En un nuevo paso para desmontar la política de seguridad del gobierno anterior y consolidar su línea dura, el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, impulsa en el Congreso un proyecto de Ley de Sometimiento que busca clausurar de forma definitiva la política de paz total de Gustavo Petro, quien intentó acordar el desarme de la narcoguerrilla y los carteles como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo mediante mesas de negociación.
El instrumento, que se presenta al Parlamento tras el ingreso del país al Escudo de las Américas —la coalición de Washington para combatir a los grupos criminales en la región—, está basado en el sometimiento unilateral a la justicia ordinaria, eliminando cualquier tipo de negociación de estatus político con carteles y bandas armadas.
El texto clasifica a estas estructuras bajo la categoría de Actores Armados Ilegales o Terroristas, despojándolas de cualquier reconocimiento ideológico para enfocarse en su rol dentro de las actividades ilícitas.
Define un procedimiento de sometimiento voluntario dividido en dos fases: una administrativa, a cargo del Gobierno (con un plazo perentorio de tres a seis meses para verificar la entrega de armas, bienes, secuestrados y menores reclutados), y otra de judicialización, en la que jueces y fiscales de la justicia ordinaria evalúan los aportes a la verdad y fijan las condenas penales de manera individual, sin crear tribunales especiales de paz.
Prisión y beneficios
Para los miembros de los grupos armados que no hayan ejercido roles de mando y colaboren con la justicia, entreguen bienes y ayuden al desmantelamiento de las redes criminales, el proyecto contempla una rebaja de hasta el 50% de la pena.
Además, quienes no hayan ejercido mando y respondan únicamente por delitos como porte ilegal de armas o concierto para delinquir podrán acceder a la suspensión condicional de la condena tras cumplir un año de prisión, beneficio que será inmediato al dictarse sentencia para quienes se entreguen dentro de los primeros 180 días de vigencia de la norma.
Para los cabecillas y mandos medios, el descuento de la pena se reduce al 30%, pero el texto impone una línea roja infranqueable: deberán cumplir un piso mínimo de 10 años de cárcel efectiva sin importar la acumulación de beneficios.
En cuanto a la libertad condicional, la regla general exige pagar cuatro quintas partes de la pena; no obstante, como un estímulo para saldar la deuda histórica con las víctimas, el tiempo para acceder a este beneficio se reduce a solo las dos quintas partes si el condenado aporta información verificable a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Asimismo, se contemplan modalidades en colonias agrícolas o cárceles productivas, y redenciones de pena mediante labores de desminado o erradicación manual de cultivos.
El diagnóstico
Si bien el proyecto reconoce avances puntuales de la Paz Total, como treguas urbanas con bajas temporales de homicidios o proyectos locales en zonas como Nariño, advierte que sus resultados fueron marginales debido a cuatro fallas estructurales: la ausencia de un piso legal firme no sujeto a negociación; otorgar estatus político a organizaciones centradas en rentas ilícitas; el repliegue de la presión militar durante los ceses al fuego; y la subordinación de la inversión social del Estado a los vaivenes de las mesas de diálogo.
Para sustentar el fracaso de la Paz Total, el gobierno de De la Espriella resalta un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), basado en cifras del Ministerio de Defensa, que concluye que los grupos armados se fortalecieron durante los diálogos y los ceses al fuego, aumentando su número de integrantes en un 90%, al pasar de 15.120 a 28.802 miembros, entre diciembre de 2022 y julio de 2026.
De acuerdo con el informe, la mayor expansión la registró el Clan del Golfo que creció 152% hasta superar los 10.200 integrantes, seguido por las disidencias de alias Iván Mordisco (109%) y el ELN (22%).
Estatuto y Escudo
El proyecto de Ley de Sometimiento no es una iniciativa aislada; forma parte de una ofensiva en varios frentes que busca concretar la mano dura contra las estructuras criminales que De la Espriella prometió durante la campaña electoral.
Rodrigo Lara ministro del Interior de Colombia
EFE
En paralelo, el Ejecutivo prepara un "estatuto antiterrorista" que también será discutido en el Parlamento. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que entre las medidas más relevantes contempla la creación de un listado de organizaciones catalogadas como terroristas, del cual "se desprende una serie de normas especiales más severas en materia penitenciaria, en materia penal, en materia de combate de rentas ilícitas y para quienes colaboren con esas organizaciones".
El pasado 22 de septiembre, Colombia formalizó su ingreso al Escudo de las Américas junto a otros 14 países alineados con la administración de Donald Trump, comprometiéndose a una acción colectiva que incluye la designación coordinada de 24 organizaciones criminales como grupos terroristas transnacionales.
Semanas antes, el 8 de septiembre, Abelardo De la Espriella se reunió con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y le presentó el Plan Patriota Siglo XXI para "modernizar aviones, radares, drones, helicópteros, defensa aérea, inteligencia, fuerzas especiales", con el respaldo y la cooperación directa de Washington.
Como parte de esos acuerdos, la Casa Blanca comenzó el despliegue de armamento estratégico y dotará a Colombia, en calidad de préstamo, de tres drones MQ-9A Reaper, cuyo valor ronda los 50 millones de dólares por unidad, mientras Bogotá contempla la compra de una cuarta aeronave con recursos propios.
De la Espriella aprieta el cerco sobre el crimen organizado. Sin embargo, se enfrenta a grupos con miles de combatientes que controlan lucrativas economías ilegales y vastos corredores del territorio nacional. Está por verse si estos carteles aceptarán someterse bajo las condiciones unilaterales del Estado o desatarán una violenta espiral de confrontación armada.