Venezuela se adentra en un nuevo ciclo de desequilibrios severos, arrastrada por el declive de los ingresos petroleros, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y un nivel ínfimo de las reservas internacionales. El segundo semestre arranca bajo el signo de una inflación acelerada, una moneda en caída libre y una economía sin mecanismos de estabilización a la vista.
Con el objetivo de suprimir el debate público, el Gobierno ha encarcelado economistas e interrogado a académicos para sembrar el miedo. A pesar del clima de intimidación, presidentes de bancos, empresarios y analistas -que optan por el anonimato- proyectan una inflación superior al 230% para este año, un tipo de cambio oficial que escalaría, en los próximos seis meses, desde los 106 bolívares de hoy hasta los 185 bolívares por dólar, y una contracción anual del PIB de entre 2% y 3%, que devolvería a la economía venezolana al terreno recesivo.
El petróleo provee 90% de los dólares que ingresan a Venezuela y el descenso del barril, combinado con el efecto de las sanciones estadounidenses, se sentirá con mayor intensidad en lo que resta de año. Hace tres semanas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dejó entrever la preocupación del Ejecutivo: "Lo que hemos visto desde diciembre hasta el presente es una caída en los precios del petróleo, y los futurólogos de precios dicen que la tendencia es a la baja", admitió.
El alto el fuego entre Israel e Irán redirigió la atención del mercado hacia las expectativas de un menor crecimiento de la demanda de petróleo por la desaceleración de la economía global y el anuncio de mayor oferta por parte de la OPEP+. Según proyecciones de Citi, el precio del Brent promediará 66 dólares por barril en el tercer trimestre y 63 dólares en el cuarto, muy por debajo del promedio de 80 dólares de 2024.
Al retroceso en el precio del crudo se añade el endurecimiento de las sanciones de Washington, perceptible desde junio tras la suspensión de las licencias que permitían a empresas extranjeras operar en Venezuela. Esta medida obligará al gobierno de Maduro a redirigir sus exportaciones hacia Asia a través de intermediarios, aplicando descuentos cercanos al 30% sobre el precio del barril venezolano.
Tras el cese de actividades de Chevron, Eni, Repsol y Maurel & Prom, la petrolera venezolana Pdvsa asumió el control de los campos que operaban en conjunto. Aunque la vicepresidenta Rodríguez afirmó que la producción no se ha visto afectada, expertos estiman que caerá gradualmente debido a la falta de inversión y a la interrupción del suministro de diluyentes para procesar el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco que, hasta mayo, suministró Chevron.
En el pasado, Irán ha suplido diluyentes para ayudar al gobierno de Maduro a aliviar el efecto de las sanciones de Estados Unidos, pero el impacto económico de la guerra con Israel plantea dudas sobre su capacidad para venir al rescate en el contexto actual.
Según las fuentes secundarias citadas por la OPEP, la producción petrolera de Venezuela promedió 896.000 barriles diarios en mayo, un nivel comparable al registrado en 1945. En contraste, en 1999 -cuando el chavismo asumió el poder- el país producía 3,1 millones de barriles por día.
Menor oferta de dólares
El mercado cambiario tenderá a volverse más opaco y restringido. Con la salida de las empresas petroleras extranjeras que vendían divisas para cumplir con sus obligaciones fiscales en bolívares, la oferta quedará prácticamente en manos del Banco Central de Venezuela que, limitado por las sanciones, solo podrá inyectar al sistema las divisas en efectivo que reciba de Pdvsa y de otras empresas estatales vinculadas a la minería.
Tesoreros de entidades financieras estiman que, debido a la caída del ingreso petrolero, la oferta de divisas se reducirá al menos un 25% en el segundo semestre. En un encuentro con representantes del sector privado celebrado el 4 de junio, Delcy Rodríguez afirmó que "el consumo suntuario no es una prioridad para el pueblo venezolano" y que, en consecuencia, "las divisas deben tener una priorización".
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Un mural refleja la crisis cambiaria en las calles de Caracas
AFP
Un aspecto clave es que, ante la insuficiencia de ingresos para cubrir el gasto público, la administración de Maduro recurre al financiamiento monetario a través de la emisión de dinero por parte del Banco Central. La consecuencia es una expansión de la cantidad de bolívares en circulación que alimenta una demanda de dólares que supera a la oferta.
Esto se traduce en una devaluación sostenida, que a su vez impulsa la inflación. "En los primeros seis meses del año el tipo de cambio oficial se duplicó. Esto afectó las expectativas, encareció los productos importados y produjo una escalada de precios", dice el gerente de una empresa de alimentos.
Dada la insuficiencia de divisas en el mercado oficial, quienes necesitan adquirir más dólares recurren al mercado paralelo, que, tras la ofensiva policial del Gobierno para desarticularlo, opera principalmente a través de criptomonedas en plataformas como Binance, donde el tipo de cambio se ubica alrededor de un 34% por encima de la tasa oficial.
El “dólar paralelo” funciona como referencia para calcular los costos de reposición de una amplia gama de bienes y servicios, lo que amplifica su impacto en la formación de precios y, por tanto, en la aceleración de la inflación.
Las reservas en el piso
El margen de maniobra para enfrentar la crisis cambiaria es muy limitado. Las reservas internacionales, el tanque de dólares que tiene el Banco Central para sostener la oferta de divisas, se ubican en mínimos históricos y en niveles ínfimos respecto a la mayoría de los países de la región.
El Banco Central reporta reservas por 11.186 millones de dólares, pero ese monto incluye derechos especiales de giro -un activo del Fondo Monetario Internacional (FMI) convertible en divisas- y 31 toneladas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra, sobre las que no tiene control.
El FMI y el Banco de Inglaterra no reconocen a Nicolás Maduro como gobernante legítimo, por lo que mantienen bloqueados los recursos bajo su custodia. Como resultado, el monto efectivamente disponible de las reservas internacionales ronda los 3.200 millones de dólares, de los cuales unos 1.200 millones corresponden a divisas líquidas y el resto a barras de oro que, para ser movilizadas, deberán venderse a través de canales no convencionales con el fin de sortear las sanciones.
Las reservas internacionales bajo control del Banco Central de Venezuela son exiguas. Con apenas 3.200 millones de dólares disponibles, representan menos de la mitad de las reservas de Nicaragua (6.981 millones), Honduras (8.700 millones) o Paraguay (10.052 millones), y menos de una cuarta parte frente a países como República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Uruguay o Argentina, que cuentan con reservas significativamente más altas.
