26 de agosto 2025 - 9:27hs

Carro bomba en Cali a media tarde. Drones que derriban helicópteros en zonas cocaleras. El asesinato de Miguel Uribe, precandidato presidencial, en plena campaña. Colombia atraviesa una escalada de la violencia que expone la expansión de los grupos armados, el retorno del conflicto a los centros urbanos y el desgaste, cada vez más evidente, del plan de Paz Total impulsado por el presidente Gustavo Petro.

El saldo de la semana pasada confirma el recrudecimiento del conflicto. Trece policías murieron tras el derribo de un helicóptero en Amalfi, zona rural del departamento de Antioquia. En Cali, una ciudad de 2,2 millones de habitantes, seis civiles perdieron la vida y otros 70 resultaron heridos durante la ofensiva de dos facciones disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): el Estado Mayor Central, liderado por alias Iván Mordisco, y el Frente 33, bajo el mando de alias Calarcá.

Al inicio de su mandato, al que solo le restan nueve meses, Gustavo Petro lanzó el plan de Paz Total, una estrategia que dejó atrás el enfoque exclusivamente militar e impulsó mesas de diálogo con grupos armados a los que se les reconoce carácter político. El plan también contempla negociaciones con organizaciones criminales de alto impacto, con el objetivo de facilitar su sometimiento a la justicia.

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Atentado terrorista en Cali, Colombia

El resultado no ha sido el esperado y se han cumplido los peores pronósticos. En el libro ¿Plomo es lo que viene?, investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación analizaron la Paz Total y advirtieron que el conflicto armado dejó atrás la lógica de la toma del poder político para transformarse en una pugna atomizada por rentas ilegales, territorios y control poblacional. En ese escenario, alertaron que el Gobierno corría el riesgo de quedar atrapado en un diálogo con actores sin voluntad de negociación.

Las cifras del último informe de la Fundación Ideas para la Paz, una ONG que monitorea el impacto del conflicto, son contundentes. Entre julio de 2024 y junio de 2025, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron 140%, al pasar de 77 a 185 casos. En ese mismo período, los ataques contra la fuerza pública crecieron 111%, con un total de 295 incidentes, mientras que el número de uniformados asesinados o heridos se incrementó un 65%, alcanzando los 833 afectados.

"Esta tendencia refleja la reactivación de la confrontación directa contra el Estado, ya no con el objetivo de tomarse el poder, sino como una forma de exhibir fuerza militar y demostrar capacidad para afectar y contener a la Fuerza Pública", dice el informe.

Entre julio de 2024 y junio de 2025, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron 140%, al pasar de 77 a 185 casos. En ese mismo período, los ataques contra la fuerza pública crecieron 111%, con un total de 295 incidentes, mientras que el número de uniformados asesinados o heridos se incrementó 65%, alcanzando los 833 afectados Entre julio de 2024 y junio de 2025, los ataques contra infraestructura y bienes civiles aumentaron 140%, al pasar de 77 a 185 casos. En ese mismo período, los ataques contra la fuerza pública crecieron 111%, con un total de 295 incidentes, mientras que el número de uniformados asesinados o heridos se incrementó 65%, alcanzando los 833 afectados

Añade que "este repunte de violencia también refleja la falta de control territorial y de disuasión por parte de las instituciones de seguridad. Los datos evidencian que los grupos armados no solo se han reconfigurado, sino que tienen mayor capacidad ofensiva".

Son terroristas

Tras los ataques en Cali y Antioquia, Petro anunció que califica como organizaciones terroristas a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo, una de las principales estructuras criminales del país.

"He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias 'Iván Mordisco' son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas, perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá", afirmó el presidente.

La decisión de Petro se produce pocos días después de que The New York Times revelara que el presidente estadounidense Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza operaciones militares, tanto en territorio nacional como en el extranjero, contra grupos narcotraficantes clasificados como organizaciones terroristas.

En esa lista, elaborada por el Departamento de Estado, ya figuran tres actores armados colombianos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC —en sus vertientes de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, y del Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco—, además del Clan del Golfo. En ese contexto, el anuncio de Petro podría interpretarse como un movimiento que busca sintonía con la política de seguridad de Washington.

A través de su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos en Colombia indicó: "Reiteramos nuestra solidaridad con el digno pueblo colombiano ante los recientes ataques terroristas. Condenamos enérgicamente los actos de violencia en Amalfi, Cali, y Florencia (una población del Caquetá donde explotó un artefacto explosivo), y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz en Colombia".

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Diálogo con el Clan del Golfo

El anuncio de Petro de que considera organizaciones terroristas a las disidencias de las FARC y al Clan del Golfo coincide con los preparativos de su Gobierno para retomar el diálogo con esta última estructura, considerada hoy la organización criminal más poderosa del país. Las conversaciones tendrían lugar en Qatar, en el Medio Oriente, y el propio Petro confirmó el inicio de los acercamientos el pasado 8 de agosto.

"El Clan del Golfo es hoy el grupo armado más grande de Colombia, con mayor capacidad de expansión en los últimos años, con gobernanza criminal e incidencia en cerca de 300 municipios", dice en un análisis la Fundación Ideas para la Paz y añade que "tiene un portafolio diverso de rentas criminales, y es el mejor ejemplo de un grupo que combina una estructura típica de crimen organizado y una de ejército irregular".

Agrega que, de acuerdo al último conteo de la Fuerza Pública, realizado en julio de 2025, el Clan cuenta con más de 9.500 integrantes, una tercera parte de ellos organizados como ejército irregular y los demás como "puntos", "redes de apoyo" o "componente criminal focalizado". Está estructurado en un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 40 frentes.

Colombia - Acción contra el Clan del Golfo - Ministerio de Defensa.jpg

Gerson Arias, investigador de la Fundación, indica en el reporte que "el Clan llega a este nuevo acercamiento con una correlación de fuerzas a su favor. El grupo está muy fortalecido militarmente y en proceso de expansión. Entre el año 2018 y 2025 sus integrantes han aumentado en un 165%, es decir, ni el gobierno Duque ni el gobierno Petro han podido contener su expansión".

Paz electoral

Con el inicio, aunque informal, de la campaña electoral y a medida que el gobierno de Petro entra en su último año, los temas de paz y seguridad han escalado al centro del debate político, no solo por la coyuntura sino por el peso de estos temas en la agenda pública.

En este contexto, la Fundación Ideas para la Paz considera que la Paz Total "corre el riesgo de transformarse progresivamente en una Paz Electoral, es decir, en una estrategia orientada a generar réditos políticos y no a consolidar procesos de diálogo con un horizonte claro de cierre".

"En esta etapa final, es de esperar que el Gobierno pedirá celeridad a las delegaciones para seguir anunciando acuerdos y mostrar resultados, lo que podría debilitar aún más su posición en las mesas de negociación y derivar en nuevas concesiones sin contraprestaciones claras, o en acuerdos difíciles de cumplir", agrega.

Esta dinámica no solo puede incentivar a los grupos armados a instrumentalizar las mesas como espacios de ganancia táctica, como ya viene ocurriendo, sino que también erosiona la confianza de las comunidades y de la opinión pública en la salida negociada. Y, desde luego, deja enormes retos para el próximo gobierno", sostiene el análisis de la Fundación.

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