La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó un importante triunfo al gobierno de Donald Trump. Lo hizo este viernes, al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones del gobierno que los magistrados inferiores consideren ilegales.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas, con la latina Sonia Sotomoyor a la cabeza), la Corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores "probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales".
El máximo tribunal no se pronunció sobre si el decreto de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no. Los tres jueces liberales, en desacuerdo con la postura mayoritaria, dijeron que la directiva del presidente es claramente ilegal.
"La decisión de la Corte de permitir que el Ejecutivo viole la Constitución con respecto a cualquier persona que aún no haya demandado es una amenaza existencial al Estado de derecho", escribió la jueza Ketanji Brown Jackson en una disidencia.
Además de Brown Jackson, las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan votaron en contra.
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La jueza de origen latino Sonia Sotomayor fue una de las tres que votaron en contra. Brown Jackson y Elena Kagan, los otros dos.
Si bien el fallo del tribunal parece ser una gran victoria para Trump, incluye una advertencia importante: el tribunal dejó abierta la posibilidad de alivio a nivel nacional en las demandas presentadas por los gobiernos estatales.
La decisión, pese a esos matices, representa una victoria para la Casa Blanca. "La orden judicial universal fue notablemente inexistente durante la mayor parte de la historia de nuestra nación", escribió la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria.
Así, la Corte Suprema redujo drásticamente el poder de los jueces individuales de los tribunales de distrito para emitir mandatos cautelares que bloqueen las políticas del gobierno federal a nivel nacional.
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Por seis a tres, la mayoría conservadora de la Corte Suprema le concedió una importante victoria a Trump
EFE
El origen del fallo de la Corte Suprema
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Donald Trump eliminaba la ciudadanía por nacimiento, históricamente garantizado por la 14 Enmienda de la Constitución. Los intentos del presidente de negar ese derecho a los hijos de migrantes en situación irregular o con residencia temporal fueron rápidamente impugnados y frenados por diversos tribunales. Ante esto, Trump recurrió a la Corte Suprema. Y la resolución final es clara: un juez no puede bloquear a nivel nacional una decisión del presidente, según el reciente fallo.
"La ciudadanía por nacimiento no fue concebida para que los que se van de vacaciones se conviertan en ciudadanos permanentes de Estados Unidos y para que traigan a sus familias con ellos, ¡todo el tiempo riéndose de lo 'tontos' que somos!", había escrito Trump en su red Truth Social.
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Protesta frente a la Corte Suprema
AFP
El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana. "Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen", reza la ley, ratificada en 1868, cuando Estados Unidos intentaba recomponerse tras la guerra Civil.
Según la orden de Trump, que hace una interpretación distinta de la ley a la que se hizo durante tantos años, los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Por eso, excluye a las siguientes personas de la ciudadanía automática: aquellas cuyas madres no estaban legalmente en EEUU y cuyos padres no eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, y las personas cuyas madres estaban en el país legalmente, pero de forma temporal y cuyos padres no eran ciudadanos o residentes permanentes legales.
Por qué Trump recurrió a la Corte Suprema
El decreto firmado por Trump en el marco de su política anti-inmigrantes fue frenado por tres jueces federales en Maryland, Massachusetts y Washington, que lo consideraron inconstitucional. El gobierno argumentó que estos magistrados no tenían poder para emitir estas medidas a escala nacional y por eso recurrió a la Corte Suprema, donde seis de sus nueve integrantes son conservadores.
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Los seis que terminaron dándole la razón a Trump. El pedido fue que restrinja la aplicación de la orden judicial a las partes que presentaron el caso y al distrito donde preside el juez.
En tanto, las organizaciones que presentaron los recursos consideran que en un tema como la ciudadanía por nacimiento es necesario contar con una orden judicial a escala nacional porque es clave que haya uniformidad en un derecho tan fundamental.
Esto se da además en medio de los intentos de la Casa Blanca de bloquear una serie de medidas cautelares contra varias órdenes del mandatario, que ha acusado a los jueces de orquestar un "golpe judicial" en su contra y de querer "asumir los poderes de la presidencia, sin tener que alcanzar los 80 millones de votos" en las urnas.
