Nueve meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y lo trasladaran a Nueva York para juzgarlo por narcotráfico, Venezuela atraviesa un periodo en el que la represión ha perdido intensidad. Bajo la tutela de Washington, la administración de Delcy Rodríguez —quien permanece al mando como presidenta encargada— ha impulsado excarcelaciones, una ley de amnistía y el desbloqueo parcial de medios, medidas que han generado un clima menos asfixiante, según constatan Human Rights Watch y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Pero ambas organizaciones advierten que los avances son frágiles y que las estructuras represivas del Estado siguen intactas.
Human Rights Watch estuvo vetada de Venezuela desde 2008, cuando el entonces presidente Hugo Chávez, enfurecido por un informe que denunciaba violaciones de derechos humanos, expulsó del país a José Manuel Vivanco, su director en ese momento. En esta ocasión, el equipo de la organización —liderado por su subdirector Federico Borello — logró entrevistarse con Delcy Rodríguez, otros funcionarios del gobierno, organizaciones de derechos humanos, miembros de la oposición, periodistas, familiares de presos políticos y diplomáticos extranjeros.
Federico Borello, subdirector global de HRW, con Delcy Rodríguez
AFP
“Hay una pausa, una especie de tregua, pero el aparato del Estado responsable de los abusos sigue intacto”, dijo Federico Borello en un encuentro con periodistas. Añadió que “el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez ha puesto en pausa las formas más evidentes de represión en Venezuela”. Y recalcó: “En este frágil momento político, estos avances solo serán sostenibles con reformas institucionales sólidas y la liberación de todos los presos políticos”.
Si bien la Ley de Amnistía y las excarcelaciones permitieron que cientos de detenidos recuperaran la libertad, la ONG Foro Penal advierte que aún permanecen 344 presos políticos tras las rejas, mientras muchos otros siguen bajo arresto domiciliario o enfrentan restricciones a su libertad.
“Las acciones que hemos visto son parciales. Se liberan algunos presos, pero no a todos o se les da medidas cautelares; se desbloquean algunos medios, pero no a todos”, comentó Borello.
En un comunicado Human Right Watch señaló que "las autoridades venezolanas deben liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente".
Familiares de presos políticos afirmaron que algunos detenidos siguen sufriendo malos tratos tras las rejas, en particular en la cárcel Rodeo I, en Caracas. "Human Rights Watch ha documentado casos de tortura y condiciones de detención inhumanas en Rodeo I. El cierre de Rodeo I enviaría una señal contundente de que las autoridades tienen la intención de romper con el brutal legado de prácticas de detención abusivas", señala la organización.
Añadió que las autoridades venezolanas deberían modificar o derogar las leyes que han facilitado violaciones de derechos humanos, incluidas las normas contra el terrorismo y contra el odio, así como aquellas que restringen el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación.
Al analizar el entorno electoral y las condiciones para que el país pueda elegir a su presidente, Federico Borello señaló: “Los venezolanos merecen participar en elecciones oportunas, libres y justas”. Agregó: “Para ello es urgente permitir que los opositores políticos participen en el proceso y se postulen para cargos públicos”.
Misión de la ONU
En coincidencia con el enfoque de Human Rights Watch, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela indicó en su último informe que, pese a las mejoras limitadas en la situación de los derechos humanos, “las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas”.
“La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles,” declaró Sofía Macher, presidenta de la Misión.
“Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de derechos humanos, no avances tentativos e incompletos.”
Al menos 19 funcionarios previamente identificados por la Misión por su participación en graves violaciones continúan ocupando —o han sido reasignados a— puestos clave, mientras la impunidad por los abusos y los crímenes del pasado persiste.
La Misión investigó 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero, cuando fue derrocado Maduro, lo que confirma que estas prácticas siguen siendo generalizadas. También identificó un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil.
“Estados Unidos y otros actores influyentes deben intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos en Venezuela, asegurándose al mismo tiempo de que sus políticas y acciones no contribuyan a violaciones de derechos humanos ni faciliten la comisión de crímenes internacionales,” añadió Alex Neve miembro del equipo de la Misión.
