Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial por el partido de derecha Centro Democrático, murió tras permanecer dos meses en terapia intensiva, luego de haber sido baleado el 7 de junio en Bogotá. Su asesinato marca un punto de quiebre en el escalamiento de una violencia que dejó de golpear exclusivamente a líderes locales y, por primera vez en mucho tiempo, alcanzó a un aspirante presidencial en pleno año electoral.
Los tres disparos que derribaron a Uribe durante un acto de campaña confrontan a Colombia con el asesinato de mayor repercusión política en más de tres décadas. En 1989, Luis Carlos Galán fue acribillado en plena carrera presidencial; al año siguiente, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro fueron asesinados por sicarios. Desde entonces, ningún aspirante presidencial había sido silenciado, aunque la violencia nunca dejó de operar como una amenaza persistente.
En distintos territorios, la violencia es una realidad cotidiana. Las amenazas, los ataques y los desplazamientos se repiten con frecuencia, afectando a comunidades cuya participación política queda condicionada por el peso del conflicto armado, el narcotráfico y la corrupción.
Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -organización que desde 1984 monitorea temas de derechos humanos en Colombia- advierte en un análisis publicado tras el atentado contra Uribe que "aunque algunos insistan en que vivimos en una democracia plena, lo cierto es que aquí aún se arriesga la vida por ejercer la política".
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AFP
"Entre 2016 y 2024, al menos 74 candidatos a cargos de elección popular fueron asesinados, según un consolidado de datos que hemos revisado. De ellos, 53 eran candidatos al concejo municipal, la mayoría en zonas rurales o municipios intermedios. Nueve eran mujeres, muchas de ellas con procesos comunitarios o de base", destaca González.
"No estamos hablando de figuras nacionales con esquemas de protección, sino de liderazgos locales que se enfrentan a diario al abandono estatal, la violencia criminal y la intolerancia política", agrega.
González señala que muchas de las víctimas no solo aspiraban a cargos públicos, sino que también ejercían como líderes comunales, defensores de sus territorios, activistas ambientales o voceros de sus comunidades. En varios casos, acompañaban procesos sociales o respaldaban candidaturas regionales más amplias, lo que los convertía en blancos especialmente vulnerables.
La Fundación Paz y Reconciliación, que monitorea la violencia en Colombia, informó en marzo que entre el 28 de diciembre de 2024 y el 28 de febrero de 2025 se registraron 24 hechos de violencia política. Estos incluyen 5 asesinatos, 5 atentados, un secuestro y 12 amenazas, afectando a concejales, alcaldes, gobernadores y miembros de partidos políticos.
Impacto en la campaña
El asesinato de Miguel Uribe ocurre en un momento marcado por la creciente polarización política y el deterioro de la seguridad. Que uno de los principales referentes de la oposición haya sido atacado en pleno centro de Bogotá no solo revela fallas graves en los esquemas de protección, sino que anticipa un escenario aún más incierto para la campaña en las regiones, donde el avance de los grupos armados irregulares -pese a tres años de política de paz total- ha reforzado su capacidad de control y amenaza.
Mauricio Velásquez, profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, afirmó en declaraciones a El Tiempo que "el atentado evidencia una persistente debilidad institucional para garantizar la seguridad de los candidatos". "Estamos ante un hecho inédito: la izquierda, que ha sido históricamente víctima de violencia política -y en varios de estos magnicidios los casos han sido tipificados como crímenes de Estado-, ahora debe ser quien ofrece las garantías para la oposición", apuntó.
El senador y precandidato a la presidencia colombiano Miguel Uribe Turbay. EFE.webp
Uribe en una manifestación en Bogotá en 2024
EFE
El Gobierno ha intentado restarle gravedad al asesinato de Uribe, pese a que el país atraviesa un calendario electoral decisivo: el 8 de marzo de 2026 se renovará el Congreso y el 31 de mayo se elegirá al próximo presidente de la República.
Ante la pregunta de periodistas sobre la seguridad de los candidatos, el jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, Alfredo Saade, afirmó: "La actividad política siempre tiene un riesgo. Yo no creo que esto haya aumentado el miedo a los candidatos, como dicen algunos. Toda actividad tiene un riesgo: manejar bicicleta tiene un riesgo de caerse, tropezarse, porque lo atropelle un vehículo".
"Más en nuestra actividad pública en un país tan convulsionado, no de ahora, sino en los últimos 20 años de muerte, guerra, asesinatos y de sacar al adversario como sea del camino", añadió Saade.
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, expresó su rechazo a estas declaraciones: "No puedo creer que ni hoy tengan un poco de respeto y altura. Que asco y que cinismo", escribió en la red social X.
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Golpe al relevo político
El asesinato de Uribe no solo sacude el tablero político colombiano por su gravedad institucional, sino que representa un golpe directo al liderazgo joven. Con apenas 39 años, Uribe encarnaba una nueva generación de políticos formados, visibles y con ambición de disputar el centro del debate nacional. Su muerte interrumpe una carrera en ascenso y deja un vacío en un espacio donde la renovación suele ser lenta.
Abogado de la Universidad de Los Andes con maestría en Administración Pública en Harvard, Uribe inició su carrera política a los 25 años como concejal de Bogotá por el Partido Liberal. Desde entonces, se posicionó como una figura crítica del entonces alcalde Petro y como una promesa emergente de la derecha. Fue secretario de Gobierno bajo Enrique Peñalosa, candidato a la Alcaldía en 2019, y senador desde 2022 por el Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe.
En octubre de 2024 anunció su precandidatura presidencial para 2026, con un discurso centrado en la seguridad y la defensa institucional. Su historia personal, marcada por el asesinato de su madre Diana Turbay en 1990, reforzaba su narrativa contra la violencia.
"Miguel Uribe representaba una renovación de la derecha, en la que se podía ser de esta corriente, pero sin esgrimir un discurso violento o que apelara exclusivamente al ejercicio de la fuerza como elemento fundamental y sustancial de la estructura social", explicó Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política, a El Tiempo.
