El gobierno calcula que unos 75.000 empleados estatales aceptaron el programa de retiros voluntarios, que implica que renuncien a sus puestos a cambio de una indemnización de ocho meses. El plan de Donald Trump y Elon Musk para reducir el gasto federal y achicar considerablemente la plantilla recibió finalmente luz verde de un juez, después de haber estado suspendido temporalmente tras las demandas de sindicatos y legisladores, que lo consideran ilegal.
La decisión del miércoles del juez federal George O'Toole Jr., de Boston, representó una victoria para la administración Trump, que quiere llevar adelante una reforma del gobierno que contempla el desmantelamiento de agencias enteras y el despido de miles de trabajadores. Musk, que lidera el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que impulsa los recortes, dijo esta semana que se enfrentan al poder de una burocracia "no elegida" y Trump habló de "fraudes, abusos y despilfarros", aunque sin ofrecer datos concretos.
"Esto demuestra que el lawfare no prevalecerá sobre la voluntad de 77 millones de estadounidenses que apoyaron al presidente Trump y sus prioridades", celebró la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
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Musk presentó junto a Trump su "plan motosierra" en la Casa Blanca
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Más de dos millones de empleados federales tenían como plazo hasta la medianoche del jueves pasado para aceptar la oferta de "renuncia diferida", que fue suspendida temporalmente por O'Toole para escuchar a las partes. El juez no evaluó la legalidad de la medida, sino que dijo que los sindicatos que representan a los trabajadores estatales, que fueron los que presentaron la demanda, no se vieron afectados directamente por el plan, conocido como "Fork in the Road" (Bifurcación en el camino), por lo que no podían recusarlo.
La reacción de los sindicatos
La federación estadounidense de empleados del gobierno (AFGE), que representa a 800.000 trabajadores y forma parte de los sindicatos que presentaron la demanda, consideró que la sentencia representa un "revés". "Pero no es el final de esa lucha", declaró el presidente nacional de la AFGE, Everett Kelley, en un comunicado.
Kelly hizo hincapié en que el fallo "no abordó la legalidad subyacente del programa". "Seguimos sosteniendo que es ilegal obligar a los ciudadanos estadounidenses que han dedicado sus carreras al servicio público a tomar una decisión, en unos pocos días, sin la información adecuada", recalcó, según consignó la agencia AFP.
Los demandantes, entre los que estaba también la organización Democracy Forward, consideran que la oferta es ilegal en parte porque el Congreso no asignó aún los fondos necesarios para compensar a los trabajadores que aceptaron la oferta.
La Oficina de Administración de Personal (OMB, por sus siglas en inglés) había enviado la semana pasada un mail para presionar a los trabajadores, en el que les advirtió que a continuación se esperaban reestructuraciones o recortes. Por eso, los empleados estatales consideraban que el programa era injusto, porque venía acompañado por la amenaza de futuros despidos.
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La federación estadounidense de empleados del gobierno (AFGE) convocó una protesta en Washington
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Miles de empleados federales sin trabajo: los objetivos de Trump
Mientras el juez deliberaba sobre la demanda presentada por los sindicatos, el gobierno extendió el plazo para sumarse al plan, que finalizó el miércoles por la noche. "A partir de las 19.00 horas, el programa está cerrado", dijo el miércoles McLaurine Pinover, portavoz de la OMB. "Ya no hay ninguna duda: el programa de renuncia diferida era legal y una opción valiosa para los empleados federales", manifestó.
Según la Oficina de Administración de Personal, unos 75.000 empleados aceptaron el plan, que implica que dejarán de trabajar, pero cobrarán su sueldo hasta septiembre. Esto representa alrededor del 4% de los casi dos millones que recibieron la propuesta. El objetivo de la Casa Blanca era que entre un 5% y 10% de los trabajadores se sumaran, según CNN.
El programa de retiros voluntarios era la mayor apuesta para recortar el tamaño del gobierno de Trump, que el martes firmó una orden ejecutiva para que el DOGE emprenda una "reducción de plantilla a gran escala" y limitar las contrataciones a los "puestos esenciales". Se suma además a los miles de despidos o suspensiones que viene emprendiendo la administración desde el mes pasado.
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Una de las agencias más afectadas por el "plan motosierra" fue USAID, que distribuye ayuda humanitaria en todo el mundo, y que Musk prometió eliminar con el argumento de que es "irreparable", además de acusarla de impulsar "causas de izquierda radical en todo el mundo, entre ellas algunas anti-estadounidenses". Se estima que unos 7.000 empleados de USAID en todo el mundo perdieron su trabajo o fueron puestos en licencia administrativa, según The New York Times. El gobierno dijo que quiere reducir su personal de unos 10.000 a unos pocos cientos.
Los trabajadores que se ocupan de implementar los programas federales de diversidad, equidad e inclusión (DEI) también quedaron en la mira. Poco después de asumir, el 20 de enero, la administración Trump ordenó que sean puestos en licencia remunerada, mientras las agencias elaboran los planes para su despido.
El presidente republicano llegó con ánimo revanchista después de haber sido investigado y ordenó el despido de un grupo de fiscales involucrados en los casos por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y exigió los nombres de los agentes del FBI que participaron de la investigación, que también podrían perder su trabajo.
