Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro y bajo la tutela de Estados Unidos, el sector petrolero de Venezuela, su principal recurso, está en movimiento. El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha reanudado la relación con los organismos multilaterales y las proyecciones muestran a una economía que crecerá este año y el próximo, pero con bloqueadores que limitan la expansión: falta de electricidad, inflación descontrolada y una enorme deuda que aguarda por su reestructuración.
Durante la larga recesión vivida entre 2014 y 2020 la economía se redujo a la cuarta parte, y desde entonces inició una recuperación en cámara lenta. Sobre el tamaño enano que tiene actualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que el PIB crecerá 5% este año y 7% en 2027. No obstante, después del colapso, Venezuela requiere crecer con fuerza y de forma sostenida durante años, una meta que no luce cercana.
Los analistas fijan la mirada en el petróleo. El país, con una de las mayores reservas de crudo del planeta, apenas produce 1,2 millones de barriles diarios, un tercio de lo que extraía en 1998 antes de la llegada del chavismo al poder. Sin embargo, se espera la reactivación al calor de una reforma legal que hace más atractiva la inversión de las empresas extranjeras, a lo que se suma el pacto con la Casa Blanca.
La Casa Blanca acordó con Delcy Rodríguez un trato que otorga a Estados Unidos participación en una empresa para controlar la quinta parte de las reservas petroleras del país, una asociación con la que el Ejecutivo busca reactivar la producción pese a los cuestionamientos por su falta de transparencia.
En paralelo, compañías como Chevron, Repsol y Eni han firmado nuevos contratos, por lo que el barril debería ser el principal impulso para el crecimiento de la economía el próximo año. Luego estará por verse si el país es capaz de crear las condiciones para captar más de 100.000 millones de dólares en inversiones que eleven la producción al nivel de 1998.
Desenchufados
En Venezuela son recurrentes los apagones que obligan a las empresas a paralizar la producción por horas. De acuerdo con Ecoanalítica, “la electricidad se ha convertido en el principal cuello de botella para la recuperación económica”. La oferta se ubica en torno a 13.000 MW, mientras la demanda en momentos de mayor consumo ya supera los 15.000 MW, un desequilibrio que tiene consecuencias.
Alejandro Grisanti, director de la consultora, advirtió recientemente en su cuenta de X que “si la economía continúa recuperándose, la demanda eléctrica aumentará más rápido que la capacidad de generación. Paradójicamente, el propio crecimiento puede agravar el déficit eléctrico y terminar frenando la recuperación”.
Consciente del desajuste, Delcy Rodríguez anunció una reforma para abrir el sector eléctrico al capital privado y acuerdos con compañías como General Electric para incorporar en el mediano plazo 7.400 megavatios, pero no está claro cuánto tardará el país en superar la limitación del déficit de energía eléctrica después de años de desinversión, pésima gerencia y el impacto de las sanciones de Estados Unidos que, de acuerdo con la presidenta encargada, impedían la compra de repuestos.
Corte de electricidad en Venezuela
EFE
“Durante los próximos años, la capacidad de crecer y operar de muchas empresas venezolanas dependerá cada vez más de su capacidad para generar su propia energía”, señaló Grisanti.
Sin ancla
En lo que va de año, la inflación acumula un salto de 225%, de acuerdo con las cifras del Banco Central, y el FMI pronostica que culminará 2026 en 336%. Para 2027 las proyecciones del Fondo anticipan que el avance de los precios se mantendrá en tres dígitos, con un incremento de 139% que supondría una desaceleración, pero que mantendría a la economía en un terreno de inestabilidad.
Los venezolanos han perdido la confianza en la moneda, lo que se traduce en una demanda de dólares que supera a la oferta del Banco Central. El resultado es que el tipo de cambio oficial ha aumentado 190% en el año, algo que se traduce en inflación: la mayoría de los precios están fijados en dólares, de modo que un dólar más caro eleva de inmediato la cantidad de bolívares a pagar por cada producto.
El gobierno ha restringido el crédito para limitar la cantidad de bolívares que se desplaza a la compra de dólares y una mayor exportación de petróleo le daría al Banco Central más divisas para tratar de satisfacer la demanda, pero las perspectivas son de una inflación que seguirá fuera de control.
“La situación es realmente todavía muy difícil para nosotros”, admitió el presidente del Banco Central, Calixto Ortega, en la conferencia del FMI en Tailandia. Respecto a la desaceleración que espera el Fondo en 2027 aseguró que no son "tan optimistas”. “Esperamos tener una inflación de dos dígitos más temprano que tarde”, manifestó.
La gran hipoteca
Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó una deuda externa manejable para el tamaño de la economía de 19.300 millones de dólares. Hoy, solo en bonos, asciende a 112.000 millones, a lo que se suman compromisos con organismos multilaterales, préstamos bilaterales y reclamos de empresas expropiadas que exigen compensación.
Cálculos de consultoras y estudios privados estiman que la deuda total se ubica en torno a 170.000 millones de dólares, un monto descomunal.
Hugo Chávez y Nicolás Maduro
AP
En 2017, con las manos vacías tras dilapidar el boom petrolero y una economía en ruinas, Maduro suspendió los pagos de la deuda y Venezuela cayó en incumplimiento, perdiendo el acceso al financiamiento.
Cuando un país no puede pagar su deuda inicia negociaciones con los acreedores. El objetivo es una reestructuración de largo alcance, que suele incluir una reducción del monto, plazos más amplios, nuevo financiamiento, períodos de gracia sin amortizaciones y tasas de interés más favorables.
Para la renegociación es fundamental que el país presente un análisis de sostenibilidad de la deuda que calcula un umbral de alivio para garantizar que la nueva estructura sea viable a largo plazo y que la economía pueda recuperarse.
Para llevar adelante la reestructuración, el gobierno de Delcy Rodríguez contrató a la firma Centerview Partners. En Bangkok, Calixto Ortega admitió que reestructurar la deuda es una prioridad, pero reconoció las trabas del proceso. Señaló que el análisis de sostenibilidad, paso clave para negociar con los acreedores, "ha sido más difícil de lo que esperábamos", especialmente tras las complicaciones derivadas del terremoto de junio.
Por ahora, el gobierno de Rodríguez ha optado por no recurrir a un programa de asistencia del FMI, lo que despierta dudas entre analistas sobre la calidad de la reestructuración. En estos procesos, el Fondo actúa como un árbitro técnico y otorga el aval financiero para impulsar el proceso.
Sin una reestructuración que garantice una reducción importante en el monto de la deuda y la posibilidad de que tras el proceso el país acceda a financiamiento a tasas de interés adecuadas, analistas consideran que hay un riesgo elevado de permanecer en una dinámica de un Estado insolvente, poca inversión y bajo crecimiento.
