Maduro adelantó que la reforma tendrá entre sus objetivos principales incluir “expresa, tácita y ampliamente al poder comunal” y dejar claro que “Venezuela no tolerará ninguna amenaza fascista, sionista, neofascista o de cualquier característica”. Exigió que estas acciones sean castigadas “de la manera más draconiana que pueda estipularse”.
Mayor centralismo
Según la reforma de la Ley del Poder Popular aprobada en junio de 2024, la comuna es “un espacio socialista” compuesto por “consejos comunales” cuyo registro depende del poder Ejecutivo y, en su mayoría, están controladas por el partido de Gobierno.
La meta de Maduro es conformar 6.000 comunas en los próximos dos años. Hasta ahora el modelo ha consistido en que el Gobierno aprueba recursos y los consejos comunales votan para elegir qué proyecto desarrollar en la comunidad.
Opositores al gobierno de Nicolás Maduro se movilizan luego de las elecciones de 2024, en Caracas - EFE.webp
Opositores al gobierno de Nicolás Maduro se movilizan luego de las elecciones presidenciales, en Caracas, Venezuela.
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Abogados han señalado que la comuna es excluyente porque al ser definida en la ley como socialista deja de lado el principio del pluralismo político. Además, le restan fondos a los alcaldes y gobernadores que son elegidos con el voto de todos los ciudadanos.
La ONG Acceso a la Justicia advierte en un análisis que “el modelo del Poder Popular sustrae competencias a los municipios, y los nuevos órganos del Estado comunal dependen del Ejecutivo nacional, lo que en realidad aleja el poder del ciudadano y centraliza aún más al país”.
Añade que la idea es “fortalecer la instauración de organizaciones del Poder Popular que actúan bajo la rectoría del Poder Ejecutivo, de quien depende incluso el otorgamiento del registro que permite su funcionamiento”.
Un proyecto para blindar al madurismo
Recientemente, el chavismo aprobó la Ley Simón Bolívar, que castiga con inhabilitaciones de hasta 60 años a dirigentes políticos que apoyen sanciones contra el país o desconozcan a las autoridades.
A esto se agrega la petición de Nicolás Maduro de que el proyecto de reforma constitucional imponga penas draconianas al fascismo, término que utiliza para describir a la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática que en las elecciones del pasado 28 de julio llamó a votar por Edmundo González Urrutia.
"La idea es que no quede ningún espacio por donde se pueda filtrar la voz opositora” "La idea es que no quede ningún espacio por donde se pueda filtrar la voz opositora”
Según las actas en poder de la Plataforma, González Urrutia resultó vencedor por un amplio margen y el Centro Carter señaló en su informe final que las elecciones “no cumplieron con estándares internacionales y no pueden ser consideradas como democráticas”.
María Isabel Puerta, profesora de ciencia política en la Universidad de Colorado, considera que “la reforma constitucional es un paso para blindar al madurismo y evitar cualquier posibilidad de que se repita un proceso electoral en el que gane la oposición. La idea es que no quede ningún espacio por donde se pueda filtrar la voz opositora”.
Desde su punto de vista, hay una gran posibilidad de que la reforma constitucional limite “el concepto que tenemos de partidos políticos. Esto llevará a la proscripción de toda la oposición legítima, dejando únicamente a los actores políticos que interesan al madurismo”.
Según la ONG Foro Penal hay 1.194 presos políticos en las cárceles del país. Las detenciones han desmantelado la estructura de Vente Venezuela, el partido comandado por María Corina Machado, la principal líder de la oposición, quien fue inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales y apoyó a Edmundo González.
La Iglesia ha subido el tono. Monseñor González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, señaló el pasado 10 de febrero que “conforme a la terminología usada por especialistas en el tema, el 10 de enero (fecha en la que Maduro se juramentó para un nuevo período) Venezuela pasó de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada con todas las consecuencias que ello lleva consigo”.
El subsecretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Rafael Bitter, también abordó la coyuntura política y afirmó que “en estos momentos no creemos que están dadas las condiciones para emprender un proceso constitucional”.
La oposición dividida
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La opositora venezolana María Corina Machado en marcha en Caracas contra la reelección de Maduro, el 3 de agosto
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En una breve alocución, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, anunció el 19 de febrero que las elecciones de gobernadores y diputados, originalmente programadas para el próximo 27 de abril, se realizarán el 25 de mayo.
Elvis Amoroso afirmó que el cambio obedece a “la solicitud de los diversos actores de la vida democrática del país que han decidido participar en el proceso electoral”.
La nueva fecha no otorga mayor plazo a la oposición, que ha quedado desconcertada tras el llamado a las elecciones y se ha enfrascado en el debate sobre la conveniencia de participar en unos comicios marcados por la desconfianza en el Consejo Nacional Electoral, el cual no ha publicado actas ni ningún aval que respalde la reelección de Maduro.
María Corina Machado, la líder opositora con mayor poder de convocatoria, ha instado a no participar, mientras que otros representantes, como el excandidato presidencial Henrique Capriles, consideran que ceder todas las gobernaciones y la mayoría del Parlamento al madurismo sin luchar por preservar estos espacios no es el camino adecuado.
Un Nuevo Tiempo, el partido de Manuel Rosales actual gobernador del estado Zulia, exhortó a todos los partidos de la Plataforma Unitaria “a que consulten a sus miembros en Venezuela si están o no de acuerdo en participar en las elecciones”.
Andrés Caleca, del Movimiento Progresista de Venezuela, afirmó que “sabemos que corremos riesgos. Pero como hicimos en las elecciones presidenciales, nosotros enfrentaremos a esta dictadura en esta y cualquier elección”.
Al día de hoy, si bien está abierto el debate, todo apunta a que solo partidos minoritarios llamarán a votar en las elecciones de mayo.
https://www.bbc.com/mundo/articles/cw9yv7dl92zo
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, anunció que las elecciones de gobernadores y diputados, programadas para el 27 de abril, se realizarán el 25 de mayo.
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Los problemas de participar
Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, explica en un análisis que aparte de buscar dividir a la oposición el llamado a elecciones de gobernadores y diputados tiene como objetivo “pasar la página” de la elección presidencial.
“Creo que lo que corresponde en esta ocasión es zanjar el problema del 28 de julio antes de plantearse ir a una nueva elección" “Creo que lo que corresponde en esta ocasión es zanjar el problema del 28 de julio antes de plantearse ir a una nueva elección"
En este sentido, señala que quienes están dispuestos a participar en las próximas elecciones enfrentan una incoherencia importante: “Al final del día, parece que hay una enorme contradicción entre decir que no estoy de acuerdo con el resultado del 28 de julio y, por otro lado, querer participar en los próximos procesos electorales sin que medie ningún cambio de reglas ni ningún cambio en el árbitro electoral”.
“Creo que lo que corresponde en esta ocasión es zanjar el problema del 28 de julio antes de plantearse ir a una nueva elección, creo que eso es fundamental” agrega Benigno Alarcón en un podcast elaborado por el Centro de Estudios Políticos.
A manera de conclusión, indica que “lo peor que le puede pasar a los partidos políticos en Venezuela es intentar nadar contra la corriente. Si la mayoría del país decide que no se puede ir a elecciones bajo estas condiciones y hay personas que deciden participar de todos modos, obviamente terminarán deslegitimándose a sí mismos”.
María Isabel Puerta no tiene dudas en señalar que “el madurismo está cerrando toda posibilidad de salida a la crisis política que vive el país”.
