El enfrentamiento entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos escaló esta semana con un gesto diplomático de alto voltaje: la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, declaró persona non grata al comisionado Volker Türk, acusándolo de ignorar los abusos contra migrantes venezolanos en Estados Unidos y El Salvador.
La decisión se aprobó después de que la ONU publicara un informe demoledor sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, que documenta torturas, desapariciones forzadas y represión política.
Dos días antes de la votación en la Asamblea Nacional, Maduro acusó públicamente a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU de estar "politizada, parcializada, secuestrada y maniatada" por su titular, Volker Türk, a quien señaló de actuar en favor de los intereses de Washington y de las élites europeas "contra los países del Sur Global e independientes".
Maduro también anticipó el argumento que luego adoptaría la Asamblea Nacional al acusar a Türk de ignorar los derechos de los migrantes venezolanos. "Ha llegado al colmo de ignorar el secuestro de los 252 venezolanos y de 18 niños y niñas; e ignora la persecución de millares de migrantes en Estados Unidos", afirmó el mandatario en su programa televisivo.
Durante el debate en la Asamblea Nacional, su presidente, Jorge Rodríguez, alzó una fotografía de Türk y lo calificó de "basura" y "sátrapa". Lo acusó, además, de hacer "la vista gorda ante crímenes atroces", en alusión a la presunta vulneración de los derechos de migrantes venezolanos.
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Jorge Rodríguez con la foto de Volker Türk
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Una mínima representación
La presencia de la Oficina del Alto Comisionado en Venezuela atraviesa una situación de congelamiento de facto. En febrero de 2024, el gobierno suspendió el acuerdo de cooperación con Naciones Unidas y pidió la salida del personal internacional. Aunque en noviembre de ese año anunció su disposición a restablecer el vínculo bajo los términos previos, solo un funcionario del equipo permanece en Caracas, mientras el resto opera de forma remota.
El informe del Alto Comisionado, publicado el pasado 27 de junio, afirma que a pesar de múltiples solicitudes formales y promesas reiteradas por parte de las autoridades, Venezuela no ha emitido nuevas visas que permitan el regreso del equipo al país.
"La Oficina del Alto Comisionado mantiene su compromiso de continuar cooperando con Venezuela sobre la base de un marco claro. Lamentablemente, la cooperación por parte del Gobierno sigue paralizada y aún no se ha acordado un nuevo marco para sus operaciones en el país", dice el informe.
Está por verse si la decisión de declarar persona non grata al Alto Comisionado tendrá consecuencias sobre el único funcionario que representa a su oficina en Venezuela. No se ha informado oficialmente si ese representante será invitado a abandonar el país y si Maduro está dispuesto a dejar sin efecto el memorando de entendimiento para cooperación y asistencia técnica entre la Oficina del Alto Comisionado y el gobierno de Venezuela.
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Un informe demoledor
El informe del Alto Comisionado, presentado ante el Consejo en Ginebra, advierte sobre un "deterioro alarmante" de las libertades fundamentales en Venezuela. El documento, que abarca el período entre mayo de 2024 y abril de 2025, denuncia detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, represión poselectoral y restricciones crecientes al espacio cívico.
En su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos, Türk denunció que, en los meses previos a las elecciones parlamentarias y de gobernadores de mayo de este año, las autoridades venezolanas detuvieron a cerca de 70 personas, entre ellas, dirigentes opositores, defensores de derechos humanos y 17 ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones de pertenecer a un grupo terrorista.
Agregó que la legislación antiterrorista venezolana, así como su aplicación, "contradicen las normas y el derecho internacional". Según Türk, la mayoría de las personas detenidas por delitos de terrorismo enfrentan procesos judiciales que no cumplen con los estándares internacionales.
Tras los comicios presidenciales de julio de 2024, el informe del Alto Comisionado identificó al menos 28 casos de desaparición forzada, entre ellos 12 ciudadanos extranjeros que, según la ONU, no han tenido acceso a asistencia consular. Además, se documentaron 32 casos de tortura y malos tratos en centros de detención, 15 de ellos con víctimas adolescentes.
De acuerdo con el documento, las condiciones de detención son inhumanas. Los detenidos tienen un acceso limitado a atención médica, alimentos y agua potable, y algunos fueron aislados luego de denunciar públicamente esta situación.
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Antes de concluir su intervención, Türk reclamó la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela. Mencionó de forma explícita a defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres, cuyas detenciones han sido denunciadas reiteradamente por organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales.
Türk también exigió el fin de las desapariciones forzadas y solicitó que se garantice asistencia consular a los ciudadanos extranjeros detenidos en el país. Asimismo, instó al Estado venezolano a derogar la legislación que, en su opinión, restringe de manera indebida el espacio cívico y democrático.
La reacción del fiscal
Tras la divulgación del informe, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, exhortó a la Asamblea Nacional a "abrir un debate público sobre la permanencia de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, foro que ha sido desnaturalizado y usado como instrumento de persecución política, en abierta violación del principio de autodeterminación de los pueblos".
En un comunicado oficial afirmó que "al presentar como víctimas a varios sujetos convictos y confesos en su narrativa criminal, Türk tergiversa la realidad jurídica venezolana. Todos están legalmente privados de libertad, con respeto al debido proceso, por delitos como conspiración, traición a la patria, terrorismo y legitimación de capitales".
Agregó que la Oficina del Alto Comisionado se ha convertido en el "bufete privado de terroristas y mercenarios nacionales y extranjeros, procesados por intentar bañar de sangre a Venezuela".
