Las imágenes de excavadoras tirando árboles y removiendo tierra en el Parque Nacional Big Bend, en Texas, generaron fuerte controversia en Estados Unidos en las últimas semanas. Las quejas de activistas y el rechazo tanto de políticos republicanos como demócratas llevó finalmente a la administración de Donald Trump a paralizar por el momento el proyecto de protección fronteriza, ubicado en una zona de difícil acceso, que normalmente desalienta los cruces irregulares de migrantes.
"Anoche ordené una pausa en toda actividad en ese parque, en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda ir allí y hacer una evaluación personal", dijo el comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, en un breve video publicado en X.
Scott añadió que durante los próximos dos días escuchará a "líderes locales, miembros de la comunidad y partes interesadas" para abordar lo que calificó como amenazas "reales" a la seguridad nacional mientras se protege el parque, ubicado en la frontera con México.
El proyecto de 1.700 millones de dólares contempla la construcción de barreras para vehículos, caminos de patrullaje, así como la instalación de iluminación y tecnología de detección en todo el parque, de más de 300.000 hectáreas, conocido por sus vistas espectaculares y su rica biodiversidad, que incluye cientos de especies de aves, linces rojos y osos negros.
El objetivo es frenar la inmigración irregular a lo largo de la frontera, en el marco de la dura política migratoria del republicano, que en su segundo mandato se ha apoyado principalmente en deportaciones masivas.
Las obras que generaron controversia
A principios de este mes, las excavadoras comenzaron las obras en las tierras públicas que combinan ecosistemas de desierto, río y montaña y que albergan el famoso Cañón de Santa Elena.
El gobierno de Trump había negado en un principio que estuviera llevando adelante la construcción. La CBP fijó su atención en el parque después de que el Congreso aprobara el año pasado la "big beautiful bill", que contemplaba 46.000 millones de dólares para la expansión del muro fronterizo. Para avanzar rápidamente con esta ampliación, la administración eximió al proyecto de cumplir con decenas de leyes ambientales.
Grupos ambientalistas registraron la semana pasada en video cómo avanzaban las excavadoras por el parque. Los activistas creen que se trataba del inicio de la construcción de una nueva carretera y de una de las cuatro barreras para vehículos previstas.
"Es simplemente devastador", dijo Laiken Jordahl, defensora de tierras públicas del Centro para la Diversidad Biológica. "Están construyendo con excavadoras una carretera completamente nueva a través del tramo más querido del parque", señaló, en declaraciones recogidas por The Guardian.
La oposición al proyecto
Uno de los argumentos de los que se oponen al proyecto es que, durante años, los acantilados, las cimas escarpadas y el clima desértico de la región funcionaron como disuasor natural.
En 2023 y 2024, las autoridades migratorias realizaron entre 100 y 125 detenciones anuales dentro de los límites del parque, según Bob Krumenaker, que fue superintendente y ahora dirige el grupo Keep Big Bend Wild, que busca preservar la naturaleza salvaje del parque. Se estima que esas cifras fueron aún menores en 2025, cuando los cruces ilegales por la frontera se desplomaron tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El senador republicano John Cornyn, quien perdió las primarias republicanas frente al fiscal general del estado, Ken Paxton, escribió al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para expresar sus preocupaciones sobre la construcción.
"Mis electores creen que los acantilados de 1.000 pies (304 metros) en la ribera y el terreno remoto de Big Bend ofrecen su propia fuente de disuasión para cualquier migrante ilegal que cruce hacia Estados Unidos. El terreno peligroso incluye montañas empinadas, cañones profundos y desiertos extensos que, según creen, actúan como una barrera natural que limita los movimientos a gran escala", escribió Cornyn, según recogió la agencia AP.
A la vez, los 14 jueces de condado de la frontera de Texas firmaron una carta abierta en la que apoyaron la seguridad fronteriza, pero pidieron soluciones más "prácticas". También cinco alguaciles de la región de Texas, tanto demócratas como republicanos, escribieron a funcionarios federales diciendo que la tecnología avanzada de vigilancia sería más adecuada para detener la migración de indocumentados en ese terreno escarpado.
"Este es uno de los lugares más inhóspitos de Estados Unidos", dijo Jake Knight, director ejecutivo de la Big Bend Protection Alliance, a la agencia AFP. "Es, literalmente, imposible atravesarlo, ya sea a pie o en vehículo, desde el otro lado hasta esta zona. Además, esto no responde a la voluntad de la gente de esta región", añadió.
