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AFP
Contexto
¿Qué establece la orden ejecutiva firmada por Trump?
La orden obliga a que el formulario federal de registro de votantes sea modificado para requerir documentos que prueben la ciudadanía, como pasaportes o identificaciones gubernamentales específicas. También prohíbe el uso de equipos de votación con códigos de barra o QR, impone que todas las boletas deben recibirse el día de la elección y ordena revisar los padrones estatales en busca de votantes no habilitados. Los cambios implicarían a su vez que los estados deben comprar nuevos equipos de votación, lo que implica un costo significativo. El decreto amenaza además con recortar el financiamiento federal a los estados que no cumplan con estas disposiciones.
¿Qué dice actualmente la ley federal sobre la ciudadanía para votar?
La legislación vigente exige que quienes se registren para votar juren bajo pena de perjurio que son ciudadanos y están habilitados. Sin embargo, los tribunales han bloqueado intentos de algunos estados de exigir documentos físicos que acrediten la ciudadanía para elecciones federales.
¿Qué tipos de documentos se aceptan según la orden de Trump?
La orden permite pasaportes, identificaciones militares y documentos como el REAL ID, aunque muchos de estos no prueban necesariamente la ciudadanía. Curiosamente, no incluye el certificado de nacimiento, que es uno de los documentos más accesibles y utilizados para este fin.
¿Cuántos estadounidenses podrían verse afectados?
Según el Departamento de Estado, solo la mitad de los ciudadanos tenía pasaporte en el último año. Dado que no se acepta el certificado de nacimiento y muchas identificaciones no demuestran ciudadanía, la medida podría dejar sin acceso al voto a millones de personas. Un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos reveló que alrededor del 9% de la población en edad de votar, o sea, unos 21,3 millones de personas, no disponen fácilmente de una prueba de ciudadanía. A la vez, las mujeres casadas que cambiaron su apellido podrían enfrentar problemas a la hora de registrarse, porque en sus certificados de nacimiento figuran con su nombre de solteras. Esto ocurrió ya en elecciones locales recientes en New Hampshire, que cuenta con una nueva ley que obliga a demostrar ciudadanía, apuntó la agencia AP.
¿Cuál es la justificación del presidente?
Trump argumenta que la medida busca impedir que personas no ciudadanas voten. Durante la campaña, el republicano acusó al gobierno de Joe Biden de permitir el ingreso masivo de inmigrantes indocumentados al país para conseguir más votos para los demócratas. Sin embargo, los expertos señalan que no existe evidencia sustancial de que el voto de no ciudadanos sea un problema sistemático. Además, votar sin ser ciudadano es un delito grave que genera registros fáciles de rastrear y es castigado con multas, prisión o deportación. El debate sobre los requisitos de identificación para votar cobró fuerza a nivel nacional tras las elecciones presidenciales de 2020, donde se promovieron acusaciones infundadas de fraude electoral por parte de Trump y sus partidarios.
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¿Qué dicen los expertos legales sobre la legalidad de esta orden?
Los especialistas sostienen que el presidente carece de autoridad legal para hacer estos cambios y anticipan posibles recursos para frenarlos. "Mucho de esto es ilegal", consideró Sean Morales-Doyle, del Brennan Center for Justice. La Constitución delega a los estados y al Congreso la regulación de las elecciones, y el presidente no tiene control directo sobre organismos como la Comisión de Asistencia Electoral. "El presidente no tiene casi ningún poder sobre las elecciones federales", apuntó Justin Levitt, de Loyola Law School, a la cadena NBC News.
¿Qué otras propuestas similares están en discusión?
En el Congreso, legisladores republicanos presentaron el proyecto SAVE Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía, incluyendo certificados de nacimiento. No obstante, defensores del derecho al voto advierten que esto también excluiría a votantes legítimos sin acceso inmediato a estos documentos.
Cómo sigue
La orden ejecutiva está destinada a enfrentar una serie de desafíos legales inmediatos. Dado que varios tribunales ya han bloqueado medidas similares por parte de los estados, se espera que las disposiciones de Trump enfrenten demandas por su posible inconstitucionalidad. Además, la imposición de cambios tecnológicos y logísticos - como la prohibición de ciertos equipos o la revisión de padrones por agencias federales- podría generar resistencias por parte de los estados, tanto por su elevado costo como por posibles conflictos de competencias.
