"Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza la ley, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recomponerse tras la guerra Civil.
Según la nueva orden de Trump, los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Por eso, excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en EEUU y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estaban en el país legalmente, pero de forma temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.
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Trump firmó el decreto sobre el derecho a la ciudadanía en su primer día en la Casa Blanca
AFP
La medida, que prohíbe a los organismos federales reconocer la ciudadanía de las personas incluidas en esas categorías, entrará en vigor el 19 de febrero, si no es frenada antes por las disputas legales que se anticipan.
La reacción de la comunidad latina
"Esto no es sólo un ataque a la 14ª Enmienda, sino un ataque directo a los derechos fundamentales y la dignidad de nuestra comunidad. La ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido una piedra angular de la democracia estadounidense, asegurando que cada niño nacido en este país tenga los mismos derechos", manifestó Katherine Pichardo, presidenta y CEO de Latino Victory, una de las principales organizaciones dedicadas a fortalecer el poder político de los latinos a nivel nacional, en declaraciones a El Observador USA.
Pichardo, nacida en la República Dominicana y criada en Nueva York, consideró que "para la comunidad latina, las consecuencias son devastadoras".
"Esta decisión amenaza con crear niños apátridas, desestructurar familias y profundizar las barreras sistémicas a las que ya se enfrentan millones de latinos trabajadores. Es otra política divisiva dirigida a marginar a las familias inmigrantes y erosionar los cimientos de lo que hace fuerte a Estados Unidos", agregó.
La organización civil latina LULAC, la más antigua del país, también cuestionó la medida firmada por Trump y advirtió sobre el impacto que tendrá en las familias migrantes. "Aunque apoyamos políticas de inmigración sensatas, también debemos defender la Constitución de Estados Unidos. Cualquier intento de socavar el derecho de nacimiento constitucionalmente protegido de los nacidos en este país es una afrenta tanto a nuestras leyes como a la decencia humana", indicó su presidente, Roman Palomares, en un comunicado.
"Con esta orden ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos intenta una vez más violar los derechos civiles de los ciudadanos estadounidenses y de sus familiares inmigrantes", dijo Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC.
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Voto Latino se sumó a las condenas: admitió que "no hay duda" que hay que modernizar el sistema migratorio, pero consideró que la decisión del nuevo presidente "no está a la altura de lo que demanda el momento".
"Especialmente en un momento en que las tasas de natalidad mundiales están disminuyendo, deberíamos celebrar y acoger a todos los niños nacidos en suelo estadounidense. Durante más de dos siglos, los inmigrantes -independientemente de su estatus- y sus hijos han renovado nuestra nación a través de la valentía, el trabajo duro y la innovación, convirtiéndonos en la envidia del mundo", declaró María Teresa Kumar, cofundadora y presidenta de Voto Latino en una declaración.
La disputa judicial
Los fiscales generales de 22 estados demócratas, entre ellos California y Nueva York, presentaron el martes demandas para bloquear la orden ejecutiva de Trump, que se sumaron a la interpuesta un día antes por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) al considerar que la medida es inconstitucional.
"La orden ejecutiva del Presidente que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y, sinceramente, antiestadounidense", dijo el fiscal general de California, Rob Bonta. "Le estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de forma inmediata esta orden para que no entre en vigencia, y que garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden mientras dura el litigio", sostuvo.
"El presidente no puede, de un plumazo, anular la 14ª Enmienda, y punto", consideró por su parte el fiscal general de Nueva Jersey, Matt Platkin.
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La Casa Blanca dijo que está preparada para enfrentar a los estados en los tribunales y consideró que las demandas representan "una extensión de la resistencia de la izquierda". "Los izquierdistas radicales pueden elegir nadar contra la corriente y rechazar la abrumadora voluntad del pueblo, o pueden subirse a bordo y trabajar con el presidente Trump", dijo el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Harrison Fields, según la agencia AP.
Qué dicen los especialistas
Los especialistas advierten que un presidente no tiene potestad para modificar la Constitución por decreto, por eso muchos creen que el caso llegará hasta la Corte Suprema, que cuenta con mayoría conservadora gracias a las designaciones que hizo Trump durante su primer mandato.
"Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales", señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, a la BBC. "Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta", añadió.
Por su parte, la profesora de derecho Amanda Frost, de la Universidad de Virginia, dijo no cree "que sea inconcebible" que el máximo tribunal mantenga la orden ejecutiva en pie. "Las cosas están cambiando", aseguró a The New York Times.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitaría dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados.
El argumento de Trump y los miembros de línea dura es que, en medio del fuerte crecimiento de la población migrante en el país, los recién llegados y sus hijos aprovechan recursos que de otra forma serían para la población ya establecida.
Por eso, la directora ejecutiva de la organización America’s Voice, Vanessa Cárdenas, consideró que, más allá de la definición de la Corte, la estrategia de Trump consiste en instalar miedo. “La gente no va a querer intentarlo. Mucha gente se va a autodeportar. Incluso personas con hijos que son ciudadanos va a tener temor de ejercer sus derechos en escuelas o en hospitales. Porque el punto es desalentar desde ahora mismo tanto la llegada como el ejercicio de los derechos de quienes ya están en el país", apuntó a la cadena CNN.