La persona citada no llegó al downtown de Miami. No subió por el ascensor del edificio Wilkie D. Ferguson Jr, una mole de cemento y vidrio con la bandera de los bastones y las estrellas en la puerta. Lo esperaba un grand jury de 23 personas en un salón donde, cada jueves, el grupo se suele reunir. Ese jurado no vino especialmente este jueves soleado de casi 30 grados para tratar el caso de la AFA. La aclaración es importante: el grand jury no se armó ad hoc para decidir si la investigación amerita saltar a la instancia del juicio y las acusaciones.
Según averiguó este medio, los estadounidenses se reúnen los jueves en la Corte Federal del Sur de Florida para escuchar testimonios sobre distintos casos. Hoy, uno era el que involucra a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.
Pero la persona citada decidió no presentarse. ¿Era la única llamada a declarar? Sí, según le confirmó a El Observador USA una persona que conoce bien el procedimiento judicial del Miami. ¿Qué significa su faltazo? Existen dos posibilidades: la más improbable es que simplemente se haya ausentado, en resistencia a colaborar con el procedimiento. Eso lo pondría en serios problemas con la justicia federal de EEUU.
La otra opción es que se encuentre colaborando con los investigadores del Sur de Florida, del FBI y del Departamento de Justicia. Es la alternativa más probable. Es la situación que está ocurriendo ahora mismo, según aseguró una fuente a este medio. ¿Qué dirá esa persona, qué información brindará para que la investigación preliminar evolucione a juicio, señalará posibles responsables de delitos vinculados al lavado de activos y fraude bancario? Son todas preguntas válidas y que circulan a la velocidad de la luz entre abogados, empresarios, proveedores, asesores y allegados a la AFA.
El testigo de identidad desconocida había sido citado en el marco de las investigaciones por la posibilidad de que se hayan cometidos diversos delitos en el manejo de cuentas en Estados Unidos de empresas vinculadas a la AFA.
Se trata de investigación preliminar sobre la empresa TourProdEnter LLC, presuntamente empleada por la AFA como su agente comercial fuera de Argentina, donde los tribunales también llevan adelante un caso contra el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, así como contra otros directivos por supuesto desvío de fondos.
Antes del inicio del Mundial, el diario Miami Herald afirmó que, tras una revisión de registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, unos 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA habrían pasado por TourProdEnter hacia empresas sin una justificación comercial aparente.
El diario precisa que, con parte de esos recursos, un matrimonio del sur de Florida vinculado a TourProdEnter adquirió entre 2021 y 2025 cuatro propiedades en zonas residenciales de alto valor.
Los investigadores analizaron si estas operaciones podrían constituir lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagaron otros posibles destinos de los fondos, como alquiler de jets y yates de lujo, empresas de deportes de motor y una compañía dedicada a servicios para caballos pura sangre.
La investigación contra la AFA en Argentina
En Argentina, un juez acusó formalmente hace tres meses a la AFA, a Tapia y a otros directivos por evasión fiscal, una imputación que coincidió con denuncias del órgano futbolístico contra el gobierno de Javier Milei, al que señala de promover una persecución judicial en su contra.
Por esa causa, la justicia le impuso a Tapia un embargo por unos 250.000 dólares y limitó sus salidas del país, aunque lo dejó viajar al Mundial 2026, donde Argentina defendía el título ganado en Qatar 2022 y llegó nuevamente a la final, que finalmente perdió ante España por 1-0.
Según la investigación de los tribunales argentinos, la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, habría actuado como agente comercial internacional de la AFA, con representación exclusiva fuera de Argentina para la gestión de acuerdos de patrocinio y eventos, además de intervenir en el cobro de contratos en el exterior. Por estos servicios, percibía una comisión del 30% de los ingresos generados y otro 10 % por tareas logísticas.
La Justicia en Argentina busca determinar si los fondos provenientes de esos contratos podrían estar vinculados con la compra de una propiedad en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y sobre la que existen sospechas de haber sido adquirida mediante intermediarios por parte de Toviggino.
