"Tuvimos una decisión muy desafortunada de la Corte Suprema vinculada al derecho a la ciudadanía por nacimiento, así que estamos haciendo ajustes", dijo Trump ante la prensa en el Despacho Oval. "Esto fue pensado durante la Guerra Civil para los hijos de esclavos y ahora hay gente haciendo negocios con esto, gente rica, que está comprando el acceso (a la ciudadanía)", aseguró.
El presidente se refería así a la 14 Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recomponerse tras la Guerra Civil. "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", dice la ley.
El objetivo en ese momento era garantizar que las personas negras, incluidas las que solían ser esclavas, tuvieran ciudadanía, aunque la cláusula estaba redactada de manera más amplia. Desde entonces, fue aplicada prácticamente a todos los nacidos en EEUU, salvo hijos de diplomáticos extranjeros y a los nacidos de una fuerza extranjera de ocupación.
Al inicio de su mandato el año pasado, Trump hizo una interpretación muy distinta a la que se sostuvo durante más de 100 años de este derecho, considerado uno de los elementos constitutivos del país.
En el marco de su línea dura contra la inmigración y su campaña de deportaciones masivas, el decreto que emitió en ese momento establecía que el derecho se limitaba a aquellos con al menos uno de sus padres con ciudadanía o residencia permanente. Esto dejaba afuera a los hijos de inmigrantes sin papeles y de residentes temporales. Para el mandatario, la ciudadanía por nacimiento funcionaba como un "imán para la inmigración ilegal".
Protesta frente a la Corte Suprema a favor del derecho a la ciudadanía por nacimiento
AP
La decisión, cuestionada por organizaciones latinas en EEUU, fue rápidamente llevada ante la justicia, fue bloqueada por decenas de tribunales y nunca entró en vigor. Ante esto, Trump recurrió a la Corte Suprema, que finalmente, en un fallo dividido, revocó su orden ejecutiva. "La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a 'toda persona nacida libre en esta tierra'", escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. "Hoy mantenemos esa promesa", apuntó.
Las nuevas órdenes ejecutivas de Trump
Las nuevas órdenes ejecutivas del jueves tienen un alcance más limitado que el decreto del año pasado. En concreto, una de ellas amplía las circunstancias en que alguien nacido en el país de padres extranjeros no tiene acceso a la ciudadanía: cuando uno sea miembro de un grupo terrorista extranjero, empleado de un gobierno extranjero, haya intentado obtener la ciudadanía de manera fraudulenta o resida en territorios de EEUU en los que la ley federal no otorga la ciudadanía.
Por el momento, la última categoría aplica solo al territorio de Samoa Americana, aunque congresistas republicanos presentaron proyectos para modificar la ley que afectaría principalmente a los nacidos en Puerto Rico, que actualmente cuentan con la ciudadanía estadounidense.
El segundo decreto se refiere específicamente a lo que el gobierno considera "turismo de maternidad", cuando mujeres embarazadas viajan a EEUU para tener un hijo en el país. La orden busca limitar el derecho también en el caso de gestación subrogada.
"El turismo de maternidad es, por definición, un fraude al sistema estadounidense. Si le dices a un funcionario consular que estás aquí como turista, pero tu verdadero propósito e intención es acudir a una 'granja de bebés', dar a luz e intentar conseguir un ciudadano estadounidense mientras estás aquí, entonces estás cometiendo un fraude contra el Gobierno estadounidense", aseguró el asesor presidencial Stephen Miller. "Por definición, ese visado puede, debe y será denegado", manifestó junto a Trump en la Casa Blanca.
De acuerdo con la legislación vigente, un responsable de un consulado estadounidense puede denegar un visado a un no residente si sospecha que viaja al país para dar a luz.
"Esto pone fin a lo que ha sido uno de los abusos más graves y atroces del sistema estadounidense, y preserva el carácter sagrado de la ciudadanía estadounidense", afirmó Miller. Trump y funcionarios de su administración cuestionaron en diversas ocasiones lo que llaman "turismo de maternidad" e incluso acusaron a países rivales como Rusia o China de aprovecharse de la ley para infiltrarse en Estados Unidos.
No hay datos oficiales sobre cuántos de estos casos se registran anualmente en Estados Unidos. Un artículo de abril del Migration Policy Institute, un think-tank con sede en Washington, estimaba a partir de información del censo que entre 22.000 y 26.000 bebés nacen en el país en estas circunstancias.
Tanto ese artículo como otros críticos de los intentos de limitar la ciudadanía por nacimiento apuntaron que el llamado "turismo de maternidad" es "poco común" y recibe "una atención pública y un escrutinio legal desproporcionados" en relación con su magnitud, apuntó la revista Time. Para ponerlo en contexto, se estima que en Estados Unidos hubo un total de 3,6 millones de nacimientos en 2025.
Los desafíos legales y el rechazo a los decretos
Tal como ocurrió con la orden ejecutiva de 2025, se espera que los nuevos decretos sean llevados ante la justicia por diversas organizaciones.
Para Gabriel Chin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, aunque algunos aspectos de las órdenes ejecutivas podrían ser válidos, otros "plantean serias dudas constitucionales".
El especialista señaló que el presidente sí tiene cierta facultad para restringir la entrada de personas a Estados Unidos con el propósito específico de tener un hijo. "Pero una vez que eso ocurre, una vez que un niño nace en Estados Unidos, no creo que el presidente tenga ninguna facultad para decidir que ese niño no sea ciudadano", afirmó en declaraciones a la BBC, y agregó que el tema quedó zanjado con la reciente derrota de la administración de Trump ante la Corte Suprema.}
La decisión del máximo tribunal fue citada también por defensores del derecho a la ciudadanía por nacimiento como un argumento en contra de las nuevas medidas.
"La Corte Suprema ya se pronunció sobre este tema: la ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Constitución", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado. "Ninguna orden ejecutiva adicional puede cambiar el significado de la Constitución. Cualquier orden ejecutiva que intente reescribir la ciudadanía por nacimiento correrá la misma suerte que la anterior", consideró.
El argumento que han esbozado en general Trump y los miembros de línea dura MAGA contra el derecho a la ciudadanía por nacimiento es que, en medio del fuerte crecimiento de la población migrante en el país, los recién llegados y sus hijos aprovechan recursos que de otra forma serían para la población ya establecida.
Para algunas organizaciones, estos argumentos surgieron del nativismo, que defiende los intereses de los nativos por sobre los migrantes y son defendidos por racistas. "En nuestro manual sobre Cómo combatir el originalismo, lo llamamos un 'precedente negativo'", destacó Michael Waldman, presidente y CEO del Brennan Center for Justice, en una columna en la que defendió el derecho.
