Maduro y Flores fueron capturados en Caracas el pasado 3 de enero durante un operativo militar estadounidense y trasladados al Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Allí enfrentan cargos de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y delitos relacionados con armas. El exmandatario y su esposa se declararon inocentes de todas las acusaciones.
Maduro es trasladado al tribunal donde es juzgado en Nueva York
EFE
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York actúa en estrecha coordinación con la División de Operaciones Especiales de la DEA, que desempeñó un papel central en la investigación que respalda las acusaciones. A esa labor se sumaron agentes del Departamento de Seguridad Nacional.
La semana pasada, los abogados de Nicolás Maduro, Barry Pollack, y de Cilia Flores, Mark Donnelly, presentaron una moción en la que reiteran que el gobierno de Estados Unidos ha impedido que el Estado venezolano cubra los gastos de la defensa. Según sostienen, esa decisión priva a sus clientes del derecho a elegir a sus propios abogados. Por ello, solicitaron al juez que desestime los cargos.
Estados Unidos, que desde 2019 considera a Nicolás Maduro un gobernante ilegítimo, mantiene sanciones que limitan las operaciones y transacciones con el gobierno venezolano. La única instancia capaz de autorizar excepciones es la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, que puede emitir licencias especiales para permitir pagos o mover fondos.
En un escrito presentado el 9 de enero, Barry Pollack señaló que la OFAC había emitido una licencia que permitía a la defensa recibir fondos desde Venezuela. Sin embargo, menos de tres horas después, la oficina revocó la autorización y prohibió que el gobierno venezolano asumiera el pago de los abogados.
Los fiscales
La Fiscalía rechaza que exista una violación a la Sexta Enmienda, que garantiza a todo acusado el derecho a contar con asistencia legal adecuada en un juicio penal. Los fiscales sostienen que “para que se produzca una violación de la Sexta Enmienda, la injerencia del Gobierno debe ser ilegítima y estar dirigida de forma deliberada o intencionada a socavar la defensa en el juicio”. Añaden que la negativa de la OFAC responde a razones legítimas de política exterior y seguridad nacional.
Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores. AP
Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.
AP
En cuanto a la licencia otorgada en primera instancia por la OFAC para permitir que el Estado venezolano cubra los costos de la defensa, afirman que se trató de “un error administrativo” y recalcan que el impedimento “responde a un propósito legítimo y convincente del gobierno”. Agregan que Maduro y Flores debieron prever esta situación, ya que al estar sancionados era razonable esperar que Washington bloqueara cualquier intento de financiamiento desde Caracas.
La Fiscalía insiste en que los acusados no quedan desprotegidos, pues cuentan con la opción de defensores públicos financiados por el Estado. Desde su punto de vista, por estas razones la negativa de OFAC no invalida el proceso ni justifica la desestimación de los cargos.
La defensa insiste en que la negativa del gobierno estadounidense a permitir que Venezuela financie los honorarios viola de manera directa el derecho constitucional de sus clientes a escoger abogado. Subrayan que “es el hecho de la injerencia del gobierno lo que provoca la privación constitucional”, destacando que la intención detrás de la medida es irrelevante: lo que importa es la interferencia misma.
barry-polack
Barry Pollack
Además, Pollack y Donnelly remarcan que los fondos bloqueados no están “contaminados”, es decir, no provienen de actividades ilícitas, y que impedir su uso coloca a los acusados en una situación de indefensión. Asimismo, cuestionan la explicación oficial de que las licencias iniciales fueron un “error administrativo” y sostienen que los defensores públicos no constituyen un sustituto válido del derecho a elegir abogado.
Para reforzar su posición, Pollack y Donnelly recuerdan que la jurisprudencia estadounidense ha establecido que el gobierno no puede impedir el acceso a recursos legítimos destinados a la defensa legal. Subrayan que bloquear fondos que no provienen de actividades ilícitas vulnera de manera directa el derecho de los acusados a elegir a sus abogados y a preparar adecuadamente su defensa. En su escrito, insisten en que los defensores públicos no constituyen un sustituto válido de ese derecho fundamental.
La defensa recuerda que la Sexta Enmienda garantiza a todo acusado el derecho a contar con la asistencia de un abogado de su elección y sostiene que la revocación de las licencias por parte de la OFAC ha interferido directamente con ese derecho en el caso de Maduro y Flores. Por ello, solicitan al tribunal que desestime la acusación en su contra y, en su defecto, que convoque a una audiencia probatoria sobre la moción.
Además de evaluar la moción de la defensa, en la próxima audiencia el juez revisará el avance del procedimiento de revelación de pruebas —el llamado Discovery— que se desarrollará bajo estricta confidencialidad. El proceso continúa aún distante de la etapa en que el tribunal examine las evidencias y determine la culpabilidad o inocencia de los acusados.
