 dólares. Hoy, la carga en términos per cápita supera fácilmente los 5.500 dólares.
Una reestructuración que haga más llevadera esta pesada herencia será fundamental; está por verse si el país logra llevarla a cabo de la mejor manera.