El informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, documenta un patrón de impunidad tras el ciclo electoral 2024–2025. La investigación abarca asesinatos durante las protestas, muertes bajo custodia, detenciones masivas, incomunicación prolongada, torturas y violencia sexual en centros de detención, muchas de ellas dirigidas contra mujeres jóvenes y adolescentes.
Responsabilidad policial
“Ante las protestas populares por los resultados de las elecciones presidenciales, que nunca fueron publicados, como exige la ley venezolana, el Gobierno activó los métodos más duros de su maquinaria represiva”, afirmó Marta Valiñas. Agregó que, tras los comicios, al menos 25 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones.
El Estado venezolano ha atribuido las muertes a supuestos activistas opositores, a criminales contratados o a bandas delincuenciales, exculpando a los cuerpos de seguridad. Sin embargo, la investigación de la Misión no encontró indicios que vinculen a la oposición con los asesinatos de manifestantes.
Por el contrario, el informe sostiene que existen motivos razonables para creer que agentes estatales estuvieron involucrados en varios de los incidentes mortales. De las 25 muertes documentadas, la Misión logró investigar 14 casos, y en 12 de ellos concluyó que hubo participación directa de miembros de cuerpos de seguridad.
Protesta de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela. AFP
Protesta de opositores al gobierno de Nicolás Maduro, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela.
AFP
“A más de un año de estos sucesos, el Estado no ha vuelto a informar sobre el desarrollo o las conclusiones de las investigaciones penales que dijo haber iniciado. Todos estos hechos permanecen en la impunidad”, dijo Valiñas.
Además la Misión documentó cinco fallecimientos adicionales de personas detenidas en el contexto de la crisis electoral de 2024. En tres de esos casos, las víctimas murieron por falta de acceso oportuno y efectivo a atención médica, lo que constituye, según el informe, una privación arbitraria de la vida atribuible directamente al Estado. En todos ellos, las personas habían sido sometidas previamente a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Misión subraya que los responsables de los centros de detención, junto con el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Defensa Pública, fueron informados de manera oportuna y reiterada sobre los padecimientos y antecedentes médicos de las víctimas. Sin embargo, ninguna de estas instituciones actuó con la debida diligencia para salvaguardar sus vidas.
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Detenciones masivas
La Misión advierte que la represión, que comenzó en 2024, se prolongó a lo largo de 2025, adaptándose a los momentos de mayor tensión política. Durante la toma de posesión presidencial en enero y las elecciones regionales y parlamentarias de mayo, el Gobierno realizó detenciones masivas bajo el argumento de supuestas conspiraciones nacionales e internacionales contra el régimen.
Según cifras del Ministerio Público, más de 2.220 personas fueron detenidas en el marco de las protestas postelectorales y de la llamada Operación Tum-Tum. Aunque 2.006 de ellas fueron excarceladas hacia marzo de este año, continúan enfrentando procesos penales por cargos como terrorismo e incitación al odio.
La Misión señala que muchos de estos expedientes fueron armados de forma acelerada, en un contexto de saturación de los centros transitorios de detención, lo que refuerza la hipótesis de una persecución judicial sin garantías mínimas.
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Catálogo del horror
La Misión ha seguido documentando casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros de detención venezolanos. Entre los métodos registrados figuran amenazas, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas en distintas partes del cuerpo, incluidos los genitales, y asfixia con bolsas plásticas. Estas prácticas se aplicaron durante interrogatorios o como castigo por la afiliación política de los detenidos, ya fuera real o atribuida por los agentes.
Además, el informe detalla otras formas de castigo que también constituyen tortura, como el encierro en celdas de aislamiento de apenas un metro cuadrado, y la suspensión de los detenidos por las muñecas mientras eran golpeados.
La investigación documenta casos de violencia sexual y basada en género tanto contra personas detenidas como contra sus familiares durante visitas carcelarias. La mayoría de las víctimas han sido mujeres jóvenes y niñas adolescentes, aunque también se registraron casos que afectaron a hombres y personas de la población LGBT.
olicías en motocicleta salen del centro de detención en Boleíta, a donde fueron llevadas algunas personas detenidas en las recientes protestas, en Caracas, Venezuela, el 1 de agosto del 2024. AP
“Entre los actos documentados figuran sexo transaccional coercitivo, requisas invasivas con desnudez forzada y actos que podrían constituir prostitución forzada. En los centros de detención transitorio, niñas adolescentes fueron víctimas de continuos actos de violencia sexual, a cambio incluso de productos de limpieza para mantener una mínima salubridad en el lugar de reclusión”, señaló Valiñas.
Agregó que “el acceso a alimentos que traían sus familias o a llamadas telefónicas también estaban sujetos a actos sexuales coercitivos. Las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de estos actos después de su excarcelación, mientras que los autores continúan en sus puestos con total impunidad”.
El informe documenta casos de detenciones extorsivas en los que cuerpos de seguridad exigieron pagos para evitar el arresto o liberar a personas ya detenidas. Además, se reportaron detenciones de familiares de opositores, reales o percibidos, como mecanismo de represalia, dirigido a ejercer presión sobre quienes eran considerados los verdaderos objetivos políticos del Estado.
De acuerdo con la ONG Foro Penal, en las cárceles venezolanas permanecen 823 presos políticos, entre ellos 101 mujeres, 89 personas de nacionalidad extranjera y 42 cuyo paradero se desconoce.
Libertad-de-prensa-en-Venezuela.-EFE
EFE
Leyes para silenciar
Entre agosto de 2024 y agosto de 2025, la Misión documentó 18 detenciones de periodistas en el ejercicio de su labor, por su vinculación, real o atribuida, con la oposición. A la fecha del informe, 11 comunicadores permanecen encarcelados. En paralelo, la ONG Espacio Público registró 144 ataques a la libertad de expresión entre enero y junio de 2025, incluidos 44 incidentes en entornos digitales, lo que evidencia un patrón sostenido de restricciones al espacio informativo.
En paralelo la entrada en vigor de la Ley de Fiscalización de ONG en noviembre de 2024 ha consolidado un mecanismo de control político sobre las organizaciones de la sociedad civil, mediante registros obligatorios, sanciones desproporcionadas y atribuciones discrecionales del Estado.
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AFP
A este marco se suman leyes de alcance ambiguo y potencial represivo, como la Ley Constitucional contra el Bloqueo Imperialista, que prevé sanciones extremas —incluidas penas de prisión de hasta 30 años— y podría usarse para perseguir a entidades que colaboran con organismos internacionales.
Aunque aún no ha sido aplicada, autoridades han instado públicamente a su implementación. También preocupa a la Misión el proyecto de Ley Contra el Fascismo, cuya redacción imprecisa podría criminalizar informes de derechos humanos y desalentar la participación de organizaciones en espacios multilaterales, afectando el flujo de información independiente.
