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El informe señala que el fiscal general, Tarek William Saab, declaró en distintas ocasiones que las muertes fueron ocasionadas por “manifestantes violentos” y sectores de la oposición. No obstante, Human Right Watch destaca que “las evidencias vinculan a las fuerzas de seguridad, en algunos asesinatos, y en otros los responsables parecen ser los grupos armados partidarios del gobierno conocidos como colectivos”.
Desde noviembre de 2023, al menos 285 personas vinculadas a partidos opositores fueron detenidas, de las cuales 185 permanecían en prisión para abril de 2025. Desde noviembre de 2023, al menos 285 personas vinculadas a partidos opositores fueron detenidas, de las cuales 185 permanecían en prisión para abril de 2025.
Desapariciones forzadas
Desde las elecciones presidenciales, más de 2.000 personas han sido detenidas. Mientras que Maduro y el fiscal general han justificado las detenciones señalando que los arrestados participaron en hechos violentos y terrorismo, Human Rights Watch ha documentado casos de personas detenidas arbitrariamente por ejercer derechos como protestar, criticar al gobierno o formar parte de la oposición política.
En la mayoría de los casos documentados, las fuerzas de seguridad detuvieron a personas sin presentar una orden de detención. En varios incidentes, los arrestos fueron ejecutados por hombres encapuchados que no se identificaron como agentes oficiales. Las familias, en muchos casos, descubrieron las detenciones a través de testigos, conocidos vinculados a las fuerzas de seguridad o denuncias anónimas.
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Familiares se juntan a protestar a fuera de la cárcel de Venezuela donde falleció un detenido
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“Durante días o semanas, los familiares buscaron a sus seres queridos desaparecidos en varios centros de detención e incluso en morgues. A menudo, el paradero de los detenidos solo se pudo confirmar por información transmitida por otros detenidos o porque los funcionarios de las prisiones recibían las pertenencias personales que las familias llevaban a los detenidos”, dice el informe.
Juicios irregulares
Los detenidos han sufrido violaciones a su derecho a la defensa. A la mayoría se le ha negado el acceso a un abogado privado. En su lugar, se les ha asignado un defensor público con el que difícilmente pueden comunicarse. Además, se les ha impedido el acceso a sus expedientes judiciales, lo que impide conocer las acusaciones.
Human Rights Watch documentó múltiples casos en los que los detenidos fueron acusados en grupo durante audiencias virtuales con jueces en Caracas, un procedimiento que impide una evaluación individualizada de los cargos y las pruebas. "Estos procedimientos grupales son inadecuados porque dificultan que jueces, fiscales y defensores públicos evalúen o presenten adecuadamente las pruebas y los argumentos relativos a cada caso”, dice el informe.
Parte de los detenidos han sido liberados, pero aplican condiciones. “Quienes han sido excarcelados, así como sus abogados, han dicho que a muchos les exigieron firmar un documento en el que se comprometían a no revelar información sobre su caso o su detención. En algunos casos, les exigieron grabar un video diciendo que sus derechos habían sido respetados durante la detención”, señala el documento.
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De acuerdo con la ONG venezolana Foro Penal, en el país sigue habiendo 906 presos políticos y se desconoce el paradero de 67.
Modalidades de tortura
Human Rights Watch documentó 12 casos de malos tratos, algunos de los cuales constituyen tortura, incluyendo golpizas, descargas eléctricas, asfixia y aislamiento. Las víctimas eran, en su mayoría, personas críticas o percibidas como opositoras al gobierno. En varios casos, los abusos tenían como objetivo obtener información sobre miembros de la oposición o forzar confesiones sobre su presunta participación en actos violentos.
Basándose en las entrevistas, el informe menciona algunos de los métodos de tortura y malos tratos que sufren parte de los detenidos: los “tigritos” son espacios pequeños, oscuros y hacinados donde los prisioneros permanecen aislados en condiciones insalubres.
“La cama de Adolfo” es como se conoce a un cuarto diminuto donde los prisioneros permanecen agachados en completa oscuridad. El “mata chivo” es un golpe en la nuca que deja inconsciente a la víctima. Al catálogo se añaden asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, puñetazos y patadas.
El informe destaca que la ONG venezolana Provea “documentó 2.224 víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2024, incluyendo golpizas, falta de atención médica y privación de alimentos”.
El informe considera que los esfuerzos internacionales deben centrarse en desmontar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que recompensa a las fuerzas represivas mientras castiga y expulsa a opositores y críticos. El informe considera que los esfuerzos internacionales deben centrarse en desmontar el sistema de incentivos del régimen de Maduro, que recompensa a las fuerzas represivas mientras castiga y expulsa a opositores y críticos.
Partidos políticos y extranjeros
Desde noviembre de 2023, al menos 285 personas vinculadas a partidos opositores fueron detenidas, de las cuales 185 permanecían en prisión para abril de 2025. Aunque la mayoría de los arrestados pertenecía a Vente Venezuela, la organización de la líder María Corina Machado, miembros de otros partidos como Primero Justicia, Voluntad Popular y COPEI también fueron víctimas de persecución.
Human Rights Watch documentó casos en los que las fuerzas de seguridad, sin presentar órdenes judiciales, detuvieron a opositores políticos y allanaron sus domicilios, confiscando vehículos, computadoras y dinero. En algunos casos, las autoridades negaron haber realizado las detenciones o no proporcionaron información sobre el paradero de los arrestados, lo que equivale a desapariciones forzadas según el derecho internacional.
En enero de 2025, Maduro anunció la detención de más de 150 extranjeros en Venezuela, acusándolos de ser “mercenarios” provenientes de 25 países, incluidos Argentina, Colombia, Estados Unidos y Ucrania. Según el gobierno, todos los detenidos confesaron y estaban cooperando con las autoridades.
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De acuerdo con Foro Penal, al cierre de abril 71 extranjeros permanecen detenidos en las cárceles venezolanas. Human Rights Watch señala que las detenciones han incluido a trabajadores humanitarios, turistas y familiares de venezolanos. Aseguró que muchos fueron sometidos a desaparición forzada tras ser interrogados, mientras que las autoridades han ocultado información sobre sus casos y han negado la asistencia consular.
Las recomendaciones
vRecomienda imponer sanciones individuales y respaldar investigaciones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional para exigir rendición de cuentas. Además, los gobiernos extranjeros deberían ampliar el apoyo a organizaciones de la sociedad civil, periodistas independientes y defensores de derechos humanos, así como reforzar la protección para quienes han tenido que huir del país.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, afirma en una nota de prensa que “los gobiernos extranjeros deberían asegurarse de que cualquier acercamiento con el gobierno de Maduro sea para lograr mejoras verificables en materia de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria”.
