En medio de la dura política migratoria aplicada por Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca, Estados Unidos había suspendido en enero la tramitación de visas de residencia permanente para inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia. Una jueza federal anuló este viernes la medida, que consideró "contraria a la ley".
La jueza Jeannette Vargas, de un tribunal de Nueva York, determinó además que la suspensión del otorgamiento de estas visas excedía la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio. El fallo revierte cualquier denegación de visa aplicada sólo por esta política, que entró en vigor el 21 de enero, con lo que abre la posiblidad a que deban revisarse miles de solicitudes.
Trump con Marco Rubio durante una reunión de gabinete
AFP
Al anunciar la decisión en enero, el Departamento de Estado argumentó que se trataba de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables". "La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó en su momento.
La suspensión afectó específicamente a visas para extranjeros que quieren vivir en Estados Unidos, pero no para las de corto plazo como las de trabajadores temporales, estudiantes o turistas. La lista incluyó a 75 países, que representan casi el 40% del total mundial y ninguno de ellos europeo, entre los que estaban Brasil, Cuba, Colombia, Egipto, Guatemala, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Nicaragua, Rusia, Somalia, Uruguay o Yemen.
Qué dijo la jueza
La jueza Vargas dictaminó que se había ordenado indebidamente a los funcionarios consulares denegar visas basándose únicamente en el país de origen del solicitante, incluso cuando se había determinado que éste cumplía con los demás requisitos y contaba con medios para sostenerse en EEUU, lo que viola una ley que exige evaluaciones individualizadas.
Un cable interno del Departamento de Estado, hecho público como prueba en el caso, instruía a los funcionarios consulares a denegar visas incluso cuando los solicitantes presentaran "evidencia adicional que demostrara que superaban el criterio de 'carga pública' para la denegación".
"El resultado está predeterminado", escribió Vargas. "La visa será denegada", indicó, según recogió CNN. Según la magistrada, la política contraviene una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en la concesión de visas, así como una disposición separada que niega al secretario de Estado cualquier autoridad sobre la forma en que los funcionarios consulares deciden los casos individuales.
Entre los demandantes del caso hay seis ciudadanos estadounidenses que afirman que la prohibición del gobierno impidió que sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía recibieran visas para viajar a Estados Unidos. Otros demandantes son cinco profesionales de Colombia, entre ellos un ingeniero, un arquitecto y un endocrinólogo formado en Harvard, a los que se les rechazó la visa que solicitaban por trabajo y se les argumentó que se debía a esta política de Trump.
"La decisión de hoy es una victoria importante para los cientos de miles de familias de todo el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos por la prohibición de visas ilegal y discriminatoria de este gobierno", afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, una de las organizaciones sin fines de lucro y firmas privadas que representan a los demandantes, citado por The New York Times.
La política migratoria de Trump
El gobierno estadounidense puede apelar la decisión de la jueza Vargas, que fue nombrada en el cargo por Joe Biden.
Desde su regreso al poder, Trump priorizó la lucha contra la inmigración ilegal, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, pero también restringió significativamente la entrada legal de extranjeros. Varias de sus medidas más emblemáticas fueron anuladas por los tribunales.
A principios de junio, un juez federal anuló la tarifa anual de 100.000 dólares para las solicitudes de visas H-1B, otorgadas a los trabajadores calificados. La medida había representado un importante golpe para las compañías tecnológicas en Estados Unidos, que son las que recurren mayormente a este tipo de visados.
La Corte Suprema había bloqueado a fines de junio un decreto emitido por Trump apenas iniciado su segundo mandato que limitaba el derecho a la ciudadanía por nacimiento, al impedir que los hijos de inmigrantes indocumentados y residentes temporales nacidos en EEUU no fueran ciudadanos estadounidenses.
Ante el revés judicial, el presidente firmó hace un par de semanas dos nuevas órdenes ejecutivas enfocadas en lo que denomina "turismo de maternidad", que consiste en que una persona entre como turista a Estados Unidos para que su hijo nazca allí y reciba la ciudadanía, y en restringir el derecho de suelo en determinadas circunstancias.