La CIDH alerta sobre las misiones médicas de Cuba: evidencias de servidumbre y trata de personas
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un revelador informe que muestra el lado B de las misiones médicas de Cuba. Lo hizo en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami. El trabajo cuenta con 71 testimonios directos y revela que las misiones generan divisas al régimen al costo de graves violaciones a los derechos humanos.
Un nuevo escándalo sacude a las misiones médicas internacionales de Cuba tras una contundente denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El informe de la CIDH advirtió sobre graves violaciones a los derechos humanos de los profesionales de la salud que integran las misiones. ¿Cuáles? Por ejemplo, la retención de salarios, confiscación de pasaportes y amenazas de cárcel para quienes decidan abandonar el programa.
“Las misiones médicas cubanas son una fuente de divisas del régimen y ese dinero —cobrado por una empresa estatal— no llega necesariamente a los médicos”, señaló ante El Observador USA el presidente de la Comisión, Stuardo Ralón Orellana.
La investigación cuenta con 71 testimonios directos de trabajadores de la salud cubanos que relataron su cruda situación. Lo hicieron bajo condición de anonimato por temor a represalias del régimen de Miguel Díaz-Canel.
La presentación se realizó en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, ubicado en Miami, a pocos minutos del downtown. El jurista guatemalteco Ralón Orellana encabezó el acto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tituló el informe Derechos laborales del personal sanitario en misiones médicas provenientes de Cuba. La CIDH forma parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Es su brazo defensor de los derechos humanos.
“Hay testimonios que describen retención de pasaportes, amenazas de cárcel, prohibiciones de regreso por hasta ocho años y aislamiento: prácticas que limitan la movilidad y la libertad de los profesionales”, destacó Ralón Orellana.
La mayoría de los médicos cubanos no tienen las necesidades básicas satisfechas. Ellos quieren mejores económicas y algunos quieren que se eliminen las brigadas médicas directamente", señaló Oscar Casanella, del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Casanella es hijo de una médica cubana y se quebró al hablar sobre la situación de su madre. "Hay que denunciar el sufrimiento y la tragedia que esto implica para los médicos y los familiares de estas víctimas", aseguró.
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Para el nuevo presidente de la Comisión, los salarios retenidos, la coacción, trabajos ajenos a la labor médica y el aislamiento son conectores de trabajo forzado y apuntan a la figura jurídica de la trata de personas.
"Esta práctica debería evaluarse a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derecho laboral, sindical y de movilidad humana", señaló María Claudia Pulido, abogada colombiana de derechos humanos y secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la presentación, Pulido agregó que el mensaje de alarma que da la CIDH va dirigido tanto al Estado cubano como a los países que reciben a los profesionales de la salud.
El documento fue elaborado junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). El texto analiza a fondo la vulneración de derechos laborales, sindicales y de movilidad humana que enfrentan los trabajadores sanitarios desplegados por el régimen cubano.
Médicos Cubanos. AP
AP
Cómo son las misiones de médicos cubanos
Iniciadas en la década del 60 bajo el régimen de Fidel Castro como una herramienta de solidaridad y propaganda exterior, estas misiones adoptaron un perfil lucrativo a partir de los años 90. Según el informe de la CIDH, hoy representan la principal fuente de divisas de Cuba: solo en 2022 generaron 4.882 millones de dólares, lo que equivale al 69% de las exportaciones de servicios del país caribeño.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos citadas en el informe, los profesionales sanitarios perciben apenas entre el 2,5% y el 25% del monto que los países receptores abonan a Cuba, mientras que el Estado retiene el resto. Como resultado, la CIDH concluye que el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida".
"Me daban un pequeño estipendio (cuatro dólares) y con eso no podía comprar nada. No me alcanzaba para azúcar y café (…) Solo hacía una comida al día", relató al organismo uno de los 71 profesionales entrevistados, cuya identidad fue protegida por temor a retaliaciones.
Miguel Diaz-Canel, presidente de Cuba. AFP
Temor a represalias
En un comunicado de prensa, la comisión reconoció la "relevancia de la labor desempeñada por el personal de salud en la provisión de servicios esenciales para poblaciones vulnerables". No obstante, advirtió que su informe identifica prácticas que constituirían vulneraciones a los derechos humanos, agravadas por indicios de que la participación de los profesionales no siempre es voluntaria, sino que responde a contextos de coacción, amenazas o temor a represalias.
El informe detalla un sistema de presiones diseñado para evitar que los profesionales abandonen sus puestos antes del plazo fijado. Aquellos que desertan se exponen a ser declarados desertores o emigrados, lo que conlleva la pérdida inmediata de todos sus derechos en Cuba, incluyendo la propiedad de sus viviendas, y posibles represalias contra sus familiares.
Según el Código Penal cubano, el abandono de una misión se castiga con penas de tres a ocho años de cárcel y la prohibición de regresar al país durante casi una década. Para garantizar este control, la CIDH documentó que el Estado confisca los pasaportes del personal al aterrizar y retiene sus ingresos en cuentas bancarias congeladas en la isla, a las que solo pueden acceder si completan el programa.
CUBA
La Habana
EFE
Situaciones compatibles con trabajo forzoso y trata de personas
La CIDH entrevistó a participantes en misiones de 10 países de América (Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela) y de África, Medio Oriente y Asia. El 83% de los 71 testimonios que fueron recabados en países latinoamericanos proceden de Venezuela, uno de los países que más ha recurrido a las misiones cubanas desde 2003.
“Los estados receptores no pueden deslindarse: tienen la obligación de verificar condiciones laborales, establecer canales de denuncia e inspección; no pueden decir ‘yo no sabía’”, señaló el presidente de la CIDH ante este medio.
Varios de los entrevistados por la comisión denunciaron extensas jornadas laborales, con guardias y horas extraordinarias no remuneradas y obligatorias, a las que, en ocasiones, se suma la obligación de desempeñar "tareas de carácter político" y labores docentes.
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Además, los profesionales entrevistados denunciaron que el personal de estas misiones tiene prohibido relacionarse libremente tanto con ciudadanos locales como con cubanos residentes en el país de destino.
A la luz de estos elementos, el organismo ve indicios compatibles con situaciones de trabajo forzoso y, en algunos casos, de trata de personas en las misiones médicas internacionales.