Durante la campaña que lo llevó a la presidencia, Petro no hizo mayor énfasis en la paz. Fue en el discurso de posesión cuando la convirtió en su principal oferta política: “Este es el gobierno de la vida, de la paz y así será recordado”, aseguró.
El Clan del Golfo, la sofisticada estructura que opera como un holding criminal, anunció que será imposible firmar un acuerdo en el mediano plazo. Y esta semana el propio Petro dejó en suspenso la última esperanza de obtener algo relevante antes de abandonar el Palacio de Nariño en agosto: en consejo de ministros ordenó a Otty Patiño, su comisionado de paz, evaluar la suspensión de las negociaciones con el Estado Mayor de Bloques, otro grupo surgido de las divisiones de las FARC liderado por “Calarcá”.
“Le he pedido a Otty Patiño que si el señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a sus rivales con crímenes de guerra, pues no hay paz”, dijo Petro. Y añadió: “Me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que construirse sobre bases serias, no sobre mentiras”.
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"Iván Mordisco" izquierda jefe del Estado Mayor Central y "Calarcá" jefe del Estado Mayor de Bloques
EFE
Los informes de organizaciones especializadas en el seguimiento del conflicto armado señalan que el grupo de Calarcá, al igual que el resto, se expandió y continuó con sus actividades criminales mientras negociaba una zona de exclusión para su supuesto desarme.
Según organismos policiales, en la disputa con otras facciones de las FARC por el control de las rutas del narcotráfico asesinó en Guaviare, con disparos en la nuca, a 26 miembros de las disidencias lideradas por “Mordisco” en enero. Además, atacó un helicóptero de la policía en Antioquia, matando a 13 agentes.
Esta semana también quedó en claro el poco avance en las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar. El abogado de esta estructura, Ricardo Giraldo, dijo en una rueda de prensa que ve “imposible” alcanzar un acuerdo de paz antes de que Petro deje el poder.
El Clan del Golfo opera como una empresa con distintos departamentos enfocados en generar ganancias. Aunque la cocaína sigue siendo relevante, ha diversificado sus fuentes de ingresos: minería ilegal, extorsión, microtráfico, prostitución, contrabando y cobro de “vacunas” e incluso contratos públicos.
El avance de los grupos armados
La Fundación Ideas para la Paz, dedicada al estudio del impacto del conflicto armado, precisa en su último informe que los grupos ilegales se han fortalecido, aumentando su número de combatientes y afianzando su control territorial.
“A diciembre de 2025, estas estructuras sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5% respecto a diciembre de 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones ilegales”, dice el informe.
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Representantes del gobierno de Colombia y del Clan del Golfo en Qatar
EFE
“El Clan del Golfo lidera ese aumento, con casi 2.300 nuevos integrantes, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central, las disidencias que lidera Mordisco. Ni las operaciones militares, ni los procesos de negociación, ni las ofertas de sometimiento han logrado frenar su capacidad de reclutamiento. Los grupos ofrecen salarios y otros incentivos en territorios donde el Estado llega tarde o no llega”, añade.
El 2025 fue el año con más disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos crecieron un 34%, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por el control de rutas, economías ilegales y poblaciones. “Hoy hay al menos 13 zonas del país en disputa activa, casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022”, precisa el informe.
La capacidad militar de los grupos armados se potenció con el uso de drones, una tecnología que reduce costos y resulta más efectiva para atacar a la Fuerza Pública. Según datos oficiales, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024.
De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 se produjeron 2.794 hechos de violencia en el país —de los cuales 1.390 eran ataques contra la población civil (entre ellos, homicidios, amenazas y acciones de control social)— que afectaron a más de 1,6 millones de personas.
Giro militar
Ante el fracaso de la paz total, la presión internacional por resultados en seguridad y narcotráfico, y un contexto político-electoral que exige mostrar control territorial, Petro dio un viraje y comenzó a combatir con mayor decisión a los grupos armados.
En marzo de 2025 nombró ministro de Defensa al general retirado Pedro Sánchez, quien lanzó una ofensiva en las zonas críticas. Bombardeos contra las disidencias y el ELN en Catatumbo, Arauca y Vaupés; capturas de miembros del Clan del Golfo; y la destrucción de laboratorios ilegales en la frontera evidencian que, sin anuncio formal, Petro terminó reconociendo la falta de resultados de la paz total.
Los registros del DATEO de la Fundación Ideas para la Paz muestran en qué medida las operaciones se intensificaron a partir del año pasado. El 2025 cerró con 234 acciones de la Fuerza Pública, un incremento del 34,5% frente a 2024.
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Pedro Sánchez ministro de Defensa de Colombia
En el nuevo escenario operacional, el factor geopolítico se volvió decisivo. La agenda del ministro de Defensa en Washington en enero de 2026 estuvo centrada en reuniones sobre inteligencia, tecnología y una hoja de ruta conjunta contra el narcotráfico y las estructuras criminales.
Poco después, la reunión entre Petro y Trump del 3 de febrero volvió a poner la seguridad en el centro de la relación bilateral. Esa sintonía derivó en mayor presión sobre objetivos de alto valor, un incremento de la ofensiva y operaciones de interdicción que consolidan el giro militar del gobierno.
La Fundación Ideas para la Paz advierte que el verdadero reto espera al presidente de Colombia que asumirá en agosto. “Hay que celebrar la profundización de las operaciones y el retorno de una ofensiva más visible del Estado. Pero el éxito verdadero no se medirá solo por capturas, bajas o laboratorios destruidos. Se medirá por algo más exigente: la capacidad de impedir que estas estructuras se recompongan, utilicen el reciclaje criminal como herramienta para crecer y sigan gobernando territorios y economías ilegales”, apunta.
