A partir del próximo 26 de abril, entrarán en vigor en El Salvador las reformas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Legislativa que, entre otras medidas, autorizan la posibilidad de otorgar prisión perpetua para menores a partir de los 12 años. La medida, que rompe definitivamente con el modelo tradicional de justicia juvenil, se enmarca en una profunda reforma constitucional impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, en medio de fuertes advertencias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.
La reforma constitucional ya ratificada establece que la cadena perpetua será aplicada a las personas que sean condenadas por delitos como homicidio, feminicidio y violación. Según el Diario Oficial, esta busca frenar la criminalidad organizada mediante la obligatoriedad de esta condena para menores de edad, hasta ahora reservada únicamente a adultos.
La entrada en vigor de la reforma también va a generar modificaciones estructurales en otras leyes como el Código Penal, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo y la Ley Penal Juvenil.
Las modificaciones también incluyeron la Ley Orgánica Judicial, ya que convierten juzgados de menores en tribunales de lo criminal, que tendrán la responsabilidad de estudiar los casos en los que aplique la cadena perpetua.
A diferencia de la cadena perpetua absoluta aplicada a los adultos, la nueva legislación establece una revisión obligatoria para los menores tras cumplir 25 años de cárcel. Según los detalles de la reforma, este plazo constituye la primera instancia legal para evaluar una posible libertad condicional.
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Migrantes deportados por EEUU en el Cecot de El Salvador
AP
Antes de esta modificación, las penas máximas de internamiento eran significativamente menores: los adolescentes de 12 años enfrentaban hasta 10 años por delitos como homicidio o secuestro, mientras que para los mayores de 16 el límite era de 15 años. En casos vinculados a organizaciones terroristas, la sanción máxima permitida alcanzaba los 20 años.
La reforma al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil establece: “En el caso de los delitos cuya pena sea la prisión perpetua, se impondrá esta”.
Organismos de DDHH exigen una revisión de la reforma
Tanto el Comité de los Derechos del Niño como UNICEF manifestaron su "profunda preocupación" tras la ratificación de estas reformas. En un comunicado conjunto emitido a finales de marzo, los organismos subrayaron que el sistema de justicia debe "priorizar la rehabilitación y la reintegración social" de los menores. Asimismo, recordaron que, bajo los estándares internacionales, la privación de libertad debe ser utilizada únicamente como "último recurso y durante el menor tiempo posible".
Por su parte, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al Gobierno salvadoreño a realizar una "revisión pronta" de las reformas constitucionales, que calificaron de "preocupantes", advirtiendo que la nueva normativa entra en contradicción directa con los tratados y normas internacionales.
Centro de Confinamiento del Terrorismo desde lejos de noche - Foto cedida por el Gobierno de El Salvador.jpeg
Otras reformas polémicas
La sanción de la reforma ocurre en medio de otras modificaciones constitucionales en El Salvador que despertaron fuertes cuestionamientos. Desde que el presidente Nayib Bukele declaró la "guerra contra las pandillas" y el estado de excepción en marzo de 2022, el país navegó entre una drástica reducción de la violencia y constantes críticas por la fragilidad de sus instituciones democráticas.
Entre los cambios más polémicos destaca el proyecto para eliminar los límites al mandato presidencial, una maniobra que le permite al presidente salvadoreño extender su gestión indefinidamente. Esta tendencia encendió las alarmas de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos, quienes advierten sobre los riesgos de retroceso institucional y eventuales impugnaciones judiciales.
Actualmente, bajo un estado de emergencia que ya cumple cuatro años, El Salvador mantiene suspendidas diversas garantías constitucionales. Este marco legal facilitó el encarcelamiento de más de 90.000 personas, una política de detenciones masivas cuestionada por organismos globales, a pesar de que el Ejecutivo asegura haber liberado a cerca del 10% de los detenidos.
Más allá de las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos y detenciones arbitrarias, El Salvador logró un desplome histórico en sus tasas de homicidio. El gobierno de Bukele sostiene que esa reducción de la violencia es una de las razones por las que el presidente tiene una alta aprobación entre la ciudadanía. En su más reciente elección, en febrero de 2024, Bukele ganó con más del 80% de los votos.
