La decisión de Donald Trump de enviar miles de efectivos de la Guardia Nacional y marines a Los Ángeles para contener las protestas contra las redadas migratorias no solo lo enfrentó con el gobernador de California, Gavin Newsom, sino que fue muy cuestionada por expertos y defensores de los derechos civiles, que la consideran un "abuso de poder". El gobierno del republicano avanzó ahora con otra medida polémica, al ampliar la militarización de la frontera con México para frenar la llegada de migrantes.
El Departamento de Defensa tiene previsto crear otras dos zonas militares en la frontera suroeste, con lo que en total habría cuatro de las llamadas áreas de defensa nacional, después de las anunciadas en abril y mayo pasados. Una será establecida en Arizona y será parte de la Base Aérea del Cuerpo de los Marines en Yuma, mientras que la otra, ubicada en el sur de Texas, estará asociada a la Base Conjunta de San Antonio, revelaron fuentes del Pentágono a The New York Times.
"La nueva jurisdicción del Departamento de Defensa sobre estos tramos de tierra y río aumentará la autoridad del Departamento para proteger la frontera sur de Estados Unidos de los ingresos ilegales y para mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de Estados Unidos", señaló un funcionario del Pentágono a The Hill, que dijo que la decisión de crear estas nuevas zonas surge de una orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
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Pete Hegseth en una visita a la zona fronteriza con México en febrero
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En estas zonas, el personal militar está autorizado a detener a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hasta que son transferidos a autoridades civiles del Departamento de Seguridad Interior. Las primeras dos áreas de defensa nacional, ambas colindantes con el estado mexicano de Chihuaha, fueron creadas en abril y mayo pasados en Nuevo México y Texas, y convertidas también de facto en parte de bases militares ya existentes, pese a que en algunos casos estén ubicadas a kilómetros de distancia.
Estas secciones "mejorarán nuestra capacidad para detectar, interceptar y procesar a los inmigrantes ilegales, bandas criminales y terroristas como los que pudieron invadir nuestro país sin consecuencias en los últimos cuatro años", justificó en su momento la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Las tropas tienen prohibido por ley llevar adelante actividades contra civiles en Estados Unidos, pero la designación de estas zonas le permite a los soldados llevar adelante estas detenciones porque se considera que ingresaron ilegalmente en instalaciones militares. El Pentágono decidió ahora ampliar esta militarización, incluso cuando los cruces por la frontera se han reducido fuertemente durante el gobierno de Trump.
Los cuestionamientos al uso del Ejército
El despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles sin el consentimiento del gobernador Newsom no tiene antecedentes en el pasado reciente. La última vez que un presidente actuó contra la voluntad del gobierno local fue en 1965, cuando el presidente Lyndon B. Johnson envió fuerzas militares a Alabama para proteger a los activistas por los derechos civiles que marcharon desde Selma a Montgomery.
"Es algo que no pasa habitualmente y que vemos como muy peligroso", dijo Kira Romero-Craft, abogada e investigadora del Brennan Center for Justice, sobre el despliegue militar en Los Ángeles, en una conversación con El Observador USA y otros medios, organizada por Factchequeado.
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Trump desplegó militares en Los Ángeles para contener las protestas
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La especialista consideró que se trata de un "abuso de poder", al igual que el uso de otros poderes de emergencia que ha estado haciendo Trump, como el establecimiento de aranceles o la Ley de Enemigos Extranjeros, que fue utilizada para llevar adelante deportaciones de decenas de migrantes venezolanos a la cárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.
"Lo que vemos ahora es una política basada en odio, no solo contra las comunidades latinas, sino también de musulmanes. Eso ataca las libertades civiles de las personas, el mismo hecho de ver a policías con mascarillas enfrentando a personas (de estas comunidades), sean indocumentados o con permiso", señaló Romero-Craft, que destacó la importancia de recurrir a los canales legales para hacer frente a estas medidas y de recurrir a abogados especializados en temas migratorios ante las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La especialista, a su vez, recordó que la Ley Posse Comitatus prohíbe usar a las fuerzas militares contra civiles, salvo expresa autorización del Congreso. "El uso de tropas federales como fuerza policial puede poner en peligro no sólo la vida de las personas que viven en las comunidades fronterizas, sino también la de las tropas, ya que el personal militar está entrenado para combatir y destruir y no para servir como fuerzas del orden nacionales", dijo en declaraciones a este medio, al recordar que muchas personas cruzan la frontera diariamente por razones comerciales, culturales o familiares.
La Ley Posse Comitatus: vacíos legales y excepciones
La Ley Posse Comitatus es justamente la que el gobierno estaría violando al ordenar a las tropas militares que detengan a los migrantes que cruzan la frontera. Sin embargo, hay algunas excepciones.
Una es la aplicación de la Ley de Insurrección (Insurrection Act), que permite al presidente desplegar fuerzas militares para reprimir una rebelión o insurrección, o frenar la violencia dentro del país en circunstancias extremas. Trump amenazó con invocarla contra las ciudades con gobiernos demócratas durante su campaña de 2024. Y otra es el vacío legal que se genera al aplicar la "doctrina del propósito militar", que permite ir en contra de lo que establece la Ley Posse Comitatus al considerar que los migrantes que ingresan a territorio militar pueden ser detenidos.
Soldados controlan zona fronteriza con México - AP.jpg
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"El caso típico que responde a dicha doctrina es que haya una base del ejército y que alguien acceda ilegalmente a ella", explicó Elizabeth Goitein, directora del Programa Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, a BBC. "Porque en esa situación los militares no pueden limitarse a llamar a la policía y a esperar a que llegue mientras la persona deambula por la base. Necesitan protegerla", aclaró.
La especialista consideró que el gobierno de Trump está usando esa herramienta para justificar la creación de estas áreas de defensa nacional y lograr de ese modo "generar menos resistencia política y legal".
Varios legisladores demócratas se sumaron a los cuestionamientos por la militarización de la frontera. El senador Martin Heinrich, de Nuevo Mexico, expresó sus preocupaciones a Hegseth el mes pasado por la decisión de crear estas áreas de defensa nacional y dijo que la administración Trump podría estar "eludiendo el debido proceso para las personas que, intencionadamente o no, entren en esta nueva zona restringida".
El mes pasado, un juez desestimó los cargos contra 98 inmigrantes indocumentados que fueron detenidos en una de estas zonas en Nueva Mexico al considerar que el gobierno federal no logró demostrar que sabían que estaban ingresando a un área restringida.
