Trump busca prohibir que los estados regulen la Inteligencia Artificial: reacciones de las big tech y gobernadores de EEUU

Según reportó CNN en base a una copia del borrador al que tuvo acceso, la Casa Blanca ordenó a la Fiscal General la creación de un grupo de trabajo para litigios sobre la IA que se encargará de impugnar las leyes estatales y planteará los lineamientos de la política federal más laxa, impulsada por la administración Trump.

Qué implica la medida

En el último año, varios estados han avanzado con sus propias agendas de regulación de IA ante la falta de medidas por parte del gobierno nacional que pusieran un límite al desarrollo de la tecnología.

El rápido avance y expansión de la inteligencia artificial sobre todo tipo de ámbitos de la vida cotidiana la volvieron una herramienta de gran utilidad pero, también, una seria amenaza en casos de uso desregulado. Ya sea por el temor al reemplazo de fuerzas de trabajo, afectaciones sociales, discriminación algorítmica en procesos clave o creación de deepfakes, varios sectores han planteado su inquietud ante la rápida adopción de la tecnología, impulsando, por contra, mayores controles y sanciones en caso de actitudes empresariales irresponsables.

Sin embargo, con este reciente anuncio, las autoridades estatales sufrirán un gran revés ya que no podrán decidir sobre el uso de las tecnologías en sus territorios, quedando sus ciudadanos en una situación de mayor vulnerabilidad, amparados ahora solo por normativas nacionales. Asimismo, se teme que esto facilite que las compañías evadan la rendición de cuentas en caso de que los usuarios se vean perjudicados de alguna manera por los usos de la IA.

Las big tech, ¿las grandes beneficiadas?

Del otro lado de esta grieta están las big tech de Silicon Valley, más conocidas como las principales beneficiadas del anuncio de Trump.

Empresarios como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y David Sacks llevan meses cuestionando las trabas que se imponen a menudo sobre la tecnología y resaltando la necesidad de tomar medias al respecto ya que, en última instancia, no solo se trata de un perjuicio para sus negocios sino también para la economía y la seguridad nacional.

"Es muy difícil predecir [el futuro de la IA]. Lo correcto es observar cómo evoluciona y responder con rapidez a medida que surgen los problemas (...) mediante un ciclo de retroalimentación muy estrecho, observando de algún modo lo que sucede en la vida de las personas y actuando en función de ello", dijo Altman en abril durante una conferencia en Washington DC.

La Casa Blanca, cercana a muchos de los magnates del rubro, a quienes también ayudó con millonarias inversiones, se valió de los argumentos de interés nacional planteados para impulsar su orden ejecutiva, con el foco en "fortalecer el dominio global de Estados Unidos en la IA mediante un marco de política nacional uniforme y mínimamente oneroso".

Inclusive, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, respaldó esta postura y dijo en diálogo con CNBC que "hay estados que quieren regular a estas empresas hasta la médula y, si cometen un error, multarlas con creces", destacando así el correcto accionar del Gobierno.

Intensa oposición

Pese a las explicaciones de la Casa Blanca, muchos políticos y académicos han cargado contra Trump por la medida, acusándolo de priorizar su deseo de posicionarse ante China y de anteponer sus intereses y los de los grandes empresarios tecnológicos por sobre el bien de las personas.

De hecho, esta no sería la primera vez que se plantean críticas a los intentos del Presidente de controlar la industria.

Ya en julio los republicanos habían introducido un proyecto de ley que buscaba impedir la regulación estatal de la IA, que acabó frustrándose por una fuerte falta de apoyo de los legisladores.

Asimismo, a finales de noviembre, cerca de 40 fiscales generales de ambos bandos de todo el país instaron al Congreso a rechazar este tipo de iniciativas y permitirles mantener la potestad para "aplicar las leyes existentes y formular nuevos enfoques" ante los desafíos planteados en los tiempos que corren. A la par, aseguraron estar "mejor equipados para responder a esta tecnología rápidamente cambiante, porque los gobiernos estatales son más ágiles" que las autoridades nacionales.

Por su parte, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos e instituciones educativas también enviaron cartas al órgano legislativo instando a sus miembros a oponerse a los proyectos.

"Estamos en una lucha para determinar quién se beneficiará de la IA: los directores ejecutivos de las grandes tecnológicas o el pueblo estadounidense. No podemos permitirnos pasar la próxima década con las grandes tecnológicas al mando, llevándonos hacia pérdidas masivas de empleos, algoritmos de precios que disparan el costo de vida y centros de datos que elevan las facturas de energía en los hogares", escribió Sacha Haworth, directora ejecutiva de The Tech Oversight Project.

"Extralimitación del Gobierno"

Pese a ser parte del mismo partido, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, es uno de los principales críticos de la postura de Trump sobre IA, incluso considerando su accionar como una "extralimitación" de sus funciones ejecutivas.

En noviembre, el político había escrito en su cuenta de X que "despojar a los estados de la jurisdicción para regular la IA es un subsidio a las grandes tecnológicas e impedirá que los estados se protejan contra la censura en línea del discurso político, las aplicaciones depredadoras dirigidas a menores, las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y las intrusiones en centros de datos que afectan a los recursos energéticos e hídricos".

Asimismo, tan solo el pasado jueves había anunciado un proyecto de ley para el Estado cuyo foco está en la protección de la privacidad, la seguridad y la calidad de vida de sus ciudadanos por medio de una Carta de Derechos de la IA.

Queremos "definir y salvaguardar los derechos de los floridanos, incluyendo la privacidad de datos, los controles parentales, la protección del consumidor" y brindar garantías para los "contribuyentes, los gobiernos locales, los recursos hídricos y los paisajes naturales de Florida", sumó.