El pasado 17 de septiembre, tres influyentes congresistas demócratas exigieron a Marco Rubio y Todd Blanche explicaciones sobre el pacto petrolero con Venezuela. Legalmente, tanto el secretario de Estado como el fiscal general podían ignorar la carta. Sin embargo, si los republicanos pierden la Cámara de Representantes el próximo martes, los firmantes —Robert Garcia, Gregory Meeks y Jared Huffman— pasarían a presidir comisiones clave en el Congreso y obtendrían la facultad de citar a declarar a los miembros del gabinete bajo juramento.
La advertencia sobre el pacto petrolero es apenas la punta del iceberg de una agenda de fiscalización más profunda. Si la oposición toma el control del Capitolio en las midterms —los comicios de mitad de mandato que decidirán la mayoría en el Congreso—, las comisiones legislativas alistan una ofensiva coordinada sobre dos líneas rojas de la Casa Blanca en Venezuela: la custodia opaca de miles de millones de petrodólares en cuentas del Tesoro y la entrega de activos estratégicos a empresarios controvertidos.
Todd Blanche fiscal general de EEUU
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Tras derrocar a Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump acordó con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, un tutelaje en el que el flujo de petrodólares del país se deposita en una cuenta bajo supervisión del Departamento del Tesoro. Diez meses después, nada se sabe sobre los montos ni los usos del dinero.
En una carta previa a la de los representantes, los senadores demócratas Ron Wyden, Elizabeth Warren y Sheldon Whitehouse señalaron al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y a Marco Rubio que "durante meses no han explicado dónde ha ido ese dinero ni si han implementado salvaguardas para evitar la malversación de los fondos de Venezuela o una posible corrupción de la administración Trump al dirigirlos a personas políticamente favorecidas".
Durante su comparecencia en la Cámara de Representantes el pasado 15 de septiembre, Scott Bessent afirmó que no podía precisar el monto proveniente de la venta de activos venezolanos que ha pasado por las cuentas bajo supervisión del Departamento del Tesoro. "No voy a dar a conocer esa cantidad", contestó ante la pregunta del representante demócrata por Illinois Sean Casten.
Ante la insistencia de Casten, Bessent admitió que el control no se limita a las ventas de petróleo, sino que abarca otros activos venezolanos como el oro. Sin embargo, al ser consultado sobre si esos fondos están fluyendo hacia personas o corporaciones de Estados Unidos, el secretario aseguró no tener conocimiento de ello y reconoció no poder certificarlo.
Scott Bessent secretario del Tesoro
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La falta de certezas choca con el compromiso formal de transparencia esgrimido por la Casa Blanca. Aunque la administración Trump afirmó haber otorgado un contrato a la firma KPMG para realizar auditorías trimestrales sobre las cuentas, hasta la fecha los informes no han sido remitidos al Capitolio ni se ha hecho público balance alguno.
La opacidad es compartida en Caracas. Mientras el portal oficial habilitado por el gobierno de Delcy Rodríguez solo reconoce ingresos marginales por 300 millones de dólares, Transparencia Venezuela calcula que al país le correspondían entre 6.353 y 8.162 millones durante la primera mitad del año.
El acuerdo energético
Junto al flujo de petrodólares, los demócratas han puesto el foco en el acuerdo petrolero con el que la administración Trump puso en práctica una nueva visión para controlar los recursos naturales estratégicos en el hemisferio occidental. El pacto le asegura a Estados Unidos el 20% del petróleo que extraiga North American Blue Energy Partners (NABEP) a precio de costo, muy por debajo del mercado.
La empresa, dirigida por el venezolano Alejandro Betancourt, operará 17 campos que concentran la quinta parte de las reservas del país, mientras que el Pentágono asumirá el 35% de las acciones de la compañía.
Betancourt es una figura controvertida que ha enfrentado investigaciones por corrupción y presunto lavado de dinero en Venezuela, España y Suiza. Según la ONG Transparencia Venezuela, una de sus empresas, Derwick Associates, se benefició de sobreprecios en contratos asignados sin licitación durante el gobierno de Hugo Chávez para la construcción de plantas eléctricas.
Balancín petrolero en Venezuela
EFE
En su carta a Rubio y Blanche, los representantes demócratas exigieron la entrega inmediata del texto íntegro del acuerdo con NABEP y los informes de antecedentes que justificaron asociar al Pentágono con Betancourt. Asimismo, reclamaron esclarecer el papel del Departamento de Justicia y si existieron gestiones de altos cargos de Washington ante autoridades europeas para frenar los procesos judiciales contra el empresario venezolano y facilitar su rol en las negociaciones petroleras.
De consolidarse la mayoría opositora en la Cámara de Representantes, las comisiones de Supervisión, Asuntos Exteriores y Recursos Naturales tendrían la potestad de sustituir estas solicitudes por órdenes judiciales de entrega de documentos y citaciones bajo juramento para los funcionarios involucrados.
Reservas estratégicas
Si bien la fiscalización del Congreso añadirá presión al gobierno, la visión estratégica de la Casa Blanca de asegurarse el acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y minimizar la presencia de China y Rusia luce imperturbable.
Durante una conferencia de prensa el pasado 26 de octubre, Marco Rubio justificó la alianza con NABEP al asegurar que la mayoría de los 17 campos petroleros a explotar estaban previamente bajo la órbita de corporaciones de China o Rusia. Para el jefe de la diplomacia estadounidense, el pacto otorga a Washington una ventaja decisiva: "Nos da acceso básicamente a una reserva a la que, en tiempos de crisis o necesidad, tendríamos acceso".
Rubio también blindó los términos legales del contrato y desestimó las críticas de la líder opositora María Corina Machado, quien ha señalado los vínculos de Betancourt con los esquemas de corrupción del régimen chavista. "Ella no tiene que estar de acuerdo ni gustarle", respondió el secretario de Estado, argumentando que el acuerdo se ajustará a las leyes de lavado de dinero de los tribunales estadounidenses y que era preferible que esos yacimientos quedaran en manos de socios de Washington antes que bajo la influencia de Moscú o Pekín.
Fin del reinado
Más allá de la batalla por los escaños en el Capitolio, las elecciones de mitad de mandato marcarán el inicio formal de la carrera por la presidencia de Estados Unidos en 2028. Este cambio de ciclo introduce una dinámica de reloj de arena que podría impactar la estrategia de Washington hacia Caracas.
James Bosworth, autor de Latin America Risk Report, explica en un análisis que la condición de Trump como mandatario en salida se consolidará en los pasillos de Washington a medida que se acerque enero de 2029, pero ese declive suele desatar un efecto contraintuitivo.
"Los presidentes de segundo mandato sin mayorías en el Congreso tienen más probabilidades de enfocarse en la política exterior porque allí gozan de mayor independencia", sostiene. En ese contexto, la Casa Blanca buscará acelerar sus intervenciones y consolidar acuerdos en el hemisferio occidental, aun cuando los gobiernos de la región actúen "mirando el reloj, sabiendo que el final está a la vista", agrega.
Al mismo tiempo, Bosworth sitúa al secretario de Estado en el epicentro de las especulaciones políticas hacia 2028. "Una de las grandes preguntas para la política hacia América Latina es si Rubio decide postularse, lo que probablemente significaría su salida de su cargo actual", advierte. Un eventual salto de Marco Rubio al ruedo electoral forzaría un relevo anticipado en la diplomacia estadounidense y alteraría los equilibrios de poder que hoy sostienen la controvertida hoja de ruta de la Casa Blanca en Venezuela.
El propio Rubio reconoció implícitamente esa premisa temporal al fijar los plazos del proceso venezolano: "En el mejor de los casos, estaré en este puesto por dos años y dos meses más. Por lo tanto, claramente tengo la intención de ver esto culminado mucho antes de dejar este cargo". La gran incógnita a partir del próximo martes es si el desenlace de las midterms y el previsible asedio del Congreso alterarán ese calendario.